La ruptura formal de Junts con el Gobierno de coalición que rige los destinos de España pone más presión a un Parlamento cada vez menos operativo. La mayoría de investidura, que no de legislatura, la componían partidos que son rivales directos en sus territorios, PNV-Bildu y Junts-ERC, o en todo el Estado, Podemos-Sumar. El paso del tiempo está dando la razón a quienes pensaban que no era posible gobernar agradando simultáneamente a tantas sensibilidades diferentes.

Si era difícil de entender que Junts pasase por un partido progresista, en tanto en cuanto heredero de un partido nacionalista de derechas, Convergència, lo del PNV, el partido de “Dios y ley vieja”, ya era para nota. Pero los intereses de corto plazo hicieron posible esta extraña amalgama.

Ahora, vista la dificultad para obtener en un Parlamento sin mayorías sus objetivos a corto, la argamasa comienza a ceder, iniciándose una cuenta atrás de final incierto, pues el presidente del Gobierno no parece que vaya a ceder, y la necesaria participación de Vox en una hipotética moción de censura hace muy difícil que Junts o PNV se unan.

Tenemos por delante meses, o casi un par de años si hacemos caso al presidente del Gobierno, de parálisis legislativa y creciente presión en las calles. Para empezar, de los presupuestos nos podemos ir olvidando y la tensión irá aumentando según se acerquen las elecciones municipales, en mayo de 2027. Suerte, para Sánchez, que las elecciones autonómicas vascas y catalanas no tocan, salvo adelanto, hasta 2028, porque de lo contrario el incendio sería mayúsculo.

Los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes son los de 2023, redactados en el último trimestre de 2022. Desde entonces, tenemos una diferente composición del Parlamento -las elecciones fueron en julio de 2023- y, sobre todo, las necesidades del país, lógicamente, han cambiado. Por ejemplo, atrás quedan los fondos europeos y tenemos un clarísimo compromiso con nuestros aliados de la OTAN para incrementar el gasto de Defensa, todo ello sin contar con la financiación singular de Cataluña, aún por concretar, ni contar con la inflación, nada desdeñable en los últimos años.

Si Rubalcaba alertó de los peligros de un gobierno Frankenstein, formado por demasiados partidos, el ministro Pedro Solbes avisaba de lo ingestionable que podría ser abrirse a la proliferación modelos asimétricos de financiación autonómica, convirtiéndose la elaboración de los Presupuestos del Estado en un sudoku. El tiempo, lamentablemente, les ha dado la razón y tenemos atascado tanto el mundo político como el económico.

2026, como 2025 o 2024, seguirá usando los presupuestos aprobados en el 2022, y puede que suceda lo mismo para 2027. Se gobernará mediante decretos ley que difícilmente se convalidarán en el Parlamento, y nos pegaremos otros dos años de inacción legislativa, esperando que la economía siga su inercia positiva gracias al turismo, atraído por nuestro sol, salvo que nos empeñemos en modificar los horarios, y al incremento de la población por el ineficaz control de la inmigración, que da alegrías, pero también genera cada vez más problemas. Con estos mimbres nos sorprende que estamos estancados y que el salario real es el mismo que el de hace 30 años, algo que no ocurre en casi ningún país europeo.

Además de la atonía legislativa, vamos a ir viendo una creciente crispación social que dará lugar a manifestaciones y protestas, e incluso huelgas generales. Lo estamos viendo con Palestina o con las inundaciones de Valencia, y lo veremos por cualquier otra causa, como el precio de la vivienda, para evitar que la derecha llegue de manera cómoda al poder.

El problema actual no es de derecha o de izquierda, es de ausencia de liderazgo real. La mayoría social de la que tanto hablan los políticos la da la suma de los votos a los dos grandes partidos. Cuanto más se alejen del centro unos y otros para canibalizar a los partidos más extremos de sus flancos, peor les va a ir a ellos y peor nos va a ir a todos. Por la polarización y la desunión, vamos a seguir muchos años hundidos en el lodazal. El Gobierno de España no puede depender de minorías a las que no les interesa el bien común.