Acuerdos de no justicia

Hace pocos días asistimos, unas más indignadas que otros, al espectáculo bastante incomprensible que a veces nos ofrecen los llamados “acuerdos de conformidad” que se dan en los procedimientos penales. En este caso les hablo del asunto conocido el proceso de la “Manada de Castelldefels”.

Para ponerles en antecedentes, se trata de un asunto judicial que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Barcelona, por unos hechos ocurridos en 2021 en los que cinco hombres de no más de 30 años estaban acusados de violar en grupo a varias mujeres, todas ellas en condiciones de extrema vulnerabilidad y, al menos una de ellas, con discapacidad intelectual.

Como viene siendo una asquerosa costumbre últimamente, las violaciones, que eran especialmente violentas y degradantes en este caso, venían siendo grabadas por los autores y compartidas para su posterior comentario y “deleite”.

El asunto es tan asqueroso como parece y además, gracias a ese narcisismo desmesurado que llevó a los criminales a documentar sus propias agresiones, no había duda alguna de la autoría de los hechos. Con un escenario tan claro, la Fiscalía solicitaba penas entre los 28 y 54 años de cárcel para los violadores, que sumaban más de 200 años en total.

Sin embargo, el juicio no llegó a celebrarse porque los agresores “pidieron perdón”, reconocieron su culpa y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía que se saldó con penas entre tres años y ocho años la más grave. Hay que decir que para que estos acuerdos tengan efectos, la acusación particular, es decir, las víctimas si están personadas en el juicio, deben también dar su consentimiento a la conformidad. Y así fue el caso en este asunto.

Desgraciadamente, no es la única ni la primera vez que asuntos de violencia sexual muy graves acaban de igual manera. Por ejemplo, en el caso de la red de empresarios de Murcia que se te dedicaban a violar y prostituir a menores de edad en situación de vulnerabilidad, de los 13 acusados, siete de ellos llegaron a un acuerdo tras reconocer su culpa, lo que le permitió acordar unas penas tan irrisorias que ni siquiera tuvieron que entrar en prisión.

No me quiero olvidar en este siniestro repaso del caso de la “Manada de Manresa”, en el que una niña de 14 años que fue violada por turnos por chavales de su entorno, que hacían cola para violarla 15 minutos cada uno, a los que a algunos ni si quiera se ha les llegado a detener. También hubo penas irrisorias para los condenados y también las condiciones de la víctima eran de vulnerabilidad social y económica.

Estos y otros muchos casos nos dejan encima de la mesa dos interrogantes muy inquietantes en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema judicial y de reinserción.

El primero es que se premia el reconocimiento de culpa, se sea culpable de los hechos tal como se imputan o no. En un halo de hippismo bastante estúpido, se premia con la libertad o con penas más bajas a los criminales confesos que a quienes agotan la vía judicial, estando en todo su derecho de hacerlo.

Con estos ejemplos es fácil de entender que quien llega a un acuerdo de estas características lo hace porque considera seriamente que si sigue los pasos del proceso judicial le va a ir bastante peor. Con lo que al final nos encontramos que los delincuentes confesos le hacen trampas al sistema y son recompensados por ello con menos pena. Y todo porque se parte de la estúpida premisa de que el reconocimiento del crimen cometido forma parte de la futura reinserción.

Pero también deja al descubierto otro hecho que poco tiene que ver con la justicia y sí mucho con la falta de protección de las víctimas y la ausencia de confianza que esto genera en el sistema judicial por parte de las mujeres. Tanto en el asunto de Castelldefels, como en el de Murcia, o como en el de Manresa, así como en muchos otros en los que agresores sexuales de “gran calibre” se han visto beneficiados por acuerdo completamente desproporcionados a su favor, las víctimas eran mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad.

Víctimas sin recursos económicos suficientes para afrontar un proceso judicial de esta envergadura. Víctimas que no han recibido la contención psicológica e incluso física necesaria para recuperase de un hecho traumático brutal como es una violación y que no están mentalmente preparadas para afrontar un juicio que va a basar la defensa de los violadores en desacreditarlas y atacarlas a ellas.

Y víctimas procedentes de situaciones personales y sociales muy difíciles, que simplemente no tienen las herramientas para actuar en una situación así y prefieren, simplemente, que todo pase y acabe cuanto antes.

Es ahí donde yo creo que la Fiscalía y los jueces les fallan a las víctimas, no protegiéndolas, no siguiendo ellos con los procesos y abonando una sensación de impunidad que beneficia a los malos y poderosos que cada vez cala más entre las mujeres que acuden a los tribunales en busca de verdad, justicia y reparación. Que no es, ni más ni menos que lo que nuestras leyes dicen garantizarles.