El pasado viernes tuvo lugar en el Tribunal Supremo el tradicional acto de apertura del año judicial, presidido, como es habitual, por Su Majestad el Rey, y con la asistencia de la presidenta de dicho tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, además de otras muchas autoridades judiciales y del ámbito de la política.

Un acto que, a diferencia de otros años, estuvo marcado por diversos “incidentes” previos y coetáneos que lo convirtieron en una suerte de reivindicación de la necesaria y, paradójicamente, cada vez más atacada, independencia del Poder Judicial.

El principal fue el discurso de la Sra. Perelló, dirigido, aunque sin mencionar nombres, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, a principios de semana, en una entrevista emitida por Televisión Española, atacó sin pudor a los jueces y magistrados de este país, acusando a algunos de ellos de “hacer política”.

Unas acusaciones proferidas por la apertura de distintos procesos judiciales contra su mujer, Begoña Gómez, investigada por un elenco de delitos que abarcan el tráfico de influencias, la corrupción, la apropiación indebida, el intrusismo y la malversación, y contra su hermano, David Sánchez, también investigado, aunque en este caso por prevaricación y tráfico de influencias.

“Yo defiendo la honestidad y la inocencia de mi familia. Hay jueces que no cumplen con la ley”, dijo el presidente, en un claro ataque a los jueces y magistrados de nuestro país y a su independencia, pues dio a entender, por ignorancia o por malicia (a juicio de ustedes, queridos lectores), que las leyes vigentes, aplicables a todos los españoles, han de excepcionarse cuando los presuntos implicados sean personas próximas al jefe del Ejecutivo.

Porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que el Sr. Sánchez se refirió cuando acusó a los integrantes del Poder Judicial de incumplir la ley, impone a los jueces de instrucción la obligación de incoar un proceso penal cuando existan indicios de la comisión de un delito, sin importar la condición laboral o familiar de los supuestos autores.

Así es la democracia, les guste o no a quienes ejercen el poder. Un sistema, regido por el principio de igualdad ante la ley, que se contrapone radicalmente a otros, tal vez demasiado anhelados por algunos, en los que el líder hace y deshace a su antojo, modificando normas en su beneficio personal para perpetuarse en el mando.

Precisamente por ello, para recordar al Sr. Sánchez lo que parece haber olvidado, el tenor literal de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Sra. Perelló pronunció de forma tajante en su discurso la frase que encabeza este artículo: “los jueces no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie”.

Que ni mucho menos es lo que algunos, fieles súbditos, han insinuado, una declaración de guerra entre poderes del Estado, sino simplemente aquello que establece de forma clara el artículo 117.1 de nuestra Norma Suprema, que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

La única sumisión que debe predicarse respecto de los integrantes del Poder Judicial, la ley, emanada del Poder Legislativo. Y no la mera voluntad de quien, en cada cuatrienio, ocupa la Moncloa.

Dicho esto, lo más triste es que, en el año 2025, superados ya por fortuna los regímenes autoritarios, de uno y otro color, que asolaron la vieja Europa, sea necesario recordar lo que, hasta hace poco, parecía una indiscutible certeza.