El término dumping fiscal se ha convertido en un arma arrojadiza en el debate político español, con la Comunidad de Madrid señalada como la gran culpable de una supuesta competencia desleal que "rompe España". Pero ¿es esto verdad o una mentira interesada?

El dumping fiscal implica que un territorio reduce agresivamente sus impuestos para atraer empresas, inversiones o contribuyentes, perjudicando a sus vecinos. En el caso de Madrid, se critica su bonificación del 100% en el impuesto de patrimonio, del 99% en sucesiones y donaciones para familiares directos, y sus tipos bajos en el IRPF autonómico.

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), estas políticas suponen una renuncia recaudatoria de unos 4.100 millones de euros anuales, aunque Madrid la compensa parcialmente con mayor recaudación por IRPF (400-600 millones). La Airef estima que el traslado de grandes patrimonios a Madrid resta hasta 1.000 millones anuales a otras regiones. ¿Es esto "competencia desleal"?

Madrid ejerce su autonomía fiscal, amparada por la LOFCA y el artículo 156 de la Constitución, aprovechando su posición como capital, con el 44,5% de las sedes de las 1.000 mayores empresas y el 71,7% de las licitaciones estatales. Esto le permite recaudar más por habitante, incluso con impuestos bajos.

Sus defensores, empezando por Isabel Díaz Ayuso, argumentan que este modelo fomenta empleo e inversión, y que Madrid aporta muchísimo al fondo común, más que ningún otro territorio. Pero los críticos, especialmente desde Cataluña, ven en estas políticas un ataque a la solidaridad interterritorial. Las bonificaciones de Madrid benefician enormemente a las rentas altas, agravando la desigualdad y presionando a otras autonomías a rebajar impuestos para no perder contribuyentes.

Sin embargo, culpar solo a Madrid es simplista. Los regímenes forales vasco y navarro, que retienen casi toda su recaudación, generan distorsiones mayores, pero curiosamente nunca se mencionan desde Cataluña. ¿Por qué la obsesión con Madrid?

Aquí existe una contradicción flagrante. Quienes, desde el nacionalismo catalán, exigen eliminar las rebajas fiscales madrileñas —proponiendo armonizar impuestos como patrimonio o sucesiones— están, en el fondo, abogando por recentralizar competencias fiscales. Esto choca frontalmente con sus postulados en favor siempre de mayor autogobierno.

Exigir que el Estado fije mínimos fiscales o elimine la capacidad autonómica de modular impuestos es, en esencia, una renuncia al principio de subsidiariedad que tanto reivindican. Si la Generalitat quiere gravar más a las grandes fortunas, puede hacerlo; pero exigir que Madrid pierda su autonomía para igualar el terreno de juego es ideológicamente contradictorio.

En realidad, la crítica, tal como se ha expuesto estos días pasados por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es una incoherencia que revela más tacticismo político que convicción federalista.

El dumping fiscal de Madrid es real, pero no es una conspiración para "robar" a otras regiones. Es una estrategia que, ciertamente, amplifica desigualdades y genera tensiones territoriales, pero a partir de aquello que han votado los madrileños en las urnas y en el ejercicio de su autonomía.

La solución no es demonizar a Madrid, sino lograr que vascos y navarros contribuyan como los demás a la solidaridad territorial, armonizar patrimonio y sucesiones con una tasa impositiva mínima igual en toda España (que solo se pueda subir, no bajar), y mejorar el sistema de financiación autonómica para garantizar la igualdad en los servicios públicos.

Mientras el debate se enrede en acusaciones cruzadas, seguiremos atrapados en una discusión estéril que no resuelve el desafío de fondo: una España cohesionada, donde ninguna región se sienta agraviada ni busque privilegios.