Carlos Torres, presidente del BBVA, se ha jugado el todo por el todo con la OPA hostil sobre el Banco Sabadell, una operación que, desde su anuncio, ha estado más cerca del naufragio que del éxito. Con una mezcla de audacia y temeridad, Torres quiso erigirse como el arquitecto de un gigante bancario europeo, pero su estrategia ha chocado con un muro que no anticipó: la política.
Sin embargo, la probable negativa del Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, a dar luz verde a la fusión, lejos de ser un revés para Torres, puede acabar siendo su salvoconducto para evitar un fracaso empresarial que habría puesto en jaque su liderazgo.
Desde el inicio, la OPA tuvo un aire quijotesco. Lanzada en mayo de 2024, en plena campaña electoral catalana, la oferta del BBVA no sólo sorprendió por su carácter hostil —tras el rechazo del Sabadell a una fusión amistosa—, sino por su timing político. Torres subestimó el peso de Cataluña en el tablero político español.
El Banco Sabadell, con su arraigo en la región y su papel clave en el tejido empresarial catalán, no es sólo una entidad financiera: es un símbolo. La reacción fue inmediata. El Govern, los partidos catalanes —de ERC a Junts, pasando por el PSC—, las patronales como Foment del Treball y Pimec, e incluso el Cercle d’Economia, donde el propio Josep Oliu, presidente del Sabadell, tiene un peso histórico, cerraron filas contra la operación.
Torres, un ejecutivo de perfil técnico, formado en McKinsey y curtido en la gestión, no calibró bien el terreno. Su discurso, centrado en la competitividad europea y la creación de un banco “más grande y fuerte”, sonaba convincente en Davos o en los consejos de administración, pero no en Barcelona ni en la Moncloa.
En su defensa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio un respaldo técnico a la operación, aprobándola en segunda fase con condiciones que Torres presentó como un aval a su visión. Sin embargo, la CNMC no decide el destino final: lo hace el Consejo de Ministros, y ahí Sánchez ha jugado sus cartas con maestría.
El anuncio de una “consulta pública” sobre la OPA, una medida inédita y sin precedentes legales, pilló a Torres con el paso cambiado. En la 40ª Reunió del Cercle d’Economia, con los presidentes del BBVA y el Sabadell en primera fila, Sánchez lanzó esta bomba que descolocó al sector financiero.
La consulta, más allá de su dudosa utilidad jurídica, es un movimiento político astuto: permite al Gobierno recabar argumentos para justificar un veto sin necesidad de enfrentarse directamente a los reguladores europeos o al mercado. Es, en esencia, una dilación táctica que da oxígeno al Sabadell y enfría las aspiraciones del BBVA.
Torres, visiblemente contrariado, ha optado por la diplomacia. “Máximo respeto”, dijo, mientras insistía en que los accionistas del Sabadell deben tener la última palabra. Pero esa palabra está cada vez más lejos. La consulta pública, respaldada por el empresariado catalán y por un arco parlamentario que incluye a los socios clave de Sánchez, ha convertido la OPA en un campo minado. Incluso la CEOE, tradicionalmente alineada con los intereses de las grandes corporaciones, calificó la medida de “incomprensible”.
¿Por qué, entonces, la negativa del Gobierno salvará a Torres? Porque un fracaso atribuido a la intervención política es más digerible que uno por errores estratégicos. Si la OPA no prospera por el veto de la Moncloa, Torres puede presentarse como víctima de un intervencionismo estatal, de una politización descarada, no como el artífice de una operación mal planteada. Su puesto, que ya tambaleó tras el caso Villarejo y las tensiones internas en el BBVA, queda menos expuesto. No es lo mismo dimitir por un rechazo de los accionistas o por una oferta infravalorada —la prima ofrecida por el BBVA es negativa en un 7%— que por un bloqueo político.
El Sabadell, mientras tanto, no se ha quedado de brazos cruzados. Bajo la batuta de Josep Oliu y César González-Bueno, la entidad ha reforzado su posición con una estrategia de dividendos agresiva y la recompra de acciones, buscando seducir a sus accionistas. Rumores de un “caballero blanco” —con Abanca o Unicaja como posibles aliados— y el traslado de su sede de vuelta a Cataluña son señales de que el Sabadell juega a ganar tiempo y autonomía.
Torres, atrapado entre su ambición y la realidad política, ha aprendido una lección que el sector financiero español conoce bien desde los tiempos de Mario Conde: las fusiones bancarias no se deciden solo en los despachos de los bancos, sino también en los pasillos del poder. La OPA sobre el Sabadell, más que una operación financiera, se ha convertido en un culebrón político. Y en este guión, Sánchez, con su consulta pública, le ha regalado a Torres una salida digna para un proyecto que, de otro modo, sería probablemente su tumba.
