Nuestro Gobierno está dando pasos decididos para convertir a nuestro país en un país poco fiable, algo que no nos conviene en absoluto. Cuando aún no está cerrado el culebrón de los arbitrajes relativos a los cambios de normas en las subvenciones a la energía solar, se ha abierto un peligroso capítulo de incumplimiento de la ley de contratos por motivos ideológicos. Pero todo esto ha quedado casi en el olvido por el sesgo que se quiere dar al análisis del fallo sistémico del sistema eléctrico nacional y, aún más recientemente, por el descrédito a la CNMC abriendo un procedimiento insólito de consulta popular sobre una operación de concentración que ya hace un año que se formuló.

España se ha posicionado como líder en impagos, ocupando el primer lugar en el ránking de países con el mayor número de laudos de arbitraje impagados, y el tercero por importe adeudado. Debemos 1.600 millones en firme, y subiendo. Una cosa es defender los intereses de España, que es lo que hay que hacer, y otra es no pagar cuando se ha terminado el camino judicial, y en ello estamos. Como consecuencia, algunos acreedores han logrado embargos preventivos de, por ejemplo, la sede del Instituto Cervantes en Londres o de la indemnización, a favor de España, por parte del armador del Prestige por el desastre ecológico derivado de su naufragio.

A esa pésima imagen, que cada vez nos dará más quebraderos de cabeza, se une el saltarse la ley de contratos, un esquema que sigue las directrices de la Unión Europea. Por mantener los equilibrios en el seno del Gobierno se ha revocado la compra de 15 millones de balas que ya estaba publicada en el BOE. Y los motivos son ideológicos, porque no hay ningún embargo ni sanción en vigor contra Israel. Por algún extraño motivo, este contrato se ha convertido en un arma arrojadiza, mientras que los 49 contratos previos con empresas israelíes por valor superior a 1.000 millones siguen siendo válidos.

Dejando a un lado los condicionantes ideológicos y las repercusiones técnicas y económicas, no es serio que un Gobierno deshaga una adjudicación ya publicada en el diario oficial, el BOE, sin otro argumento que el país de la empresa adjudicataria no nos cae bien. Porque ni siquiera se compran los 15 millones de balas a una empresa pública israelí, sino que se hace a una empresa privada. Es un pésimo antecedente que se suma al incumplimiento de los laudos arbitrales internacionales, las injerencias en la gobernanza de empresas privadas y las “amistades peligrosas” con países fuera del entorno occidental. El deterioro de nuestra imagen parece no tener final.

Cuando un país se queda a oscuras es que algo serio no funciona, pero tratar de buscar una causa exógena en lugar de reconocer que nuestra política de transformación energética corre demasiado rápido sin haber invertido suficientemente en la infraestructura que la pueda controlar expone, de nuevo, a nuestro país a la crítica internacional.

Y para rematar, de momento, una sucesión de eventos que sólo hacen sumar descrédito, aparece la intromisión del Gobierno en todas las operaciones corporativas. Legislar para proteger las empresas en momentos de debilidad estructural, como con la crisis del Covid, es lo correcto. Mantener ese control tras esa coyuntura excepcional es algo que, de nuevo, nos debilita ante terceros, sea para evitar la OPA de un fabricante de material ferroviario, sea para embarrar la posible adquisición de una entidad financiera por otra.

Ser un país no fiable al final sale caro. Los fondos internacionales, muy importantes en la economía, pueden ver a nuestro país con menos interés y nuestra economía necesita inversores de todos lados. En 2023 fuimos el undécimo país del mundo y tercero europeo en la recepción de inversión exterior directa. El peso del capital extranjero en España representa el 57,9% en términos de PIB, un porcentaje mayor al de Francia o Alemania. No nos podemos permitir que se deje de invertir en España, entre otras cosas porque las empresas de capital extranjero mantienen cerca de dos millones de empleos directos en España, lo que representa el 9,1% de la población ocupada.