Según los datos más recientes, tan solo un 14% de los jueces y magistrados que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales de Cataluña tienen el nivel básico de catalán.

Una situación del todo comprensible, en la medida en que nuestra Comunidad Autónoma siempre se ha caracterizado por un escaso número de opositores, el cual, sin embargo, ha aumentado en los últimos años. 

Por ejemplo, como ya expuse hace unos meses en esta misma columna, de los 171 jueces en prácticas de la Promoción 71 de la Escuela Judicial, correspondiente a los años 2021 a 2022, solo 8 eran catalanes. Mientras que, en la Promoción actual, la número 74, con 120 jueces en prácticas, este número ha aumentado a 16.

Esto provoca que el número de resoluciones judiciales que se redactan en catalán sea muy inferior a las redactadas en castellano. 

Pero, en la medida en que una gran parte de la población de Cataluña se comunica en su lengua propia, no es desacertado que, por parte de los poderes públicos, se puedan adoptar determinadas medidas con la finalidad de fomentar el uso del catalán en la Administración de Justicia.

Un verbo este, “fomentar”, que ha de ser interpretado en sentido positivo. Y no como hizo el anterior Ejecutivo autonómico, que anunció su voluntad, contraria a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habla del nivel de catalán de los jueces y magistrados como mérito, de elevarlo a la categoría de requisito para que estos pudieran acceder a un puesto en Cataluña.

El actual Govern, en cambio, parece que esta vez lo ha entendido. Y, en vez de la exigencia, ha optado por la vía de la promoción y del impulso, más apropiada para lograr cualquier objetivo que el conflicto y la imposición.

Muy propio, por otro lado, de la política actual, basada en el maniqueísmo y en la censura permanente del contrario, con independencia del contenido de sus propuestas.

En este sentido, se ha anunciado que se trabajará para que los jueces y los funcionarios judiciales perciban una bonificación económica cada vez que escriban en catalán una sentencia o un documento de tramitación judicial.

Algo que ya sucede en el ámbito de la abogacía del turno de oficio, pues la Conselleria de Justicia y el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña tienen suscrito un convenio, en cuyo marco se prevé una bonificación de hasta 25 euros para los abogados de oficio que inicien una actuación judicial en catalán.

Ahora bien, entiendo que este programa de incentivos debería ir acompañado de otra medida, esencial para que funcione, cual es el ofrecimiento efectivo a los jueces y magistrados recién llegados a Cataluña y a aquellos que, aunque lleven tiempo aquí, carezcan de conocimientos suficientes en catalán como para escribir una resolución en este idioma, de cursos gratuitos de distintos niveles. 

Y, por ejemplo, de la suscripción de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que la realización de estos cursos sea computada como parte del horario laboral y de la productividad. 

Porque no conozco todavía ningún caso en el que un juez recién llegado haya sido visitado por un lingüista adscrito a la Conselleria de Justicia, que le haya ofrecido sus servicios y le haya entregado un manual de catalán jurídico.

En cualquier caso, y una vez puesto de manifiesto que este programa de incentivos, que implicará un gasto de miles de euros procedentes del erario, puede resultar útil para el fomento del uso del catalán, todavía me sigo preguntando cómo es posible que para esto sí que haya dinero, pero para otras cosas, sin duda de mayor relevancia, no.

 Y, le pese a quien le pese, la rapidez y la calidad de la justicia es mucho más importante que el idioma en el que esta se imparta. 

Entendería, por tanto, que se invirtiera en la lengua una vez que hubiera jueces y funcionarios suficientes y que los ordenadores fueran de buena calidad. Y no antes. 

Pero así son las cosas.