El problema del encarecimiento del alquiler y venta de las viviendas en las grandes ciudades –Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia…–, que en tantos casos alcanza categoría de problema nacional, pues constituye un drama para tantas familias, especialmente las menos solventes, es verdaderamente endiablado. ¿Cómo resolverlo?

Empecemos planteándolo al amparo de la sabiduría de Josep Pla, que en no recuerdo qué artículo decía:

“El momento de pagar y el momento de cobrar son muy diferentes. Yo diría que incluso antagónicos. Pues en el momento de pagar, todo el mundo quisiera que la cantidad de dinero a abonar fuera minúscula, mientras que en el momento de cobrar, a cualquiera le gustaría que la suma fuese altísima”. O algo así.

Cito de memoria tan sabias palabras, dignas de La Rochefoucauld o Chamfort o cualquier otro moralista francés. Deberían figurar en letras doradas en las paredes de todos los establecimientos Bracafé, o, por lo menos, en el de la calle Casp, junto a Radio Barcelona y el teatro Tívoli, donde cuelgan otros aforismos iluminadores. 

Tenía razón Pla. En efecto, el propietario, o el banco que concede una hipoteca, quisiera cobrar lo máximo posible, mientras el inquilino quisiera pagar lo mínimo. 

Normalmente, el mercado se encarga de equilibrar tan contradictorios intereses. Ahora bien, en España se dan circunstancias especiales, verdaderamente endiabladas, que en el mercado de la vivienda han echado por los suelos ese equilibrio.

Antes de resumir esas circunstancias que han reventado el mercado de la vivienda, le adelanto al lector que en el párrafo final apunto una idea, no como solución viable y de inmediata aplicación, pero por lo menos como sugerencia. 

La primera circunstancia es el mismo atractivo de nuestras ciudades, que las hace destinos turísticos apetecibles. Pero como los hoteles son caros, y ha desaparecido la oferta de aquellos de pocas estrellas que eran accesibles, al rebufo de las aplicaciones inventadas ad hoc muchos propietarios convierten sus pisos en sucedáneos de hotel, ganando así mucho más dinero, aunque a costa de no renovar los contratos de alquiler a los inquilinos de toda la vida. 

La segunda circunstancia es el encarecimiento general de la vida –alimentos, gasolina, impuestos, etcétera– mientras los salarios siguen siendo bajos.

Ahora un acuerdo entre el Gobierno y la oposición creo que ha impuesto una subida del salario mínimo hasta cerca de los 1.200 euros. Bien está, pero sabemos que eso sigue siendo poco, sobre todo si hay que descontar de ese número los impuestos. 1.500 euros limpios quizá sería una cifra razonable, pero es probable que las empresas no lo soportarían.

Bueno, con ese salario, pagar un alquiler normal es empresa imposible.

Tercera circunstancia, y además paradójica, es que cuanto más hacen los ayuntamientos para mejorar las ciudades, ajardinando calles, limpiando fachadas, plantando arbolado, ampliando los servicios, y, en el caso de Barcelona limpiando y habilitando playas, más revaloriza el suelo urbano y más atrae a los fondos buitre, que lo primero que hacen es desahuciar a los inquilinos para hacer negocio suculento aumentando el precio de los pisos.

Ligada a esta está el aumento de la demanda: todas las fortunas de Sudamérica vienen a España, donde gozan de mucha más seguridad y más previsibilidad que en sus propios países, colaborando al encarecimiento de la oferta del parque habitacional en los edificios “significativos”, como ellos los llaman; o sea, edificios buenos.

¿Y cuántos europeos del norte, donde cobran sueldos que doblan o triplican los nuestros, no quieren tener una segunda residencia en ciudades tan agradables y para ellos asequibles como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca?

Vienen los ricos, y también vienen los pobres de América y de África, huyendo de la miseria, para servir a aquellos y para asistir a nuestros ancianos. A menudo vienen para ahorrar y construirse una casa en su país de origen, al que al cabo de unos años muchos planean volver. Pero mientras están aquí también ellos necesitarán vivienda.

O sea que cada año entran cientos de miles de ciudadanos o futuros ciudadanos más. No falla, es la ley del capitalismo: a más demanda, más cara la oferta. 

Nuestra Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Es en ese espíritu que el Ayuntamiento de Barcelona acaba de comprar un edificio del que unos capitalistas desaprensivos iban a expulsar a los vecinos para triplicar el alquiler.

Bonito gesto de nuestros munícipes, pero que incurre en agravio comparativo con los vecinos de tantos otros edificios que por rico que sea el ayuntamiento no puede comprar. 

Una manera de facilitar el cumplimiento de ese mandamiento de la Constitución podría ser regular los alquileres, por lo menos para los inquilinos que llevan un tiempo determinado habitando en un mismo inmueble, limitando la codicia de los nuevos especuladores y de los nadadores en aguas revueltas y –aunque sea a costa de reducir la plena libertad de comercio–, ligando el aumento anual de los alquileres, en vez de a albur de los propietarios, a los ingresos reales de los inquilinos. Esa renta es fácilmente consultable mediante las declaraciones anuales de Hacienda. 

No se me ocultan las dificultades de aplicación de esta idea que brindo gratuitamente a quien pueda interesarle.