Desde el acuerdo de investidura (en el que el PSOE pactó la infame ley de amnistía, aceptó una mediación internacional para futuras negociaciones y hasta suscribió un documento que hablaba de la existencia lawfare en nuestro país), las cesiones al partido de Puigdemont han sido constantes y muy denigrantes para nuestra democracia.

Han cobrado especial relevancia al hilo de votaciones sobre medidas importantes, como son los reales decretos leyes, a los que el Gobierno de España recurre con inusitada frecuencia.

Un ejemplo reciente se produjo a principios del pasado enero, cuando se debían convalidar tres relativos a justicia y función pública, anticrisis, y reforma del subsidio de desempleo. La abstención de Junts permitió la convalidación de los dos primeros (el tercero decayó por el voto en contra de Podemos), a cambio, eso sí, de un alto precio.

Los exconvergentes señalaron en un comunicado los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de Sánchez. Entre ellos, el reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local; la reforma de la Ley de sociedades de capital para favorecer que las empresas regresen a esta comunidad; la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales; la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la cuestión prejudicial europea (vista como un peligro para la viabilidad de la amnistía); y, por si lo anterior fuera poco, la delegación integral de las competencias en inmigración, acompañada de los recursos necesarios.

Otro ejemplo de cesión llamativa a Junts es el peregrinaje de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores para tratar de que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea, dando reiteradamente instrucciones a los embajadores para que prioricen este tema en las relaciones con sus homólogos europeos. La última vez, a mediados de enero.

Unas semanas antes, a finales de 2024, el Gobierno de España pactó con sus socios de investidura el nombramiento de 11 consejeros de RTVE y cinco de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Gracias a estos acuerdos ha entrado a formar parte del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública nacional Miquel Calçada (Mikimoto) y de la CNMC, Pere Soler. Ambos a propuesta de Junts.

Mikimoto, que fue el comisario de los actos del Tricentenario y formó parte de las listas de Junts pel Sí, evitó acatar la Constitución y jurar lealtad al Jefe del Estado en la toma de posesión. Soler, jefe de los Mossos en octubre de 2017, afirmó en su día en X que “avui en dia l'únic innecessari són totes les estructures de l'Estat espanyol a Catalunya. Bye, bye. ¡Hasta otro ratito! :)”. La CNMC tiene una sede en Barcelona.

En este contexto, Junts anunciaba a finales de enero que La 2 emitirá en Cataluña íntegramente en catalán en un par de años. Los catalanes castellanohablantes, siempre moneda de cambio.

A raíz de la ampliamente cuestionada comparecencia, este 13 de febrero, en el Congreso, de Mohammed Houli, condenado a 43 años de prisión por los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, nada más y nada menos que para acusar al Centro Nacional de Inteligencia de no haberlos impedido, he ido a comprobar cuántas comisiones de investigación funcionan en la Cámara Baja. Y resulta que sólo dos. Las pactadas con Junts: la “Comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’ y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial”; y la “Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017”. Parece una broma. Y es, desde luego, una vergonzosa falta de respeto a las víctimas, tan secundarias en estos atentados.

Todo ello sin olvidar los incesantes desprecios e insultos a los propios gobernantes socialistas por parte de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Un buen ejemplo son las palabras que pronunció en el Pleno del pasado 22 de enero, al hilo del debate que concluyó con la derogación del real decreto ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones: “El que avui tomba Junts és el trilerisme. És la mentida, la seva mentida, la seva ganduleria, les seves manipulacions, la seva prepotència, el seu xantatge, els seus incompliments”.

Igualmente lamentable y muy comentada fue la intervención de esta misma diputada en la sesión de control del 11 de diciembre cuando afirmó: “El que estem fent nosaltres és el que ningú més s’atreveix a fer, que és exigir-los a vostès que moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans; traspassin les competències acordades; respectin les competències que ja tenim; demostrin que els indigna tant com a nosaltres que la cúpula judicial espanyola es vanti de no aplicar les lleis que s’aproven aquí (…)”.

Queda por ver qué sucederá con temas como la moción de confianza (exigencia lanzada a principios de diciembre, porque “Sánchez no es de fiar”) y la increíble negociación sobre las competencias en inmigración antes mencionada, o si hasta el propio Sánchez llega a reunirse con Puigdemont, a saber con qué cuadro de fondo… Porque un gran acuerdo de Estado, ante las enormes incertidumbres que se ciernen sobre Europa, ni pensarlo, claro está. Mejor que siga el esperpento.