La reducción de la jornada laboral que quiere imponer el Gobierno mediante un anteproyecto de ley que se votará el próximo martes, por iniciativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene muy preocupados a los empresarios catalanes. Lo cual no carece de lógica, porque las empresas tendrán que pagar los mismos salarios a cambio de una productividad inevitablemente menor, a no ser que supriman el rato del bocata y el pitillo.
De ahí que algunos industriales hayan decidido ir a negociar con el que toma las decisiones. ¿A quién? ¿Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? ¿Al presidente de la Generalitat, Salvador Illa?…
¡Noooo, hombre, no! ¡Al que manda de verdad, el fugado Puigdemont! En Waterloo tenían concertada ayer por la tarde una cita con el expresident una delegación de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) y otra del Consell de Gremis de Catalunya, respectivamente liderados por Jaume Roura, presidente de la UPM, y Joan Guillén, presidente del Consell.
A Puigdemont le expondrían ayer sus cuitas y preocupaciones, y le habrán pedido que no sea Yolanda Díaz y los suyos quienes decidan las condiciones horarias en las empresas, sino que procure –él, Puigdemont— que esta clase de decisiones se tomen tras un debate entre todos los agentes implicados y por consenso.
Hacen muy bien los empresarios en seguir la estela del Gobierno e ir a Waterloo a acordar las cosas importantes. El que fue un catastrófico presidente de la Generalitat pero está demostrando ser un gran estadista en el exilio, sí. Ese al que el señor Sánchez, en públicas declaraciones preelectorales, prometió traer de vuelta a España para llevarle ante los tribunales de justicia, no sólo sigue instalado en Bélgica -salvo cuando viene a darse un garbeo y un mitin por Barcelona, para a renglón seguido volver a evadirse con perfecta impunidad-; sino que hace y deshace a su voluntad decretos-ómnibus, consigue indultos para los golpistas, consigue ceses de altos cargos desafectos, impone las lenguas regionales en el Congreso y pone a un ministro a mendigar en el Parlamento Europeo el uso del catalán, por lo menos; logra comisiones parlamentarias; ordena que el presidente se someta a una moción de confianza.
Por no mencionar una amnistía que, antes de las elecciones, Sánchez negó que iba a conceder por ser “inconstitucional”. Y luego, lo que venga a continuación, cupo, control de las fronteras y de la inmigración, blindaje del monolingüismo.
Y confío también en ver por la tele una visita personal de Pedro Sánchez a Waterloo. Si ha ido ya con luz y taquígrafos su secuaz Santos Cerdán, y ya ha advertido Puchi que a partir de ahora quiere un nivel más alto de interlocución, y si han sido tragados sin hacer una mueca otros platos de digestión harto difícil, no parece que tampoco vaya a pasar nada si vemos a Sánchez siendo cordialmente recibido por Puigdemont en la escalera de la Casa de la República. E incluso celebrar allí algún Consejo de Ministros.
De manera que hacen muy bien los señores Roure y Guillén en ir allí a hablar de lo suyo, de lo que les duelen a los empresarios las iniciativas de la ministra del Trabajo. Ahora que ya es meridianamente claro quién es el que corta el bacalao en España, deberían seguir su ejemplo los directivos de los grandes bancos y corporaciones, sindicatos y colectivos de todas las clases. ¡Todos a Waterloo!
Veo que negros nubarrones acechan al Barça. El señor Laporta, al frente de su demediada directiva, debería ir a dar explicaciones a Waterloo, obtener la venia y aprovechar para imponer el escudo de brillantes del club al verdadero “puto amo” de la política española: Oriol Puigdemont.