Se ha cerrado otro año caracterizado por una creciente e irritante polarización política: la llamada "mayoría plurinacional" (en ausencia de mayoría progresista), por un lado, y populares y Vox, por otro.

Hemos visto al Partido Socialista continuar realizando cesiones ante las exigencias de sus socios nacionalistas (utilizando procedimientos muy cuestionables) que debilitan claramente al Estado. Y al Partido Popular, favorecer ese desatino en vez de apostar en firme por avanzar hacia grandes acuerdos entre los partidos que representan la voluntad de la gran mayoría de españoles.

A la vez, resulta desolador observar el seguidismo de estas prácticas por parte de tantos periodistas que priman su militancia ideológica sobre las funciones esenciales de la profesión. Debería producirse, por ejemplo, un clamor unánime cada vez que Pedro Sánchez habla en ese tono tan despectivo de la "prensa conservadora", de los "pseudomedios" (sin atreverse a identificarlos), o concede entrevistas únicamente a medios afines.

En este contexto, concluía 2024 con un ejemplo sangrante del inaceptable mercadeo del Gobierno con cargos clave de órganos esenciales del Estado. En este caso, para atraerse el apoyo de Junts a las cuentas públicas, ha propuesto al que fuera responsable de los Mossos en 2017, Pere Soler, como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Para el ministro Cuerpo (que ya trató de generar una vacante en el Banco de España, presionando a una consejera para que dimitiese) parece irrelevante, sobre todo teniendo en cuenta que este organismo tiene una sede en Barcelona, que Soler hubiese afirmado en X que "hoy en día lo único innecesario son todas las estructuras del Estado español en Cataluña (…)".

De los cinco consejeros de la CNMC que toca renovar, ninguno ha sido consensuado con el partido ganador de las últimas Elecciones Generales, lo que no significa que comparta yo las cuotas de partido ni apruebe los comportamientos del Partido Popular cuando está en posición de fuerza.

Basta ver el criterio que utilizó para nombrar recientemente en el Senado a cuatro de los consejeros de RTVE cuando tenía la ocasión perfecta para sacar los colores al lamentable reparto de cromos entre los socios de investidura cuando designaron en el Congreso a los once restantes.

Lo sucedido con la renovación de consejeros de RTVE primero y ahora con los de la CNMC son ejemplos de libro del destrozo institucional que se está produciendo en nuestro país.

En este sentido, el Informe del Estado de Derecho 2024, elaborado por la Fundación Hay Derecho, en su apartado sobre 'Contrapesos institucionales', denuncia el aumento de la vinculación política de los magistrados del Tribunal Constitucional; subraya el perfil político de la presidenta del Consejo de Estado (la exministra Carmen Calvo) y del Defensor del Pueblo (el exministro y candidato socialista a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo); y denuncia el sistema de cuotas de partido en la designación de los consejeros del Tribunal de Cuentas sin prestar la debida atención a los criterios de profesionalidad y especialización.

Todo esto sin olvidar, como detalla el mismo informe, el creciente descrédito de la Fiscalía (Sánchez manifestaba recientemente la confianza del Gobierno en "su" Fiscal General) o las tramposas prácticas que tanto degradan la actividad parlamentaria, como: el abuso del real decreto ley, de las proposiciones de ley y de las declaraciones de urgencia o procedimientos de lectura única; medidas todas ellas limitadoras del debate y con frecuencia de la intervención de órganos especializados que enriquecen la técnica legislativa.

Por no hablar de "la introducción de enmiendas heterogéneas en la fase final de la tramitación parlamentaria para acelerar su aprobación y, en sentido contrario, la congelación vía prórroga indefinida de los plazos de enmiendas"; o la vulneración de la obligación constitucional del Gobierno de presentar los Presupuestos General del Estado para su aprobación en las Cortes Generales.

Pese a las advertencias de no pocos expertos, no parece que exista una clara consciencia de la gravedad que todo esto implica en términos democráticos. Se percibe a la clase política como un problema, pero no parece que se observe con la misma nitidez la gangrena que se está apoderando de nuestras instituciones. No sé si por la complejidad técnica de estas cuestiones, por el arraigo de las prácticas clientelares en nuestra sociedad o por ambas cosas a la vez.

Sea como fuere, la realidad es que las instituciones neutrales integradas por profesionales designados en función de su cualificación son consustanciales a una democracia liberal digna de tal nombre.

En todo caso, quienes sí advertimos la dimensión del problema debemos hacer pedagogía para así contribuir a revertir este deterioro institucional. Y ello en todos los foros donde podamos tener incidencia: desde los entornos más personales hasta los profesionales o las redes sociales. Una buena herramienta, para articular argumentos y compartir evidencias, son los artículos y pódcast generados por entidades volcadas en cuestiones de calidad democrática, entre las que destaca la referida Fundación Hay Derecho.

El cambio de año parece un buen momento para asumir retos de ciudadanía junto a los personales que todos nos estamos planteando.