La Unión Europea acaba de entrar en una nueva etapa de su ciclo político con la reconfiguración de la Comisión Europea y el nombramiento de nuevos comisarios que han venido a tomar su cartera en fin de semana, cosa inédita hasta ahora. El nombre que le han dado a las comisarías no es que sea tampoco muy inteligible para el gran público, como el de nuestra comisaria Teresa Ribera con su transición limpia, justa y competitiva. El nombre acordado es un poco galimatías. En todo caso, entre los grandes retos que enfrentarán se encuentran la transición energética, el fortalecimiento del mercado único y la adaptación de sus políticas fiscales y presupuestarias a las demandas de un contexto global en constante cambio.

Con la inflación moderándose, pero aún alta para los estándares europeos, y las incertidumbres derivadas de la guerra en Ucrania y la rivalidad comercial con Estados Unidos y China, los próximos años serán cruciales para el diseño de una Europa más resiliente, como se dice ahora. En este escenario, la política financiera ocupará un lugar central, bajo el prisma de una estabilidad que priorice también el crecimiento sostenible. Se comenta entre mis compañeros de la Comisión, lo hablábamos el otro día, que la política financiera de la Unión cambia en su enfoque.

Uno de los debates más relevantes será la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el marco que regula los niveles de deuda y déficit de los estados miembros. Durante la pandemia del Covid-19, las reglas fiscales se suspendieron para permitir un aumento del gasto público necesario para enfrentar la crisis. Ahora, se discuten fórmulas para hacer estas normas más flexibles y adaptadas a las necesidades del momento.

España, uno de los países más endeudados de la UE, observa estas reformas con gran interés, pues la austeridad de la década pasada dejó cicatrices profundas en su tejido social. Cataluña, como motor económico del país, tiene un papel destacado en este debate. Si bien la región genera un porcentaje significativo del PIB español, su alto nivel de deuda y los compromisos financieros adquiridos en los últimos años la sitúan también ante un gran desafío para cumplir con estas nuevas normativas.

Los fondos de recuperación europeos, a los que España ha accedido de manera destacada, han sido cruciales para reactivar la economía tras la pandemia. Estos recursos, gestionados parcialmente por las comunidades autónomas, han supuesto una oportunidad única para modernizar la economía catalana, especialmente en áreas como la digitalización y la transición ecológica. Sin embargo, la absorción efectiva de estos fondos no ha estado exenta de críticas, señalando retrasos y falta de coordinación administrativa tanto a nivel estatal como de las comunidades.

Es tanta la burocracia para la aplicación efectiva de estos fondos que no me sorprenden los retrasos. Personalmente, esta burocracia enrevesada me extraña cuando la Comisión Europea tiene un sistema diferente de control mucho menos burocrático y que sin duda tendríamos que aplicar en España y Cataluña, con mayor énfasis en el cumplimiento de metas y resultados tangibles.

Uno de los grandes pilares de la nueva política financiera de la UE es la transición hacia una economía verde. En Cataluña, esta transición plantea oportunidades, pero también riesgos. La comunidad cuenta con un tejido industrial dinámico, que puede liderar la adopción de nuevas tecnologías limpias. Sin embargo, algunos sectores deberán transformarse rápidamente para mantenerse competitivos en un mercado europeo que prioriza las bajas emisiones.

Además, la financiación verde se ha convertido en un eje central del debate, con bonos soberanos y privados destinados a financiar proyectos sostenibles. Cataluña tiene potencial para atraer inversión extranjera en este ámbito, siempre y cuando las políticas locales se alineen con las prioridades comunitarias y ofrezcan las garantías de estabilidad y previsión que los inversores internacionales demandan.

La política financiera de la UE no puede desligarse de su contexto global. La rivalidad con China y con Estados Unidos marcarán las decisiones estratégicas, afectando a sectores clave como la tecnología, la energía y la agricultura. Soy bastante pesimista al respecto por muchos motivos que se pueden intuir. Europa ha decidido quedarse sentada en muchos aspectos viéndolas venir. Otro día escribiré sobre ello.

En definitiva, la nueva política financiera de la Unión Europea, en manos de un equipo renovado, será decisiva para los próximos años. Cataluña, con su capacidad económica y sus desafíos únicos, se encuentra en una posición de gran relevancia dentro de este marco. Una planificación estratégica y una gestión responsable serán clave para que Cataluña no sólo supere los obstáculos, sino que lidere el cambio hacia un modelo económico más sostenible e integrado en Europa.

El éxito para todos dependerá de la voluntad política, la coordinación institucional y la capacidad de responder a las necesidades de un futuro que exige flexibilidad, innovación y visión.