Gobernar en Cataluña, desde que llegó al poder Salvador Illa, se ha convertido en un ejercicio de equilibrios para que las dos grandes corrientes de opinión -el constitucionalismo y el independentismo- puedan convivir sin demasiados aspavientos mientras él prosigue la promesa de aplicarse en la gestión, una práctica política casi en desuso en la Cataluña de los gobiernos independentistas.
Lo que ocurre es que en el arte de generar amalgamas no todos los inventos son satisfactorios. El último de ellos ha sido el anuncio del traspaso de la seguridad de los puertos y aeropuertos de Cataluña a los Mossos d’Esquadra en detrimento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En contrapartida, a Guardia Civil y Policía Nacional se les ha permitido integrarse en el sistema del 112 de Cataluña, lo que ha generado una catarata de críticas de aquellos que consideran que este hecho es la prueba fehaciente de una españolización inadmisible de esta comunidad autónoma.
El traspaso de la seguridad de puertos y aeropuertos a los Mossos no es un acierto. Sé que la política pretende buscar complicidades que a veces son difícilmente explicables en la búsqueda del bien de la comunidad. A veces los votos pesan más que las necesidades reales.
Conste que la objeción a la decisión de que la policía autonómica controle estas infraestructuras críticas claves del Estado en Cataluña no se debe a que los Mossos no tengan la profesionalidad necesaria para desempeñar tal trabajo. No es eso. De hecho, esta misma cabecera publicaba ayer los logros que han obtenido los Mossos en el aeropuerto de El Prat, reduciendo las denuncias por delitos en un 25% en un solo mes.
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El problema, por tanto, no es de capacidad, si no de si es una estrategia imprescindible en beneficio de la población global de esta comunidad autónoma. Tomar el control de aeropuerto y puerto implica dotar de muchos efectivos ambas infraestructuras si se quiere hacer un buen y continuado trabajo. ¿Es eso compatible con la política de seguridad global en Cataluña? Sinceramente, no.
Los datos de siniestralidad que sufrimos en las grandes ciudades catalanas precisan de una dedicación absoluta de los efectivos policiales autonómicos. Más allá de los problemas de gestión interna que tuvieran los Mossos, y de las posibilidades de conseguir una mejor gestión policial con los mismos efectivos, los ciudadanos han escuchado hasta la saciedad que el número de agentes en Cataluña es insuficiente y que buena parte del déficit de la seguridad en las calles catalanas responde a esa cuestión. Desviar el foco de atención de los Mossos ante el delito sólo servirá para desatender más flancos de los que se desatienden en la actualidad.
En cualquier caso, si ese traspaso es inevitable, la Generalitat sabe que deberá pasar un examen constante: no podrá haber fallos de seguridad en Cataluña por la aspiración de abarcar más de lo que se puede.
La decisión de ostentar la seguridad en aeropuerto y puerto conlleva una derivada importante a tener en cuenta. Los antecedentes de la Cataluña del 2017 no invitan a pensar que esa sea una decisión acertada. Una infraestructura clave del Estado no puede estar bajo el control de un cuerpo que no responda directamente a los intereses del Estado. Con la Generalitat actual eso no parece un problema, pero las decisiones en materia de seguridad deben prever el peor de los escenarios. Y, lamentablemente, en Cataluña ya hemos vivido defensas del Estado tibias o inexistentes.