Nuevamente nos encontramos con una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1/2022 de 3 de marzo del Parlamento de Cataluña.

No es la primera vez que sucede, ni mucho menos; por desgracia, es algo muy habitual en los últimos tiempos. Se dictan leyes que, desde su publicación, ya se sabe que no pasarán el corte del Tribunal Constitucional, pero, sin ningún pudor, las siguen tirando para adelante.

El tema estrella, en los últimos años, es la propiedad, el acceso a la vivienda y en general el mercado inmobiliario, pero lo podemos extrapolar a cualquier ámbito. El Parlament y el legislador en general no cumplen con sus funciones correctamente, se legisla a golpe de oportunidad política y sin tener en cuenta un principio fundamental, la seguridad jurídica. Los ciudadanos nos vemos totalmente indefensos.

En esta ocasión, el alto tribunal ha puesto de relieve en su nota de prensa, dado que la sentencia aún no se ha publicado, que esta declaración de inconstitucional tiene por objeto las extralimitaciones competenciales del legislador catalán y su invasión no sólo a las competencias estatales, sino, también, y lo que es más grave, que se había establecido una sanción que derivaba en responder por un hecho ajeno y era contrario al principio constitucional de que nadie debe responder por un hecho ajeno.

En concreto, la ley en cuestión es una normativa que modificaba la ya existente sobre la vivienda y traía una obligación a los propietarios de ofrecer un alquiler social a aquellas personas que estaban incumpliendo sus obligaciones contractuales. Es decir, existe un contrato en el que una de las partes no está cumpliendo con sus obligaciones y la que sufre ese perjuicio no solo lo tiene que soportar, sino que, además, tiene la obligación de ofrecer un alquiler social y, si no lo hace, no puede acudir a los tribunales para defender sus derechos.

Sin entrar en un análisis profundo de la cuestión solo cabe decir que el propietario está demonizado y que, pese a que esta obligación no se imponía a todos los propietarios, lleva a que el mercado inmobiliario se distorsione y que muchos propietarios decidan salir de él.

Pero es que la cuestión de fondo o no tan fondo es la responsabilidad que deberían tener nuestros políticos por dictar continuamente una normativa que no es correcta, que es inconstitucional porque se extralimita de sus funciones y lleva a que, mínimo durante dos años, se aplique y que los efectos injustos que produce luego no se puedan retrotraer o simplemente eliminar.

Si en nuestro trabajo cometiéramos estos errores seguro que tendrían una consecuencia, pero ellos no tienen ninguna, todo lo contrario. Por tanto, debería exigirse una responsabilidad patrimonial por todas estas leyes que no pueden llegar a ningún sitio. Como decía, en nuestro trabajo si cometes un error y es un error porque no lo haces deliberadamente tiene una consecuencia. ¿Por qué no sucede lo mismo con el legislador? Es decir, con esos políticos que solo buscan esos intereses políticos y no beneficiar al Estado y a sus ciudadanos.

Considero que debe parar esta situación, debe ponerse un poco de sentido común y no dejar que cualquier político y por un interés particular pueda decidir una ley que, claramente, nos va a perjudicar precisamente a los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos a los gastos del Estado, a mantener a esos políticos que luego buscan beneficiar a quien precisamente vive del sistema. Basta ya, hay que parar y reconducir estas situaciones y si para ello hay que imponer sanciones al Parlamento o bien exigir esa responsabilidad patrimonial del Estado deberíamos todos hacerlo.

Si los ciudadanos empezáramos a exigir responsabilidades, si pusiéramos el foco en reclamar por todas las situaciones injustas que se viven por una normativa que nunca debería haberse aprobado, creo que la situación cambiaría.

Y no quiero que se malinterprete porque no quiero que cese el Estado de derecho y defiendo que se debe garantizar que todo el mundo tenga una vivienda digna, pero no a costa del resto: se deben poner mecanismos que identifiquen a las personas que realmente son vulnerables y están pasando por una grave situación, se les debe dar medios para remontar, pero no simplemente una ayuda sin control y obligar a los propietarios a que le garanticen una vivienda.

La situación debe cambiar, deben eliminarse estas extralimitaciones y exigir responsabilidad, que las leyes sean justas y no que todas deban pasar el control del Tribunal Constitucional. ¿Acaso no lo ven nuestros políticos? ¿No se dan cuenta de que el camino que utilizan no es el correcto?

En resumen, si el Parlamento de Cataluña no tiene claro cuáles son sus funciones, dónde están sus límites porque entran en conflicto con el Estado invadiendo sus competencias, sus señorías deberían empezar a responder económicamente de estos graves errores para revertir la situación.