"Eres lo que Google dice que eres". Esta frase contundente se vuelve más irrefutable cada día, y cada vez más vinculada a la muerte civil: el desprestigio social que afecta la vida profesional y personal de cualquier individuo víctima de un juicio paralelo. En las redes sociales no existe la presunción de inocencia, sino la presunción de veracidad, lo que las convierte en un medio peligrosísimo, con la capacidad de defenestrar a alguien de manera totalmente injustificada.

En la era digital, la información fluye a través de las redes sociales, y nuestra credibilidad y reputación se ven afectadas, por lo que aparece en los motores de búsqueda. Así, para bien o para mal, nuestras vidas digitales influyen en cómo nos perciben los demás.

Esta nueva imagen digital tiene un lado oscuro, incluso tenebroso. Miles de personas han sido sometidas a procedimientos judiciales que han terminado en absoluciones o archivos. Pero en las redes sociales no hay absolución, solo hay muerte civil. Aunque legalmente absueltas, sus reputaciones y vidas personales quedan manchadas por la información (o desinformación) que circula en línea.

Tomemos como ejemplo el caso reciente del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, quien se enfrentó a 13 procedimientos judiciales y fue absuelto en todos. A pesar de su inocencia, los daños reputacionales son tan intensos que hacen prácticamente imposible recuperar una vida normal.

El problema de Francisco Camps también afecta a miles de personas que se encuentran en la misma situación, sin que el sistema articule medios para proteger su imagen personal y profesional.

La presunción de inocencia no puede ser solo un eslogan; deben existir herramientas que la amparen más allá del ámbito judicial. Es evidente que la sociedad civil debe abrir un debate para dar efectividad a este derecho fundamental.

Otro caso mediático que plantea la misma cuestión: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está en el punto de mira mediático, ya juzgada por la opinión pública cuando aún no existe un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, en las redes ya es culpable, e inexorablemente comienza su muerte civil.

Este dilema nos debe llevar a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo: ¿Cómo garantizar que el derecho a la información no atente contra la presunción de inocencia? ¿Cómo equilibrar ambos derechos fundamentales?

No es un tema sencillo. ¿Puede la prensa airear casos sin una mínima base probatoria judicial, permitiendo que las redes dicten sentencia y causen daños irreparables?

Soy de los que cree que la abogacía debe liderar este debate social. Es crucial que tenga un papel primordial para establecer los límites éticos y legales de las redes sociales en la difusión de información sin sentenciar. Es urgente debatir estos temas, definir los límites y garantizar los derechos civiles para una sociedad más justa y responsable en la era digital.

En definitiva, debemos encontrar un equilibrio entre la transparencia y la protección de los derechos individuales. No podemos permitir que las redes sociales socaven la presunción de inocencia y lleven a la muerte civil a personas inocentes. Lo ideal sería que las redes contribuyesen a un debate informado y justo. Pero esto parece utópico en un mundo regido por intereses espurios, donde la condición humana se expresa en su mayor amplitud.

Por ello, es indispensable abordar este debate desde la pedagogía, el realismo y la educación. ¿Cómo lograr que la información preserve la presunción de inocencia? No es un tema fácil, pero es un problema que debe abordarse antes de que Google nos entierre en vida.