Cuando la dirección de los republicanos anunció el lunes un salto de gigante en materia de financiación autonómica en forma de concierto económico para Cataluña parecía difícil de creer, empezando porque sus caras y expresiones en la rueda de prensa delataban más resignación que júbilo. Lo de hacer president a un socialista les dolía en el alma, aunque antes prefieran liquidar políticamente a Carles Puigdemont.

Por su parte, era llamativo el silencio sepulcral de los socialistas catalanes y que el Gobierno, a través de su portavoz, Pilar Alegría, ni confirmase ni desmintiese nada en el habitual encuentro con los medios del martes. La estrategia parecía ser dar barra libre para que ERC se apuntase un buen tanto, explicase su versión de lo conseguido a fin de que las bases no rechazasen este viernes el preacuerdo y no se torciese la elección de Salvador Illa, lo que llevaría a convocar nuevas elecciones. 

Y, sin embargo, esta vez también, como ya sucedió hace un año con la amnistía, al final lo peor es cierto. Al mediodía de ayer se hizo público el documento global del preacuerdo, donde se abordan muchísimos asuntos, básicamente cesiones al relato soberanista, la asunción completa de su política lingüística, la renuncia a algunos proyectos como el Hard Rock o la participación de la Generalitat en la gestión del aeropuerto de El Prat. En materia de financiación, el texto confirma todo lo expuesto por la dirección republicana.

Cataluña saldrá necesariamente del régimen común porque la Generalitat dispondrá de una relación bilateral que se asemeja al concierto económico vasco. Nada de consorcio tributario entre la Administración autonómica y el Estado, como establece el artículo 204 del Estatuto, pues el pacto apuesta por el fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña, que gradualmente asumirá la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la disponibilidad de todos los impuestos soportados en esta comunidad. Para ello recibirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos. En otras palabras, se troceará la Agencia Tributaria Estatal. El único consorcio entre ambas Administraciones será para controlar las inversiones del Estado en Cataluña.

Es cierto que se habla de una solidaridad explícita y transparente con el resto de los territorios, y también de que la contribución catalana a los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de los impuestos recaudados, pero se dinamita el modelo común para establecer una relación confederal, ya que el objetivo explícito es avanzar hacia la plena soberanía fiscal. Evidentemente, esta transformación tardará unos cuantos años en culminarse, pero se inicia, si sale adelante, un punto de difícil retorno hacia un confederalismo de los ricos.

¿Quién le podrá negar a la Comunidad de Madrid el mismo trato? ¿Y también a Baleares? El modelo autonómico en lugar de ahondar en el federalismo camina hacia la desestructuración del Estado. No es que España se vaya a romper, a disgregar, pero sí la unidad de caja, empezando por la eficaz Agencia Tributaria, y cualquier día, en otra ronda de cesiones, le tocará el turno a la Seguridad Social, que es lo que piden insistentemente los soberanistas vascos. Un desastre más. Otro vergonzoso pago a cambio de una investidura.