¿Para qué queremos Tribunal Constitucional si ya tenemos Sala de lo Penal del Supremo? El alegato, con tintes de asonada, que remite la Sala al Constitucional no pregunta sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, sino que se pronuncia de forma grotesca, ideológicamente partidista, socialmente repugnante y jurídicamente penosa. Hay que reconocer que el supuestamente imparcial Tribunal Supremo reconoce que la Amnistía es una ley de naturaleza política. ¡Solo faltaría que no fuera política! A partir de este reconocimiento los miembros de la Sala se despachan a sus anchas contra la ley porque "tienen la convicción" de que es inconstitucional, como si ellos fueran quienes pudieran decidirlo. Lo más chungo de su argumentación es que en las sedes de PP y Vox la han recibido con regocijo porque copia uno por uno los argumentos en contra de poner el contador a cero. 

Lo más sobrecogedor es cuando afirman que los "golpistas", así los llaman aunque la sentencia del propio Supremo no los calificó así en ningún momento, no piden perdón y encima dicen que lo volverán a hacer. Los magistrados deben vivir en su burbuja porque no ven, o no quieren ver, lo que ha pasado en Cataluña. El independentismo cuando ahora dice que lo volverá a hacer se refiere a una utopía porque saben que no van a poderlo hacer, pero el tribunal quiere que sean "vencidos y desarmados". 

Las comparaciones, dicen, que siempre son odiosas. Y tras leer el auto del Supremo lo son. La amnistía no es una ley de amnistía general, sino que amnistía una serie de delitos que se cometieron al albur del proceso de independencia, una causa política, que la política no supo solucionar y los jueces se pusieron la capa de salvapatrias. Su interpretación de la Constitución parece que les sitúa más cómodos en momentos preconstitucionales con un régimen determinado. La ley de amnistía no tiene carácter general sino que pone el contador a cero de una situación a la que no se tenía que haber llegado. Alegar que rompe la igualdad ante la ley es tan miope como estúpida su consideración de grosera discriminación con otros delitos. 

También habría que preguntarse porque solo preguntan por la constitucionalidad del artículo 1. Si tanto "repugna" al derecho constitucional -argumento barriobajero donde los haya- porque no se recurre el conjunto de la ley. Quizás porque si así se hiciera se pondría en cuestión la autoridad de Llarena y Marchena que se cuidan muy mucho de acudir al Constitucional no vaya a ser que les rompa el juguete de poner en jaque a Puigdemont. 

Por si fuera poco, el Tribunal Supremo se erige en interpretador de la realidad catalana. "La condonación de los delitos no contribuye por sí misma a la normalización", dice el auto. Evidentemente no solo, pero ayuda. Además, de la normalización jurídica existe otra cosa que algunos mentecatos no quieren ver: la política. Los indultos primero y la amnistía después han relajado la tensión y el independentismo que antes tenía mayoría absoluta en el Parlament ahora no la tiene y ha perdido de forma estrepitosa las últimas elecciones autonómicas, generales, municipales y europeas. Claro que para llegar a esta conclusión hay que saber sumar y los señores magistrados son de letras. 

El último interrogante. ¿Qué se pretende con este auto, con esta forma de argumentar ante el Constitucional? Primero que decaiga la ley, of course, y segundo ¿no será que los magistrados también quieren que caiga el gobierno? Sin duda lo parece. Dicen los magistrados en su sui generis interpretación que ahora la ley penal solo será para tontos y pobres. ¿Y quienes impartirán la justicia? Los pobres no. Una última recomendación a la Sala Segunda, esa que el exministro del Interior decía que se podía controlar por la puerta de atrás, dedíquense a la política. Como jueces son lamentables. El Supremo es un tribunal de pena.