La semana pasada les hablaba del Tribunal Supremo. Concentraba todo el poder para evitar injerencias del Constitucional y del Tribunal Superior de la Unión Europea en torno a los líderes del procés que fueron condenados y de los huidos. Como en el arte de birlibirloque la Ley de Amnistía se convirtió en constitucional para el Supremo de un día para otro. Así, el Constitucional no metía las manos en la masa y el Supremo podía negarse a otorgar la amnistía por malversación de fondos europeos. El único problema, no menor, es que este delito no figuraba en la sentencia. Con este juego Llarena controla la situación y de paso no presentará prejudiciales en Europa. De momento, no toca. Todo el control para el Supremo.
La sorpresa surge esta semana. La Audiencia Nacional da un duro varapalo a García Castellón y lo deja en evidencia porque hizo mal la instrucción. Sin embargo, la Audiencia podía haberse puesto de perfil y pasar por alto el error si realmente en estos cinco años de instrucción se hubieran encontrado pruebas más allá de algunos mensajes en redes sociales. No se encontraron pruebas fehacientes porque Tsunami Democràtic fue un horror, una algarada en la calle, pero de ahí a terrorismo va un trecho. Y el Supremo lo sabe, como sabe que Europa les hubiera dado un revolcón. Alguien debe pensar que ya que se tiene amarrada la malversación sobre todos los líderes del procés, no convenía imputar delitos esotéricos que los tribunales europeos hubieran descartado y, por tanto, se ponía en peligro lo más importante: el objetivo Puigdemont.
En el momento de escribir este artículo sabemos que el juez Aguirre, que todavía no ha sido apartado de la carrera judicial de forma incomprensible, ha remitido el caso de la trama rusa al Supremo. Ya le han dado cera desde la Audiencia y no quiere otro varapalo. No sabemos que pasará, pero les anuncio que el Supremo dará carpetazo por los mismos motivos que terrorismo. Lo de la trama rusa era una patochada de unos cuantos iluminados, bastante bisoños y fáciles de engañar por algunos listillos, que no llega a la altura de los zapatos de las relaciones íntimas con Rusia por parte de la extrema derecha europea.
Por tanto, sinceramente creo que no es un varapalo a la causa del procés que lleva adelante Llarena, con el necesario respaldo de Marchena y su grupo de fieles, sino que es consolidar el objetivo y no perderse en temas que no tienen la solvencia necesaria y que no pasarían ni un examen en Europa. Dicho de otra forma, conviene concentrarse en lo único que los tribunales europeos aceptaron como motivo de extradición a Puigdemont, la malversación, como apuntó el tribunal alemán. En conclusión, creo que no es un varapalo sino una calculada estrategia del alto tribunal.
La política, mientras, avanza mirando de reojo a los tribunales. En ERC suspiran aliviados y siguen negociando con el PSC. Dicen que todo va bien, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va bien, cómo está la negociación y cuáles son las líneas argumentales del posible acuerdo de izquierdas. Puigdemont por su parte intenta amarrar una unidad independentista que le permita, al menos, presentarse en su investidura y cargarse de razones para impedir la de Illa. El problema de Puigdemont es que tiene difícil presentarse a la investidura. Primero, porque será detenido, y veremos por cuánto tiempo. Si no viene habrá vuelto a decepcionar a los crédulos que piensan que lo de su vuelta es cosa de días y, lo más importante, si no está no se presenta.
El encaje de bolillos continúa. El Supremo parece tener amarrada su cruzada y hay visos de que, por fin, Salvador Illa será presidente de la Generalitat y habrá un gobierno. Los catalanes quieren una solución a este sudoku porque ya son demasiados años, más de una década, perdida y los problemas no han desaparecido. Están ahí. Y el Supremo también. Continuará su cruzada contra los líderes del procés y si cae Pedro Sánchez mejor que mejor. Ahora parece que Puigdemont tampoco está por la labor de hacerlo caer porque sabe lo que le espera con Feijóo y Abascal. Ya era hora, sin duda.