Tanto la investidura de Salvador Illa como la continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez está condicionada, por no decir maniatada, por la reforma de la financiación autonómica. Los independentistas exigen que Cataluña se sitúe fuera del régimen común con base en una nueva excepción que, a la postre, sin llamarse concierto o convenio, se parezca mucho al modelo confederal que disfrutan tanto el País Vasco como Navarra.

Desde ERC, en manos ahora del sector rovirista, poco partidario pactar con el PSC, afirman que no aceptarán nada que no sea un modelo “singular” que permita a la Generalitat controlar la recaudación de todos los impuestos. La disyuntiva política es terrible porque, en lugar de considerar que el concierto vasco y el convenio económico navarro son una anomalía para el desarrollo de un modelo federal, algo que en definitiva debe ser corregido, el debate queda secuestrado por la aspiración tanto de Junts como de ERC de copiar esas dos excepciones en el panorama internacional en financiación regional.

El problema es que como nunca se ha hecho pedagogía entre la opinión pública, ya que tanto PSOE como PP han legitimado los insolidarios resultados del cupo vasco a cambio de obtener el apoyo del PNV, hoy resulta muy difícil que una reforma de la financiación autonómica que contente a los soberanistas no conduzca poco o mucho a desguazar la Agencia Tributaria.

En un documento de lectura imprescindible con propuestas para la reforma de la financiación autonómica, desde el Foro económico de Galicia, plataforma reformista que reúne a profesores, empresarios, investigadores, periodistas, que emula lo que en Cataluña es el Círculo de Economía, se empieza con una denuncia de que “a diferencia de otros países con estructuras federales, ningún otro gobierno central ha renunciado a su control fiscal en una parte del territorio, como ocurre en España. La eventual extensión de este modelo a otras CCAA implicaría una redistribución de los flujos fiscales que acabarían por configurar un sistema totalmente diferente del actual y que, posiblemente, amenazaría la viabilidad futura del país”.

Los autores del texto, María Cadaval, Xoaquín Fernández, Santiago Lago Peñas y Jorge Martínez-Vázquez, consideran esencial evitar que los “tratamientos asimétricos” sean la semilla de “futuros agravios”, por lo que cualquier reforma debe ser validada doblemente, “desde el ámbito de cada comunidad, pero también desde la perspectiva del conjunto del sistema”. La semana pasada, en un debate organizado por la plataforma independentista transversal Acció Catalana, que invitó a la consejera Natàlia Mas y a los exconsejeros Ramon Tremosa y Andreu Mas-Colell a discutir sobre este asunto en el actual contexto político, llamó la atención el rechazo visceral de los tres a la fórmula de consorcio tributario entre la Generalitat y el Estado que contempla el actual Estatuto de autonomía, pero que duerme el sueño de los justos por culpa de unos y otros. A los nacionalistas no les gusta el federalismo, lo temen, lo suyo es el fomento de las singularidades, las excepciones y el disfrute de las anomalías.

Ahora bien, el actual modelo es muy mejorable institucionalmente, pues presenta la paradoja de que el Estado recauda a través de la Agencia Tributaria y las autonomías gastan la mitad de los ingresos en IRPF, IVA y otros impuestos. No tiene ningún sentido que las administraciones regionales no participen en la gestión de la recaudación a través de una fórmula de consorcio que daría contenido federal al modelo de financiación.

Lo exponía este lunes en el Congreso el catedrático Francisco Pérez. Es incongruente que las autonomías no tengan protagonismo en la gestión de los impuestos y su recaudación, o que su influencia sea nula sobre el plan anual de lucha contra el fraude fiscal. Evidentemente, no se está descubriendo nada nuevo. Este es un viejo debate que también levanta mucha suspicacia dentro de la Agencia Tributaria.

Ya en 2017, al ministro Cristóbal Montoro una comisión de expertos le propuso la formulación de una Agencia Tributaria integrada por todos los niveles de gobierno autonómico y local. No lo verbalizaron así, pero se llama federalismo. La única respuesta con sentido que puede ordenar el modelo territorial español y salvar el Estado del propósito declarado de los independentistas de romper sus costuras.