El periodismo siempre ha estado en la diana de los poderes públicos. Incómodo y vigilante para quienes ejercen el poder, ha tratado de ser seducido y controlado a partes iguales por ellos. Es decir, que a lo largo de los años, editores, directores y altos responsables de medios han tenido que usar contramedidas para evitar los misiles de las administraciones que dañaron pero no destruyeron la profesión. De todos modos, un socio del Gobierno, Podemos, ha entrado en una zona de arenas movedizas al traspasar una línea roja: la presentación de una proposición de ley para conocer y hacer público el patrimonio y el capital de aquellos que deciden en los medios de comunicación. Si ese texto prospera, el Ejecutivo contará con su propia ley mordaza, la de tratar que los profesionales de la información levanten el pie del acelerador y que desistan de meterse en líos. 

Intentos de controlar la información han existido siempre. En democracia, de todos modos, la forma era más sutil, más de guante blanco. Los lectores tienen también derecho a conocer que vivimos unos tiempos en los que ha crecido un tipo de periodismo que se ha agarrado al modus vivendi de la necesidad y, por tanto, de enfundarse una camiseta que abarca a multitud de ejemplos desde el periodismo deportivo al político. Es deseable que el foco del periodista provoque inquietud a todo el arco parlamentario y que no se utilice exclusivamente como ariete de unos contra otros. Pero ni la más despreciable de la praxis falsamente periodística como podrían ser las fake news merece una ley como la que ahora se ha esbozado. En primer lugar porque no hay poderes públicos que estén exentos de buscar astucias para dañar al rival y en segundo lugar, y más importante, porque si aparece una fake news el camino de defensa del damnificado debe ser el de los tribunales y no el de la espada de Damocles sobre la cabeza del gremio periodístico.

Ya les avanzo que el espíritu íntimo que mueve la presentación de esa proposición de ley no triunfará. Ignoro si será aprobada o no, me gustaría pensar que la cámara expresará algún tipo de sentido común, pero la mordaza no callará a los medios. Al contrario, los espoleará. ¿Por qué hay que controlar el patrimonio de los informadores? Analicen su trabajo y, si hay una práctica desleal, denuncien a los tribunales. Pero olvídense de convertirse en la Santa Inquisición de aquellos que escriben o locutan del mismo modo que no se les pide una radiografía económica a los cirujanos del país, o a los rectores de las universidades, ni tampoco tenemos detalles de todas las actividades de los políticos. Por ejemplo, ¿no tienen ustedes curiosidad en saber cuánto vale el contenido real de los armarios de la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Si recuerdan al mítico Coyote tratando de echar el lazo al Correcaminos entenderán que esta historia acabará de igual modo. De momento, alguien ha cavado un agujero en el camino con un cartel que reza: “Trampa para cazar periodistas molestos. Marca Acme”. El Correcaminos en lugar de caer elude el engaño y el Coyote se desespera. Padres de la patria, no pierdan el tiempo. Mec, mec.