Aún bajo la conmoción por el batacazo del PSOE en las elecciones gallegas, la legislatura sigue siendo un caballo desbocado en el que cada día hay un sobresalto: la ley de amnistía, clave para desencallar la legislatura, continúa sin acuerdo y nadie sabe exactamente cómo van a acabar las negociaciones; la batalla político-judicial está en su apogeo y nadie sabe tampoco si se impondrán la fiscalía y el sentido común o la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que debe decidir si se imputa a Carles Puigdemont por “terrorismo”, y, finalmente, aparecen casos de corrupción relacionados con la pandemia que por primera vez afectan a los socialistas.

Todo se ha dicho y escrito ya sobre las elecciones en Galicia, esta vez sin grandes discrepancias en los análisis, pero recodarlo nunca estará de más. El PP, con 700.000 votos, ha renovado su mayoría absoluta –la quinta consecutiva–, aunque haya bajado de 42 a 40 escaños; el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha sido el segundo triunfador de las elecciones, subiendo seis escaños, hasta 25, y se consolida como alternativa nacionalista al galleguismo transversal del PP, hasta ahora dominante; el PSOE se ha hundido perdiendo cinco escaños (de 14 a 9), el peor resultado de su historia y lo ha hecho, entre otras razones (cambio constante de candidatos, no ofrecer una alternativa creíble, etcétera), por haber abordado las elecciones como un partido subalterno del BNG, al que todas las encuestas daban como segundo, capaz de disputarle la mayoría al PP.

El resto son anécdotas, como el triunfo del populismo local de Democracia Ourensana, que ha obtenido un diputado por Orense, pero que el PP ni siquiera necesitará para gobernar. Vox ha sido absorbida por los populares y sigue siendo inexistente en Galicia (2,2%). Y el descalabro de las formaciones a la izquierda del PSOE es para hacer una reflexión profunda sobre el futuro de Sumar y Podemos, y más si siguen divididos y peleados. Sumar no ha llegado a los 30.000 apoyos (2,2%) mientras que Podemos (0,26%) ha sacado 1.500 votos menos que el PACMA, el partido animalista.

Tres días después de las elecciones gallegas, la máquina judicial da otra vuelta de tuerca en el caso Tsunami Democràtic, pero esta vez para exculpar a Puigdemont. La número dos de la fiscalía del Supremo desmonta en un informe las acusaciones del juez Manuel García-Castellón, a las que califica de “conjeturas carentes de base fáctica” o de “sospechas”, y, sin pronunciarse sobre si hubo o no terrorismo en las actuaciones de Tsunami, aboga por archivar el caso y devolverlo a la Audiencia Nacional, cuyo fiscal tampoco ve terrorismo ni pretende inculpar a Puigdemont.

Este asunto demuestra una vez más las abismales diferencias entre juristas al calificar un caso. El escrito de García-Castellón fue revalidado por la junta de fiscales de lo Penal al examinar si hay indicios de terrorismo (12 a 3) y si Puigdemont debía ser imputado (11 a 4), pero, como sus dos jefes discrepaban, la decisión, no vinculante, pasó a la teniente fiscal del Supremo, que, ante los mismos hechos, llegó a conclusiones opuestas que García-Castellón y que los fiscales que le respaldaron. Ahora debe decidir la Sala de lo Penal del Supremo, que puede perfectamente dar la razón a García-Castellón, prolongar la imputación del expresidente de la Generalitat y bloquear la amnistía.

Y mientras todo esto ocurría, estalla el caso de corrupción que salpica al exministro de Transportes José Luis Ábalos e implica, sobre todo, a su mano derecha, Koldo García Izaguirre, en el que la Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias en una trama que imputa al asesor del ministro en el presunto cobro de comisiones por contratos públicos por valor de más de 50 millones de euros para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

La sociedad implicada, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, pasó de facturar 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020. El juez que lleva el caso en la Audiencia Nacional tasa en al menos 16,5 millones los beneficios obtenidos por la trama solo con los contratos con el Ministerio de Transportes. Koldo García quedó el jueves en libertad con medidas cautelares tras haberse negado a declarar ante el juez.

Este caso pone a prueba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ver si su respuesta está a la altura de las que el PSOE ha exigido al PP en sus numerosos casos de corrupción. Es el caso de corrupción más importante que afecta al Gobierno y más en un tema tan sensible como los negocios vinculados a la pandemia, en la que, en la época investigada, morían cada día cientos de ciudadanos.

Sánchez quiere esperar a conocer el sumario –el juez levantó ayer el secreto– para pronunciarse, pero no parece que los acontecimientos le permitan más espera. En el Gobierno ya se oyen voces –María Jesús Montero, Margarita Robles– que le piden a Ábalos que deje su escaño de diputado.

O Sánchez toma decisiones drásticas, o la legislatura empezará a parecerse, salvando las distancias, que aún son muchas, a la de 1993, la última de Felipe González, repleta de casos de corrupción y de escándalos como el de los GAL, las escuchas telefónicas de los servicios secretos y otros.