Al cumplirse el lunes pasado, 4 de diciembre, los cinco años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces ha vuelto al debate político. Dos días después, en el 45 aniversario de la Constitución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invitó al PP a reunirse para abordar la renovación, mientras que el líder de la oposición acusó de nuevo al Ejecutivo de querer controlar a los jueces. El proyecto del PP es “garantizar la independencia del poder judicial” mientras que “el proyecto del Gobierno es controlarlo”, dijo.

Los hechos, sin embargo, desmienten las buenas intenciones de Feijóo. Con el bloqueo de cinco años del CGPJ, el PP lleva 10 controlando el poder judicial porque siguen en su cargo 10 de los vocales elegidos en 2013, durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Estos 10 vocales forman la mayoría del consejo y entre ellos hay ocho que mantienen una posición hipercrítica con el Gobierno. En 2022, boicotearon durante meses la renovación del Tribunal Constitucional para impedir la mayoría progresista que finalmente se alcanzó y recientemente han encabezado la movilización contra la ley de amnistía, incluso antes de conocerla, y el rechazo a la renovación del fiscal general del Estado.

La estrategia de boicotear la renovación del CGPJ cuando el PP está en la oposición no es nueva. La utilizó ya José María Aznar en 1995-96 y la recuperó Rajoy entre 2006 y 2008. En este último caso el bloqueo duró un año y 10 meses, superado de largo por el actual de cinco años. El boqueo incumple la Constitución y su efecto más perverso es conseguir que el CGPJ no refleje las nuevas mayorías progresistas en el Parlamento, como ocurrió en la última etapa de Felipe González y en la de José Luis Rodríguez Zapatero. Mediante los bloqueos sucesivos, el PP se ha garantizado que el gobierno de los jueces haya tenido mayoría conservadora en 22 de los últimos 27 años, en los que el PP solo ha gobernado en 15 (ocho años Aznar y siete Rajoy).

En el bloqueo actual, el PSOE ha contabilizado hasta 29 excusas distintas del PP para impedir la renovación, que estuvo cerrada en dos ocasiones, pero en ambas se frustró. Después de los argumentos en contra en la etapa de Pablo Casado, Feijóo añadió nuevas excusas. En mayo pasado, el PP condicionó la renovación a la reforma previa de la ley para que los 12 vocales jueces fueran elegidos directamente por los jueces (ahora los elige el Parlamento a partir de una lista propuesta por las asociaciones judiciales). Los otros ocho vocales son elegidos por el Congreso y el Senado entre juristas de reconocido prestigio.

El PP ha venido sosteniendo que esta es la posición de la Unión Europea, pero el comisario de Justicia, Didier Reynders, fue muy claro el lunes al decir que primero había que renovar el CGPJ con la ley actual y después elaborar otra ley para que los jueces participaran directamente en la elección. Ante la contundencia de Reynders, en teoría aliado del PP, Feijóo reculó y aceptó renovar el Consejo con la ley actual y, simultáneamente, elaborar la nueva ley. Pero esta posición no es la que defiende la UE, en la que, por otra parte, coexisten diferentes modelos de elección.

Sánchez y Feijóo se reunirán este mes de diciembre para abordar la renovación del CGPJ, sin muchas esperanzas de llegar a un acuerdo. El presidente del Gobierno está abierto a la posibilidad de que se le rebajen al CGPJ competencias para facilitar su renovación, como ha propuesto el actual presidente, Vicente Guilarte. Según su propuesta, el CGPJ ya no nombraría a los presidentes de las audiencias territoriales ni a los de los tribunales superiores, que serían elegidos por los jueces, ni a los magistrados del Tribunal Supremo, que lo serían por una comisión de notables integrada por magistrados y otros juristas. Con el bloqueo actual y la imposibilidad de hacer nombramientos, quedan por cubrir 85 plazas en los principales órganos judiciales (23 de 79 en el Supremo).

El PP no ve con buenos ojos esta propuesta de Guilarte porque despoja al CGPJ de los poderes de nombrar altos cargos judiciales y magistrados del Supremo. La verdadera razón de que el PP quiera que los 12 vocales jueces sean directamente elegidos por los jueces, y no por el Parlamento, no es la independencia judicial, sino que se mantengan las mayorías conservadoras. La inmensa mayoría de los jueces son conservadores y con la elección directa el CGPJ seguiría teniendo mayoría conservadora.

¿Quién controla y controlará, pues, el poder judicial?