El acuerdo firmado entre el PSOE y ERC contempla el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat, a través de la creación de una empresa mixta que será participada por la Administración General del Estado y la Generalitat, y en la que ésta nombrará al presidente que gozará de voto de calidad. Los acuerdos que los estatutos establezcan como estratégicos se adoptarán con una mayoría cualificada del consejo.
Desde diciembre del 2009 la Generalitat es la titular del servicio de cercanías ferroviarias y, desde noviembre del 2010, de los regionales de transporte de viajeros. Por lo tanto, la responsable de la planificación, de la política tarifaria y de la calidad del servicio. Con la aceptación de la propuesta de creación de la empresa mixta la Generalitat está reconociendo que el operador FGC no tiene la capacidad técnica y económica suficiente para operar dichos servicios.
El traspaso integral no se refiere solamente los activos de los recursos humanos y el material móvil del operador, sino también a una parte de las infraestructuras cuyos trazados transcurren solo por territorio catalán, es decir la R1, R3 (tramo hasta Puigcerdà) y R2 sur, pero no afectan a la R4 a Manresa. Lo anterior supondrá un reparto de activos y competencias entre los dos gestores de infraestructuras ferroviarias: IFERCAT (Generalitat) y ADIF (Ministerio de Transporte) lo que, sin duda, introduce un mayor grado de complejidad en la explotación.
El traspaso, que supone trocear la Red de Interés General, exige la coordinación en la gestión de los centros de control compartidos para no dificultar aún más la explotación ferroviaria. Se generan algunas dudas sobre que la participación de IFERCAT -y su falta de experiencia- pueda suponer una mejora de la gestión del servicio.
Como sabe cualquier experto en la gestión ferroviaria, puede ser un grave error segregar las competencias en “circulación y autoridad”, que han de ser unitarias. “Trocear la red no favorecerá la eficacia de la gestión de la operación”. Un factor añadido de complejidad será analizar las posibles compensaciones económicas que se deriven de las incidencias producidas en los diferentes servicios gestionados por los distintos operadores en las redes compartida.
El sistema ferroviario de Cataluña pasará a tener todavía más actores (operadores y gestores de infraestructuras) condenados a entenderse. Será necesario y urgente impulsar la coordinación entre las instituciones que planifican la estrategia (AGE y Generalitat), el táctico que corresponde a las autoridades del transporte que organizan los servicios (ATM) y los operadores (Renfe, FGC, TMB).
El principal elemento de complejidad e incertidumbre y la clave del buen funcionamiento de Rodalies no está en la gestión, sino principalmente en la financiación. Es urgente que la Generalitat acepte por fin la necesidad de un “contrato programa” que regule administrativa y financieramente la asunción por el MITMA del coste del servicio que ascendió el último año a los 335 millones de euros de déficit.
El traspaso y la creación de la empresa mixta supone sin duda un elemento adicional de conflictividad laboral, que exigiría un convenio de colaboración entre la nueva empresa y Renfe que blinde la movilidad de los trabajadores. Habrá que tener en cuenta la liberalización de las cercanías impuesta por la CE para el 2027, lo que supondrá en su momento abrir un proceso de licitación para elegir la empresa operadora, lo que sin duda podría afectar a la empresa mixta.
Como elemento positivo del acuerdo habría que destacar la participación de la Generalitat en la empresa mixta, lo que evitaría la permanente instrumentalización política de las incidencias en la red ferroviaria, lo que podría suponer que no se abrirán las telenoticias en TV3 con las incidencias diarias en la red. La involucración de la Generalitat podría, sin duda, ayudar a mejorar el servicio. Su incorporación, lo que se había negado hasta el momento, a la oficina de coordinación del Plan de Rodalies 2020-2030 para su control y seguimiento, sería sin duda un dato positivo. Un plan que contempla más de 6.300 M€ de inversión en infraestructuras (señalización, comunicaciones digitales …) y en la renovación del material móvil. En la actualidad ya se han ejecutado más de 1.000 millones.
Aparte de la complejidad de la propuesta, cuyos detalles técnicos hemos intentado resumir, hay otro elemento que podría dificultar su implementación: la permanente confrontación en el seno del secesionismo. En el último debate del Parlament de Catalunya, el portavoz de Junts denunció “que el traspaso no era integral en cuanto a la gestión y a la decisión sino que era una simple cogestión con derecho de veto del Estado”, dado que aquellos acuerdos que se consideren estratégicos necesitarán de una mayoría cualificada del consejo.
Todo abierto en la negociación para la implementación y la puesta en marcha de los mecanismos de seguimiento y control del traspaso durante la presente legislatura. La complejidad, tanto técnica como política, del mismo permite augurar un cúmulo de dificultades para implementar un calendario realista y ejecutable.