El coste de la investidura de Pedro Sánchez

Dicha necesidad ha favorecido la consecución de los objetivos de las formaciones nacionalistas catalanas y vascas, justificado el voto a las anteriores opciones en unas elecciones generales y otorgado a ellas una influencia en las decisiones gubernamentales muy superior a la explicada por la aritmética.

En otras naciones europeas, su representación equivale a la de un partido bisagra que difícilmente obtiene más del 10% de los escaños. A pesar de ello, algunas veces el anterior porcentaje les proporciona la capacidad para decidir quién será el próximo presidente del Gobierno y el número de años que durará en el cargo.

La principal divergencia con respecto a otras formaciones bisagra, como el Partido Liberal de Alemania, está en sus objetivos. A diferencia de este, los partidos nacionalistas catalanes y vascos no buscan el progreso del conjunto del país, sino solo el de su comunidad autónoma. En ocasiones, lo que es bueno para la segunda, es perjudicial para el primero.

A las anteriores formaciones nacionalistas, la coyuntura inicialmente descrita les ha permitido obtener numerosas prebendas de los sucesivos líderes del PP y PSOE. Unos logros convertidos en estrategia política por Jordi Pujol y conocidos popularmente como “peix al cove” (pájaro en mano). Durante el procés independentista, una opción desdeñada por Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pues los tres la calificaban como “pantalla pasada” por ser autonomista y escasamente ambiciosa.

En las negociaciones previas a la investidura, el intercambio de concesiones a las comunidades por votos lo inauguró Felipe González en 1993. Lo hizo a instancias de CIU y supuso ceder a las autonomías un 15% de la recaudación del IRPF y el acceso a la gestión de los fondos de cohesión europeos.

En 1996, la factura pagada por José María Aznar fue sustancialmente más onerosa que la sufragada por su antecesor. Los nacionalistas catalanes tenían la experiencia de la anterior negociación y eran conocedores de que era la última oportunidad del líder del PP para ser presidente del Gobierno. Debido a ello, aumentaron sustancialmente sus peticiones y obtuvieron el traspaso de la mayor parte de las competencias solicitadas.

Entre ellas, destacaron la transferencia del INEM y las políticas activas de empleo a la Generalitat de Cataluña. A todas las comunidades, la cesión del 30% de la recaudación del IRPF, la capacidad para cambiar tipos impositivos e introducir bonificaciones en dicho tributo y una participación en los ingresos generados por el IVA y determinados impuestos especiales.

Las concesiones de Zapatero fueron antes de los comicios de 2004. En esta ocasión, a los dirigentes nacionalistas del PSC y a Esquerra Republicana. Para obtener el voto de los primeros en la elección de secretario general del PSOE, dio su respaldo a la reforma del Estatut de Cataluña. Para contentar a unos y a otros, prometió respetar íntegramente el texto acordado en el Parlament. No obstante, no cumplió su promesa, pues el Congreso redujo la magnitud de sus prebendas y posteriormente lo hizo aún más el Tribunal Constitucional.

En su segunda legislatura, Rajoy también claudicó ante el nacionalismo vasco. No lo hizo delante del catalán porque el procés independentista impidió cualquier acuerdo con CiU, sus sucesores y ERC. De repente, desaparecieron las diferencias entre el Gobierno español y el vasco sobre la liquidación del cupo durante la década anterior. El primero asumió la mayor parte de la reclamación del segundo y le devolvió 1.400 millones €. En contraprestación, el PNV apoyó el proyecto de presupuestos del Estado de 2017.

En el actual año, Pedro Sánchez pagará una factura más onerosa que cualquier predecesor por su investidura. En primer lugar, porque no ha ganado las elecciones; en segundo, por su mayor debilidad parlamentaria. A los anteriores presidentes, un único partido nacionalista les podía convertir en un jarrón chino; en cambio, al líder socialista pueden derrocarle tres (Junts per Cataluña, ERC y PNV).

En esta ocasión, las principales prebendas no serán económicas, sino judiciales. Las primeras no constituyen ninguna novedad, las segundas sí. La amnistía socava la igualdad de los españoles ante la ley (artículo 14 de la Constitución) y corrige la actuación de los jueces al conceder unos políticos a otros a la amnistía a cambio de los votos de sus partidos en la sesión de investidura.

No obstante, las concesiones económicas acordadas son más lesivas que las anteriormente pactadas. En primer lugar, porque premian a las gobiernos de las comunidades peor gestionadas, si a todas la Administración Central les perdona la misma proporción de deuda que a Cataluña. El pacto entre PSOE y ERC supone la condonación por parte del Estado de 15.000 millones de pasivo de la primera autonomía y equivale a un 17,75% de su endeudamiento de 2022.

En segundo, el método escogido genera una discriminación entre autonomías, pues no tiene en cuenta el número de habitantes ni los km de superficie de cada una de ellas. Así, por ejemplo, dicha condonación en Cataluña y Comunidad Valenciana reduce la deuda per cápita en 1.925 y 1.915 €, pero en Madrid y Andalucía solo lo hace en 915 y 791 €, respectivamente.

En tercero, los pasivos de las distintas autonomías no desaparecen, sino que de una u otra manera son asumidos por la Administración Central. Por tanto, el resultado es una transferencia de renta desde los ciudadanos de las comunidades más austeras, siendo estas las que poseen una menor deuda por habitante, hacia los de las más despilfarradoras.

La transferencia de Cercanías a la Generalitat de Cataluña constituye un traspaso integral de las líneas acordadas, pues incorpora a la empresa operadora del servicio, la infraestructura (vías, estaciones y cocheras) y el material móvil (trenes y máquinas). Durante la próxima legislatura, una cesión que dudo mucho que se extienda a la mayor parte del resto de autonomías, a pesar de la promesa realizada por el PSOE.

No obstante, lo más importante es quién sufraga el déficit del servicio y efectúa las inversiones destinadas a mejorar la red. En el primer caso, no se cumplirá el refrán quién paga, manda, pues la primera acción correrá a cargo del Estado y la segunda de la Generalitat. Aunque se creará una empresa con representación de ambas Administraciones, la catalana tendrá más miembros en su Consejo.

En los próximos años, el capital invertido provendrá del Estado y muy probablemente su aportación relativa será superior en las comunidades con partidos nacionalistas que en aquellas cuyos representantes pertenezcan a formaciones de ámbito estatal. Una discriminación que perjudicará a las segundas y supondrá un lastre a su desarrollo económico.

En definitiva, desde 1993 han sido habituales las concesiones económicas y el traspaso de competencias a las comunidades para satisfacer los deseos de los partidos nacionalistas catalanes y vascos. No obstante, la gran novedad la constituyen los privilegios otorgados a los participantes en el procés independentista y la eliminación de la separación de poderes propia de una democracia liberal.

La gran fragilidad del nuevo Gobierno y la intención de Pedro Sánchez de conservar el poder a casi cualquier precio auguran que las cesiones no han finalizado, sino que las actuales solo constituyen un punto de partida. Por ello, el riesgo de conversión de España en un Estado Confederal ya no es minúsculo.

Una entidad donde algunas de las autonomías más ricas, como el País Vasco y Navarra, no financie a las más pobres, sino que el conjunto del país le transfiera renta a ellas. Es lo que ha sucedido desde la llegada de la democracia y nada hace prever un cambio, sino un aumento de las transferencias hacia ambas. Por eso, los líderes más pragmáticos del PNV no quieren la independencia completa, sino una de facto. Con la primera, se les acabaría el chollo que supone en la actualidad el cupo vasco, con la segunda lo seguirían disfrutando.