El 7 de junio de 2021, poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez concediese los indultos a los condenados en el juicio del procés, Oriol Junqueras dio a conocer una importante carta en la que reconocía que la independencia no era posible ahora mismo, renunciaba a la unilateralidad, aceptaba que la actuación del Govern de la Generalitat en 2017 tampoco fue vista como legítima por una parte de la sociedad catalana, y aseguraba que había llegado el momento de la reconciliación social.

Ese giro de 180º en el discurso de ERC supuso un respaldo para el riesgo que había asumido Sánchez al conceder unos indultos que, recordémoslo, fueron parciales, no afectaron a la malversación, y mantuvieron a los condenados fuera del ejercicio de cargos electos. El perdón por sedición y desobediencia llegó además tras haber cumplido la mayoría de ellos tres años de cárcel. Frente a las críticas furibundas del PP y Vox, muchos fuimos los que desde el constitucionalismo catalán saludamos esa medida de gracia como positiva e inteligente.

Nada que ver con lo que se intenta ahora con la amnistía como moneda de cambio para una investidura, que conceptualmente supondría dar la razón a los independentistas y situaría la democracia española fuera de juego en Europa, entre otras muchas razones para rechazarla. Resulta llamativo que, hoy por hoy, Sánchez pretenda que Carles Puigdemont, que se mostró muy crítico con los indultos y, más aún, con el cambio de posición de ERC, vaya a modificar su discurso. Sorprende que desconozca que en Junts no van a aceptar una ley de amnistía que en su parte expositiva suponga una deslegitimación del procés y una renuncia a la unilateralidad.

La víspera de la conmemoración del fusilamiento de Lluís Companys (el muerto más manoseado de la historia de Cataluña, con el que los separatistas atizan cada año al Estado, exigiéndole nuevas y absurdas restituciones), el expresident fue inequívoco cuando afirmó en Instagram: "Hoy España tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos". No hay más preguntas, señoría.

Mientras tanto, la fecha para la investidura del líder socialista sigue posponiéndose, sin que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ejerza de auténtica tercera autoridad del Estado, independiente de los intereses del Ejecutivo en funciones y de su propio partido. Su obligación institucional es poner ya fecha a ese debate y votación para que haya tiempo para explorar otras alternativas, en caso de fracaso, antes de que el 27 de noviembre se disuelvan las Cortes. Y, pese a todo, Sánchez sigue alimentando con increíble optimismo el escenario de un acuerdo, trasladando la impresión de que está dispuesto a todo por lograr un encaje de bolillos, cuando a estas alturas haría mejor en cubrirse las espaldas frente al riesgo de repetición electoral.

Ayer, el expresidente del Gobierno Felipe González, una voz política muy autorizada, a quien no se le puede acusar de deslealtad con su partido, pues apoyó públicamente los indultos y guardó silencio con la reforma del Código Penal, dijo en una entrevista en A3 que la amnistía “más que un fraude, es una estupidez”. El cisma que se puede producir dentro del PSOE con este asunto no lo refleja el silencio de los corderos del grupo parlamentario.

Sánchez pretende un acuerdo con Puigdemont que conceptualmente es imposible, y que abriría, en caso de materializarse mediante fórmulas equívocas, el melón del referéndum. A medida que pasan las semanas lo único que Sánchez está consiguiendo es cavar un enorme hoyo de desconfianza con muchos de sus votantes a donde lo enviarán en caso de repetición electoral.