Vivimos tiempos convulsos, tiempos en los que la política nacional se sitúa en unos límites casi insoportables de incandescencia que acaba por contaminarlo todo, o casi todo. De ello podemos dar fe en Barcelona, esa capital nuestra que tiene tantas cosas que corregir para volver a ser lo que fue en materia municipal pero que en ocasiones sus mandatarios siguen empeñados en enredar su futuro con asuntos de otra índole. La última ocurrencia podíamos leerla esta pasada semana en este medio con la colocación en la acera frente a la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana de unas baldosas con mensaje. Justicia, reparación, memoria y verdad es la leyenda que puede leerse frente al edificio insignia de la Policía Nacional en Barcelona.
La verdad es que en esta época que tantos se llenan la boca de potenciar la convivencia --aunque para ello haya que retorcer los textos legales que sean necesarios para que la famosa amnistía pueda hacer felices a unos cuantos-- no se sigue el mismo ejemplo con una de las instituciones clave del Estado. Afearle la conducta a la Policía Nacional para lograr que la vieja aspiración de comunes e independentistas de echar al cuerpo policial de su emblemático edificio vea la luz no es ni conveniente, ni justo ni necesario. Hay que tener un respeto más escrupuloso con las instituciones. Y la Policía Nacional lo es. La ciudadanía debe ejercer el máximo tono fiscalizador con las acciones de quienes velan por nuestra seguridad, por supuesto, pero es inadmisible ese modo de faltar al respeto a un colectivo al que la seguridad de Cataluña le debe tanto. Si un agente se pasa de la raya que establece la ley debe ser escrutado y pagar por ello, pero a nivel institucional debe prevalecer el respeto institucional porque de lo contrario se nos va al garete una de las esencias de la democracia.
Una institución no puede permitir que otra institución, la municipal, ponga en duda la catadura moral del cuerpo. Ya sabemos que durante la dictadura los calabozos de Jefatura vivieron abusos, los mismos abusos que podían hallarse en cualquier eslabón de la sociedad que le tocó vivir bajo el control de una dictadura. Pero no por ello podemos ni incriminar ni juzgar a quienes hoy representan a esa institución, del mismo modo que no colocamos frente al ayuntamiento, por poner un ejemplo, ninguna leyenda en la que se recuerde que en sus despachos se tomaron decisiones durante el franquismo que, hoy en día, algunas de ellas ni serían legales ni moralmente admisibles. Si empezamos a señalar a todos los colectivos que abusaron de otros durante la dictadura nos faltarán baldosas con mensaje para tunear el espacio urbano de la ciudad. El ayuntamiento actual debería darle una vuelta a la decisión de colocar esas palabras frente a Jefatura. Creamos en los que trabajan por el bien común y seamos rectos en el cumplimiento de la ley. De lo contrario esto será la ley de la selva y eso es lo que menos le conviene a esta ciudad.