A principios de septiembre nos encontramos con la noticia de que un juzgado contencioso de Barcelona había dictado una sentencia sobre el programa de la Superilla Barcelona, los también llamados ejes verdes de la ciudad. Consideró que no se había respetado la normativa administrativa y debía revocarse el acuerdo sobre las obras y esto llevaba a una consecuencia directa, se debe volver a la situación anterior. Es decir, había que rehacer la calle Consell de Cent y eliminar las modificaciones hechas en su estructura.

La motivación de la sentencia es muy clara los acuerdos adoptados son nulos por cuanto se estaba modificando el Plan General Metropolitano y no lo habían hecho por el cauce adecuado. Ello conlleva anular su aprobación y, por tanto, retrotraer sus efectos que no son otros que deshacer las obras realizadas.

Independientemente de la trascendencia que pueda tener la sentencia a nivel económico y, sobre todo, a nivel de cómo puede afectar a los ciudadanos otra obra en la ciudad, nos encontramos con que el Ayuntamiento de Barcelona ha sido condenado por no seguir el procedimiento adecuado que establece la normativa urbanística. Ha sido un tribunal el que le ha tenido que recordar cómo debe aprobar sus resoluciones. Ello nos lleva a la consideración de que, actualmente, las instituciones administrativas y, en concreto, el consistorio barcelonés no aplica de forma correcta la ley. O, mejor dicho, no respeta los procedimientos legales para su toma de decisiones.

Esto se puede deber a una ignorancia de la ley o bien a un intento de saltarse la misma, o bien a un conjunto de ambas. Sinceramente, no sé qué es peor, que los organismos públicos desconozcan su propia normativa o bien que pretendan saltársela para llevar a cabo sus objetivos. Que los quieran aplicar a toda costa sin tener en cuenta que están invirtiendo una cantidad muy importante de dinero en ello, en especial en el contexto económico actual.

Pero, es más, debemos tener en cuenta que estos ejes verdes no solo han costado una ingente suma de dinero para su construcción, sino que también ha afectado de forma notable al comercio de la zona. Esta actividad económica ha tenido que sufrir una disminución de sus ingresos como consecuencia de las mismas. Y, ahora, ¿tendrían que volver a soportarlo? Parece ser que no porque la parte demandante ya ha anunciado que no solicitará la ejecución de la sentencia, pero esa no es la cuestión.

De un tiempo a esta parte nos encontramos con que existe por parte de todos los poderes públicos un total desconocimiento de su institución y de la normativa que la rige. Inexorablemente todas sus resoluciones acaban en los tribunales no solo por su contenido, sino porque no se ha seguido el procedimiento previsto.

Esto lleva a una consecuencia muy evidente, la inseguridad jurídica. La norma que ahora se ha aprobado o la decisión que ha tomado un organismo público acaba en un tribunal para que resuelva sobre su antijuridicidad o bien si se han seguido los trámites correctos para poder dictarla. Y, evidentemente, ese tribunal no va a resolver en un período corto de tiempo, con lo que esa situación de inseguridad se va a alargar y generará efectos que no van a desaparecer. Si se declara su nulidad, en la gran mayoría de los casos, no va a tener efectos retroactivos.

Por tanto, los ciudadanos no solo sufrimos unos organismos públicos que no conocen su trabajo, sino que ese mal trabajo nos va a producir consecuencias y no rectifican.

Volviendo al caso, nos encontramos en que la propia sentencia resalta que, con posterioridad a la adopción de esta resolución por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y el inicio del procedimiento judicial, se dictaron dos acuerdos en los que un grupo municipal ya les advertía sobre las deficiencias que existían. Pero se hizo caso omiso a las mismas y eso que ya el procedimiento judicial se había iniciado. Las conocían porque ya se les había advertido que la demandante tenía razón, pero no rectificaron.

Creo que es necesario cambiar. No podemos continuar así y se debe dar un vuelco a esta situación. No es de recibo que la parte demandante impugne en los tribunales y luego tenga que valorar no ejecutar la sentencia porque los efectos que se derivarán de ella aún van a ser peores. Es lo que sucede en el presente caso. No ejecutarán la sentencia por las consecuencias que conlleva el deshacer las obras y los perjuicios que pueden tener para los vecinos y para la ciudad en general.

En definitiva, esta situación tiene que parar. Necesitamos seguridad jurídica y que las decisiones de la administración, ya sea tanto aprobando normativa como los acuerdos que adopten sobre actuaciones que se tengan que realizar, sean correctas. Nos pueden gustar o no, pero deben respetar la legalidad. Debemos evitar este sobre coste continuo por las deficiencias en realizar su trabajo.