Tengo la suerte de vivir muy cerca de la calle Consell de Cent y puedo afirmar que me siento afortunado, aunque eso no me impidió en su día criticar a fondo el proyecto de las superillas. Consideraba entonces, y lo mantengo todavía, que destroza la función estratégica del Eixample y genera nuevas desigualdades. La prueba es que no es posible extender el modelo de superillas a todo el distrito central, como si se tratase de un casco histórico peatonizable, ya que la movilidad y la economía de la metrópolis colapsarían. Aisladamente, el nuevo Consell de Cent está bastante bien, para vivir y pasear, pero es y será una excepción, lo que genera agravios con otras calles que están absorbiendo el tráfico rodado que ahora no pasa por allí. No obstante, deshacer ahora mismo las obras que tanto dinero han costado y que han torturado a los vecinos durante más de un año sería injusto y un despropósito mayor. La sentencia del Juzgado número 5 de Barcelona llega tarde, algo con lo que Ada Colau, siendo alcaldesa, ya contaba, pero deja al desnudo las formas autoritarias de hacer del colauismo, desalojado por fin del Ayuntamiento de Barcelona. El juez no entra en las cuestiones de fondo, sobre el modelo urbanístico y el papel del vehículo privado, sino sobre las formas, la legalidad de la actuación del anterior gobierno municipal. La abogada Anna Carlero ha resumido muy bien en Metrópoli los tres grandes argumentos del Juzgado número 5 para condenar la reforma llevada a cabo: modifica el Plan General Metropolitano a través de simples proyectos de reurbanización, carece de un estudio socioeconómico y medioambiental, y no justifica el fraccionamiento de las obras.

Los opinadores supuestamente progres ya han levantado la voz contra la sentencia, calificándola de “andanada reaccionaria”. Hay quien ha señalado que pretende revertir el avance verde de la ciudad, como si todas las peatonalizaciones anteriores, que son muchísimas, no existieran, o la ciudad no llevara décadas creciendo en parques, zonas verdes y sostenibilidad en general. Ahora bien, Barcelona tiene unos límites geográficos insalvables y una altísima densidad, lo que imposibilita determinados planteamientos medioambientales que son posibles en otras ciudades europeas. La sentencia sobre Consell de Cent no va a cambiar nada, puesto que la propia entidad demandante, Barcelona Oberta, cuya labor es muy interesante, no va a exigir su ejecución. El alcalde Jaume Collboni va a defender lógicamente los intereses del ayuntamiento frente a la justicia, pero está claro que no suscribe las formas de hacer del colauismo, y la decisión judicial es un recordatorio de lo importante que es respetar las formas y buscar el diálogo y el acuerdo, sobre todo en urbanismo. En efecto, “una sentencia para cambiar de rumbo”, como ha escrito Albert Gimeno. En Barcelona hay ganas de pasar página al clima de crispación y división de la etapa Colau, y esa sentencia brinda todo un veredicto sobre su mal hacer.