Que la amnistía es muy probablemente inconstitucional, bien, ¿y qué?, piensan cínicamente en la Moncloa. Hacemos una ley, se tramita, aunque sea con la opinión en contra de los letrados del Congreso, y traspasamos la patata caliente al Constitucional, que tardará un par de años o tres, como mínimo, en resolver. Que es inconstitucional, mala suerte para Carles Puigdemont y cía. Ya pasó antes con la reforma del delito de malversación que el sabelotodo de Jaume Asens patrocinó como hace ahora con la amnistía. ¿Quién mínimamente informado podía ignorar la jurisprudencia del Supremo sobre el concepto “sin ánimo de lucro”? En Presidencia del Gobierno seguro que no, incluyendo al tontorrón de Félix Bolaños. Ahora bien, tampoco hay que descartar que el alto tribunal actuase frente a una amnistía política igual que hizo con la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro aprobada en 2012. Cinco años más tarde, la declaró inconstitucional, porque obviamente rompe el principio de igualdad entre españoles, además de por otras consideraciones técnicas, pero dejó la sentencia sin efectos prácticos y permitió que la declaración de renta de los defraudadores no fuese revisada. Imagínense que, para entonces, Puigdemont, tras haber regresado a Cataluña como si fuera Tarradellas (“ja torno a ser aquí”, seguro ya tiene pensado decir desde el balcón), es de nuevo president de la Generalitat. No me imagino al Constitucional desposeyéndolo de su cargo ni ordenando la reapertura de los procesos judiciales contra cientos de personas.

En definitiva, a sabiendas de su más que probable inconstitucionalidad, la primera opción que contemplan tanto en Ferraz como en la Moncloa es patada hacia adelante, obtener la investidura de Sánchez y Dios proveerá. Para la fortuna del resto de los españoles, ayer Carles Puigdemont dejó meridianamente claro que la amnistía es solo el aperitivo, el requisito previo para apoyar al líder socialista. Su auténtico objetivo es que el Estado se siente a negociar las bases de la celebración de un referéndum de autodeterminación, que no sería para pasado mañana, claro está, pero cuyo avance condicionará toda la legislatura. El expresident fugado ni renuncia a la unilateralidad ni al mandato del 1 de octubre, con lo que la amnistía no serviría para cerrar el procés, como les gustaría creer a tantas almas cándidas en el PSOE, sino que lo relanzaría, con un Puigdemont resucitado a quien el propio Gobierno español le habría comprado el relato de que España no actuó democráticamente persiguiendo a los que rompieron la Constitución y pusieron en riesgo la paz civil. A corto plazo, puede que eso a Sánchez le preocupe poco, pero para Cataluña sería una enorme desgracia, y dudo mucho que fuera bueno para las opciones electorales de Salvador Illa y el PSC, cuyo acceso a la Generalitat sería el definitivo punto final al procés. El dilema de Sánchez es entre cinismo o coraje. Entre salvar su investidura con un cínico acto de tacticismo o el coraje de asumir que con los resultados del 23J no se puede gobernar, y que toca ir a nuevas elecciones en busca de un mejor resultado.