Necesitado del apoyo de los separatistas catalanes (igual que el de los vascos) para la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno, en conciliábulo con ellos, estudia cómo conceder una amnistía a todos los procesados o condenados por los delitos cometidos en el marco del golpe de Estado de 2017. Muy bien. Hablando se entiende la gente.

Seguramente llegarán a un acuerdo, ya se verá aprovechando qué subterfugio o atajo legal, y acaso con mención específica al caso de Laura Borràs y al regreso de Puigdemont de Waterloo libre como un pájaro y en olor de multitudes. Son flecos que hay que acordar. Quizá el borrón y cuenta nueva se declare bajo un nombre eufemístico, menos escandaloso que el de amnistía. Se explicará, con mucho didactismo, que el perdón es otro paso, arriesgado, audaz, hacia la pacificación de Cataluña y el reencuentro nacional. ¡España en positivo!...

…Claro que habrá que ponerlo por escrito, porque el señor Puigdemont, que es el que tiene la última palabra, no acaba de fiarse de la palabra del presidente del Gobierno. E igual que para aprobar la conformación de la Mesa del Congreso exigió no sólo que el Ministerio de Exteriores enviara una carta al consejo de la UE, sino pruebas certificadas de que había sido recibida y registrada, ahora, antes de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, exige también hechos verificados, constatables:

O sea, una ley de amnistía “registrada y admitida” por la Mesa del Congreso antes de la investidura. Eso está hecho, ya que la Mesa la preside el Gobierno. Aunque llama la atención --¿verdad?-- tanto recelo y precaución puigdemontianas. Se diría que ni un delincuente fugado se fía de la palabra del presidente del Gobierno español. Es un poco ofensivo, pero passons outre.

La amnistía de 1977 canceló los crímenes del franquismo y devolvió la libertad a los presos políticos y a docenas de pistoleros de ETA, como Jesús María Zabarte, alias “el carnicero de Mondragón” (17 asesinatos, 29 años en la cárcel: a año y medio por vida cobrada, un precio de saldo), que a renglón seguido volvieron al tiro en la nuca. Pero, aunque con la perspectiva de los años veamos que aquella amnistía fue, por su excesiva generosidad, un cándido error y una irresponsabilidad, tenía por lo menos la justificación de cerrar simbólicamente un régimen totalitario.

La que ahora prepara el PSOE es muy diferente. Entre otras cosas porque descalifica y arruina el ingente y desagradable trabajo realizado por los cuerpos policiales y los tribunales democráticos (y hay que reconocer que son democráticos, pues de lo contrario en pura lógica tampoco lo sería el Gobierno), para que sus aliados le permitan seguir ostentando el poder.

La verdad es que empieza a ser sorprendente que la policía siga investigando crímenes y deteniendo delincuentes, sólo para que al día siguiente milagrosamente a estos se les abra la puerta de la celda, y encima se constituyan estrambóticas comisiones de investigación parlamentaria para fiscalizar la tarea de los agentes y cuya mayor utilidad es que sus señorías puedan interrogar, y eventualmente insultar, a sus mandos, además de, claro está, cobrar el correspondiente complemento monetario.

Imagino a un juez, por la mañana, camino al tribunal, haciendo un alto ante el escaparate de la sastrería Enrique Gavilanes para mirar las togas, mientras se pregunta para qué demonios ha pasado semanas, y meses, redactando o leyendo miles de folios de instrucción, ha gastado horas y horas en escuchar a acusaciones y defensas, se ha sometido al atento e interesado escrutinio de periodistas y políticos, y ha dictado sentencias con toda la ponderación de la que es capaz. ¿Para que todo se lo tiren a la basura entre Rufián, Puigdemont y Sánchez? ¡Qué manera de perder el tiempo, Dios mío!