La constitución de la Mesa del Congreso iba a ser pan comido para el PSOE y no lo está siendo. A menos de 24 horas de su constitución, el control de la presidencia de la Cámara Baja peligra para la izquierda porque Junts ha impuesto exigencias políticas con el consiguiente efecto arrastre sobre ERC. En principio, los votos de los dos partidos independentistas catalanes eran solo a cambio de que pudieran formar grupo parlamentario propio, con notables beneficios económicos para ambos, y de la presidencia de alguna comisión. Si el PSOE no logra hacerse con la presidencia del Congreso, para la que ha propuesto a una figura del agrado de los soberanistas, como es la expresidenta balear Francina Armengol, la hipotética investidura de Pedro Sánchez saltará por los aires y la repetición electoral será prácticamente inevitable. En Junts afirman que todavía no han tomado ninguna decisión y que mañana, poco antes del inicio del pleno, anunciarán el sentido de su voto. La lógica política invita a pensar que solo están presionando para ver hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE y exhibir protagonismo mediático, y que Armengol será elegida y la izquierda controlará la Mesa con los votos del partido de Carles Puigdemont. Lo contrario sería una estupidez por su parte porque pondría fin a las negociaciones para la investidura, que es lo que realmente le interesa a Junts, incluso aunque el expresident prefiera la repetición electoral si no obtiene la amnistía y/o la autodeterminación.

El primer éxito de Junts es haber logrado que ERC también plantee exigencias políticas para elegir la Mesa. Ha recuperado el papel de director de orquesta del independentismo catalán, pues ha vuelto a poner en marcha la lógica de la subasta, donde el más radical siempre gana. Es evidente que a Puigdemont le importa un bledo la legislatura española, y que si posibilita la investidura será solo porque prefiera hacer valer durante un tiempo que tiene la llave de la gobernabilidad de España. Contar para algo, muchísimo en este caso, es mejor que no valer nada, lo que sucedería en caso de una victoria mayor del PP en unas nuevas elecciones. El problema, pues, no lo tiene Puigdemont, sino el PSOE, porque Sánchez puede obtener en septiembre la investidura a cambio de algunas promesas, como una aproximación a la demanda de la amnistía, y algunas cesiones concretas, como la condonación parcial de la deuda autonómica o el traspaso de Rodalies, pero la legislatura está condenada al fracaso.

Entre 2019 y 2023, con la abstención de ERC al Gobierno le bastaba para aprobar muchas cosas, pues había más fuerzas en el Congreso dispuestas a jugar de comodín, empezando por los diez diputados de Ciudadanos. Ahora, en cambio, el posible Gobierno de coalición necesitaría el voto afirmativo de ERC y Junts para todo, además del de EH Bildu, PNV y BNG. ¡Una locura! Y los temas de la agenda política, en la negociación para cada asunto, serán aquellos que más interesen a los independentistas. El suspense sobre la elección de la Mesa anticipa una investidura complicadísima en el marco de una legislatura que sería de infarto. Y ya se sabe que lo que mal empieza, mal acaba.