Universitaris per la Convivència (UpC) es una plataforma de profesores universitarios catalanes, de diferentes sensibilidades ideológicas, impulsada en septiembre de 2018 con el objetivo prioritario de defender la neutralidad política de los órganos de gobierno de las universidades, que estaban aprobando (aún lo hacen, aunque no con aquella intensidad) abundantes manifiestos, todos ellos en la línea de los planteamientos del poder nacionalista. Posteriormente, UpC ha denunciado en numerosas ocasiones la inaceptable violencia política contra estudiantes constitucionalistas en los campus (caso de los jóvenes S’ha Acabat!), y ha reivindicado la convivencia lingüística (catalán y español, sin dejar de lado otras lenguas extranjeras) frente a las políticas nacionalistas que buscan obsesivamente el arrinconamiento de la lengua española en todos los ámbitos, incluida la universidad.

El proyecto cobra fuerza al hacerse pública el 14 de octubre de 2019 la sentencia del Tribunal Supremo que condena a diversos líderes políticos y sociales independentistas por los hechos ocurridos en Cataluña en otoño de 2017 cuando se intentó derogar el orden constitucional para lograr la independencia de este territorio. UpC lanza entonces un comunicado exigiendo a los órganos de gobierno de las universidades públicas catalanas respeto a la libertad ideológica de sus miembros y al Estado de Derecho, como reacción inmediata al emitido por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), que siempre ha actuado como un brazo académico del nacionalismo.

En esta línea, el primer impacto importante de la plataforma se produjo a raíz del manifiesto conjunto aprobado por todos los claustros de las universidades públicas catalanas en los días que siguieron a la referida sentencia del Tribunal Supremo. Este manifiesto reclamaba, por ejemplo, el derecho de autodeterminación y la libertad de los líderes independentistas condenados, a los que calificaba como “presos políticos”. UpC, junto al colectivo Foro de Profesores, difundió el 29 de octubre de 2019 una carta abierta a los rectores catalanes, suscrita en tres días por más de 800 docentes españoles, en la que se reclamaba nuevamente respeto a la libertad ideológica ante un tema que, además, generaba una fuerte controversia social.

Inmediatamente después, UpC presentó una queja por este mismo asunto ante el Defensor del Pueblo, incorporando otras evidencias de la instrumentalización política de las universidades, como la entrega, a modo de trofeo, por parte de unos supuestos representantes de los claustros universitarios, del mencionado manifiesto conjunto al presidente de la Generalitat (7 de noviembre), mediando convocatoria de prensa. El Defensor del Pueblo recibió a tres representantes de la plataforma en Madrid el 14 de noviembre de 2019 y resolvió la queja en octubre de 2020 señalando que había trasladado a los rectores catalanes que a su juicio “las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”. El Defensor del Pueblo explicitaba en su resolución que las universidades deben respetar el principio de neutralidad ideológica.

Paralelamente a la denuncia ante el Defensor del Pueblo, miembros de UpC de varias universidades catalanas promovieron iniciativas para denunciar el referido manifiesto conjunto ante las juntas electorales, al haber sido aprobado por los diferentes claustros una vez convocadas las elecciones generales del 27 de octubre de 2019. Como resultado de estas iniciativas, la Junta Electoral Central se pronunció a favor de las reivindicaciones de UpC, señalando explícitamente que los manifiestos vulneraban el principio de neutralidad política establecido en el artículo 103.1 de la Constitución. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo que dio la razón al profesor de la plataforma que había denunciado estos hechos, ratificando así la resolución de la Junta Electoral Central.

A la vez, miembros de UpC de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) han llevado sendos manifiestos partidistas aprobados por los claustros de estas universidades (en el caso de la UB, el mismo manifiesto conjunto) ante la jurisdicción ordinaria. En ambos casos han obtenido sentencias favorables en diversas instancias judiciales. En el caso de los profesores de la UB ya existe sentencia del Tribunal Supremo. En el caso de los profesores de la UPC, la última sentencia es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todas las sentencias dictadas hasta el momento coinciden en que los pronunciamientos partidistas de los órganos de gobierno de las referidas universidades vulneran los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de los miembros de la comunidad universitaria que no comparten lo que en ellos se apunta.

En el ámbito internacional, UpC dirigió en noviembre de 2020 una contundente carta a la presidenta de la Comisión Europea, a la vicepresidenta de Valores y Transparencia y a la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, en la que respondía (recogiendo los argumentos ya esgrimidos por el Defensor del Pueblo y por los tribunales) a otra misiva que les habían enviado 24 eurodiputados, entre los que se contaban varios fugados de la justicia española (entre ellos, Carles Puigdemont), reclamando que la Unión Europea instase a las autoridades españolas para que no interfiriesen en las resoluciones o manifiestos de las universidades catalanas.

Asimismo, UpC compareció el 22 de marzo de 2023 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la captura de las universidades por el poder político en Cataluña. Como consecuencia de esta comparecencia la mencionada Comisón ha acordado enviar sendas cartas al Gobierno de España y al Comisario de Justicia de la Unión Europea para alertarles sobre los hechos que esta plataforma lleva ya varios años denunciando.

Una de las últimas actuaciones de UpC ha sido impulsar, en enero de 2023, una carta abierta a los senadores y diputados de las Cortes Generales para que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario español proteja la neutralidad política de los claustros. La carta, firmada por más de mil profesores de diferentes universidades españolas, aunque no ha logrado el objetivo de que el principio de neutralidad política se recoja explícitamente en la ley, ha contribuido a reavivar el debate público sobre la gravedad de lo que está sucediendo en los campus catalanes, con la connivencia de autoridades académicas y de buena parte de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento autonómico.

Las preocupaciones de UpC aparecen sintetizadas en otra carta abierta, Las libertades en la Universidad catalana, dirigida esta vez a la mencionada ACUP y difundida en noviembre de 2021. En ella, la plataforma apela una vez más a las autoridades académicas recordándoles, entre otras cosas, que “si las instituciones educativas tienen una función política, es la de formar ciudadanos libres, críticos y participativos, conscientes de sus derechos y obligaciones, respetuosos con los derechos de los demás y sabedores de la pluralidad de creencias que es característica de una sociedad abierta”.

En ello estamos todos los miembros de Universitaris per la Convivència, contando con el aval del Defensor del Pueblo, de las autoridades electorales (la última vez, hace unos días) y de los tribunales. Todas y cada una de nuestras múltiples denuncias han encontrado amparo en estas instituciones, y han generado evidente preocupación en la Unión Europea. Seguimos…