El nuevo Gobierno, sea del color que sea, tendrá muchos deberes por delante una vez asuma su puesto, esperemos que a finales de agosto y los políticos no estén mareando demasiado tiempo. El primero, y tal vez más importante reto, será redactar los presupuestos de 2024.
Salvo cataclismo no identificado, que siempre puede pasar, 2024 será un año “normal”, dejando atrás pandemias, guerras, cortes de cadenas de suministro, inflación y cuantos males nos llevan acosando desde 2020. Alguno de estos eventos, como la pandemia, ya son historia, y otros, como la guerra en Ucrania, son parte de nuestro entorno, mejor que acaben, pero si no, hemos encontrado la manera de conllevarlos.
Los presupuestos de 2024 tendrán que ser, gobierne quien gobierne, presupuestos del equilibrio, si no de ajustes. Ya no habrá excusas que permitan excesos de déficit que permitan una política de subvenciones o paguitas y para poder disfrutar de los fondos europeos habrá que volver a la ortodoxia presupuestaria. No podemos olvidar que España, como todos los países de la zona Euro, tiene como objetivos un máximo del 3% de déficit (4,8% en 2022) y una deuda del 60% del PIB (ahora del 111%). Y aunque las sucesivas crisis han relajado estos límites, en 2024 volverá la ortodoxia. Tocará controlar el déficit y pensar en cómo ajustar la deuda.
La subida de tipos ya se nota en el coste de la deuda, aunque, de momento, hay oferta más que suficiente y, además, la prima de riesgo sigue contenida en el entorno de los 100 puntos básicos. En 2022 pagamos 31.500 millones de intereses, 5.550 millones más que el año anterior. Este año seguirá el incremento tanto por el vencimiento de deuda más barata como por las emisiones ligadas a la inflación. Si el año pasado gastamos el 2,4% del PIB en intereses, este año estaremos cerca del 3%, y subiendo.
La próxima legislatura será, muy probablemente, de contención de gastos. Hay muchos gastos superfluos cuya cancelación no debiera generar muchos problemas. Para empezar de los 22 ministerios actuales nos deberíamos quedar con menos de 15, como en Alemania o Francia. Pero los ministerios son sólo la punta del iceberg. Hay demasiados entes, consorcios, fundaciones, organismos autónomos, agencias, instituciones sin ánimo de lucro, sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales, patronatos, emisoras de radio y televisión, sociedades de gestión urbanística y de promoción industrial, escuelas de todo tipo y condición, festivales, ferias, sociedades en el exterior, museos y memoriales de toda clase, entidades de suelo y de desarrollo, estadios deportivos y hasta talleres y hoteles, por no hablar de las embajadas de las autonomías. Más de 20.000 organismos vinculados al Estado, Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos, muchos de ellos con utilidad real, pero también bastantes chiringuitos diseñados como soporte ideológico o simplemente para dar acomodo a afiliados y afines. Y el problema no son los organismos, sino que se llenan de gente, y normalmente se les ocurren cosas para las que hace falta dinero.
Pero por mucho que se redujese el número de chiringuitos, algo muy poco probable según nos dice la historia pues todos los que ocupan el poder tienen favores que devolver, habrá que seguir con los recortes. Se caerán los cheques y las paguitas, pero no será suficiente. Los fondos europeos tienen unas condiciones y un compromiso de reformas. Habrá que volver a ajustar el número de funcionarios tras un incremento nunca visto, se limitarán las ayudas y ciertas políticas sociales sufrirán recortes. De nuevo volverá la conflictividad a las calles.
La próxima legislatura, especialmente si gana la derecha, será muchísimo más conflictiva que ésta porque ahora los sindicatos están dopados, lo cual nunca es bueno para el normal desarrollo de la economía.