El Govern salió en tromba contra el ejecutivo de Pedro Sánchez por cerrar el riego del Canal de Urgell. Su portavoz, Patrícia Plaja, exigió la modernización del canal y acusó al Gobierno de hipotecar el futuro de los agricultores catalanes por su gestión en el Canal, competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y dijo para finalizar su alocución que "se tenía que haber hecho lo posible para evitar llegar hasta aquí, pero hasta hoy en esta cuenca no se ha aplicado ningún tipo de restricción, ninguna planificación racional del agua pese a que la sequía no empezó ayer".

21 Marzo 2022. Baldiri Ros, presidente del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre presentaron en rueda de prensa su propuesta para convertir a Catalunya en un hub agroalimentario del sur de Europa. “En este sentido, demandamos a la Generalitat y al Gobierno de España la inclusión de este proyecto en las demandas de fondos europeos para convertir una zona degradada y empobrecida en una amplia zona de producción agrícola que garantice el suministro de productos básicos porque necesitamos una mayor superficie agrícola para poder producir de manera intensiva, eficiente y sostenible”, decía la nota de prensa. El proyecto contaba con el apoyo explicito del conjunto de la industria agroalimentaria catalana y los regantes de la zona.

“Se trata de un proyecto tractor tanto para la economía catalana como para la economía española. El proyecto de modernización de los Canals d’Urgell es algo más que sólo una inversión superior a 1.300 millones de euros. Es, probablemente, el último tren en esta tercera década del siglo XXI para ir hacia una revolución económica en zonas especialmente afectadas por el envejecimiento, la despoblación rural, la falta de alternativas económicas que fijen población en el territorio o el aislamiento y falta de conexión con otras partes económica y socialmente potentes del Estado. El valor social, político y económico del agua es incuestionable y la necesidad de hacer una buena gestión apoyada en las más modernas tecnologías y el uso eficiente del recurso, una obligación política y moral de primer orden en nuestra tierra”, continuaba la nota que justificaba un proyecto que iba más allá de convertir en regadío unos miles de hectáreas.

El proyecto fue presentado al Gobierno de España y al Govern de Cataluña. El Ministerio no lo vio con malos ojos pero avisó “el proyecto debe ser avalado y solicitado por la Generalitat para presentar un PERTE en Bruselas”. La Generalitat, más allá de las buenas palabras, no solicitó nunca el PERTE del Canal de Urgell. Sorprende ahora su posición de exigir una inversión de 1.200 millones para modernizar el Canal y reclamar la gestión del agua. Sorprende, aunque en realidad la Generalitat miente porque hace un año no movió pieza y ahora oculta su incompetencia en reivindicaciones de gestión, que obvió cuando los empresarios se lo solicitaron. La pataleta de estos días es solo una cortina de humo para ocultar su nefasta gestión, mejor dicho, su ausencia de gestión.

Aragonés preside un Gobierno que de Gobierno solo tiene el nombre. Su consejera de Agricultura, Teresa Jordà, dijo a finales de año que no habría un problema de sequía. Toda una vidente sin duda. Gobernar significa tomar decisiones y prever problemas. No hacía falta sin un gurú para señalar la sequía como un problema, pero ser valiente no parece ser una palabra que presida el Gobierno de Aragonés. Incompetente y mentiroso, si son sus ejes habituales, junto la callada por respuesta. Ahora se han envuelto en la bandera para eludir su responsabilidad, pero la maldita hemeroteca los deja en evidencia. ¿Nadie va a ser cesado, president?