Hay iniciativas que se ve tan claro que no van a ninguna parte que hasta da pereza comentarlas. Es lo que ocurre con el acuerdo de claridad que ha resucitado en solitario el Govern de Pere Aragonès. No gusta a nadie, ni tan siquiera a los comunes, que lo tildan de electoralista. Recordemos que, en septiembre pasado, el Parlament rechazó la propuesta de referéndum pactado que había presentado Jéssica Albiach, presidenta de En Comú Podem, y que solo contó con el apoyo de ERC. Por tanto, es contradictorio que Aragonès se empeñe ahora en sacar adelante una iniciativa que no reúne ningún consenso parlamentario, y a la que sin embargo se van a dedicar recursos públicos. Un viaje pagado por todos a ninguna parte, una iniciativa tras la cual ni tan siquiera Aragonès podrá unir fugazmente al independentismo. Para Junts, el punto de acuerdo sigue siendo el “mandato del 1 de octubre” y la DUI de 2017, mientras que para la CUP la propuesta de claridad es un “relato falaz”, pues el único conflicto que existe es entre el “poble català i l’Estat”. Cuando, tras las municipales, Aragonès convoque la reunión de partidos, se va a encontrar más solo que la una.

En medio de un año electoral, el acuerdo de claridad es una forma de llenar un vacío por parte de ERC tras el abandono de la vía unilateral, y cuando hasta la fugada Marta Rovira reconoce que a la votación del 1 de octubre le faltó legitimidad interna. Los republicanos necesitaban un discurso de repuesto para ser creíbles como fuerza independentista, y el referéndum es la solución a partir del mantra de que hay un 80% de catalanes que les gustaría decidir. La claridad que propone Aragonès tiene mucho de déjà vu, pues el objetivo es el mismo de siempre, votar. Para muchos independentistas tan importante como la secesión es la posibilidad de votarla, de ser el sujeto de soberanía. La metodología es también una repetición de lo que vivimos años atrás, y todo empieza con una mesa de académicos expertos. La única novedad es que esta vez no todos son independentistas. Llama la atención la presencia de la politóloga Astrid Barrio, que también fue promotora política de la Lliga Democràtica, pero cuya solvencia intelectual está fuera de toda duda. He de reconocer que inicialmente me desconcertó, pero leyendo una entrevista suya en el digital Nació, a cargo del periodista Pep Martí, me ha parecido que su presencia tal vez pueda ser útil, y que las respuestas de esa comisión de sabios, presidida y coordinada por Marc Sanjaume, muy ligado a la Fundación Josep Irla, no sean exactamente las que quiere escuchar el Govern de ERC.

Es evidente que existe un conflicto político, pues así lo viven los independentistas, pero contrariamente a su deseo no tiene por qué encauzarse en un referéndum de separación. La idea de votar la ruptura es ya una propuesta divisiva y traumática. Tienen que haber razones poderosas para que una sociedad se lance por una pendiente así, que en caso afirmativo no es revisable. Barrio argumenta que deben respetarse tres principios, el democrático, el de legalidad y el respeto a las minorías. Ninguno puede estar por encima. Me parece interesante. Porque lo que no es legal no es democrático, y tampoco puede orillar a las minorías. Justamente ese es el éxito de la Constitución española. En realidad, nuestra legalidad constitucional se funda en un gran consenso, que una mayoría minoritaria, que tiene reconocidos sus derechos en un marco de gran autogobierno y respeto por su identidad, no puede romper. En paralelo, si España fuera divisible, también lo sería Cataluña. Por tanto, estamos ante un conflicto irresoluble, pues sociológicamente el independentismo no supera el 50%. Logra mayorías en el Parlament, pues se moviliza más y se beneficia de una ley electoral favorable, pero se queda muy lejos de los 2/3 necesarios para reformar el Estatuto, que sigue siendo el mínimo común denominador de los catalanes para organizar la convivencia. Así pues, la reflexión sobre la claridad, si realmente lo es, constatará que el conflicto que viven los independentistas –con el Estado español y con el resto de la sociedad catalana— no tiene solución, una solución secesionista, pues no sería legal, democrática ni inclusiva. Este sería un viaje al realismo, pero me temo que ERC prefiere de nuevo un viaje a ninguna parte.