El 16 de marzo, el Gobierno francés aprobó por decreto una nueva reforma de las pensiones. Utilizó un método excepcional, pues su propuesta no tenía el suficiente respaldo de los diputados de la Asamblea Nacional. En cambio, 14 días después, en el Congreso de los Diputados de España, una holgada mayoría avaló una norma sobre el mismo tema.

Las dos leyes tienen una escasa semblanza, a pesar de que tratan sobre un idéntico asunto. La explicación viene dada por tres diferencias entre ambos países: contexto político, situación financiera del sistema de pensiones y método utilizado para garantizar las futuras prestaciones. Unas discrepancias que se extienden a su aceptación entre la población.

En el ejercicio actual, las necesidades de sus máximos dirigentes son distintas, pues:

a) Macron ya no podrá ser reelegido. En Francia, los políticos pueden ser presidentes de la República como máximo durante dos mandatos de cinco años. Desde el 7 de mayo de 2022, Macron está en el segundo. Por tanto, para él, la adopción de medidas impopulares posee un coste muy inferior al que tendría si planeara presentarse a unos nuevo comicios.

b) Sánchez tiene elecciones en diciembre. Si la nueva ley perjudicara a los jubilados actuales o a los que se retirarán en los próximos años, el PSOE tendría escasas posibilidades de ser el principal partido del nuevo Gobierno. Debido a ello, la norma propuesta no puede constituir una gran reforma estructural, sino solo cosmética. En otras palabras, su vigencia será breve.

Los dos principales objetivos de la nueva ley son perjudicar al mínimo número de ciudadanos y lograr la aprobación de la Comisión Europea. La obtención del segundo permitirá el desembolso por parte de ella de 10.000 millones adicionales de los fondos Next Generation.

En los dos países, el saldo del sistema de pensiones posee un distinto signo:

a) Francia tuvo superávit en 2022. En la actualidad, Macron no está obligado a realizar ninguna reforma, pues en los dos últimos años los ingresos del sistema de pensiones superaron a los pagos. Desde mi perspectiva, su verdadero objetivo es la disminución del gasto en protección social, pues en 2021 era el más elevado de la Unión Europea (24,8% del PIB).

Para conseguir el anterior objetivo, deberá reducir el dispendio relativo de su principal partida: las pensiones. En 2019, aquel suponía un 14,8% del PIB. En la UE, dicho porcentaje solo era superado por Grecia e Italia, siendo el gasto de ambas naciones equivalente al 16% de la producción realizada. La disminución de las prestaciones de los pensionistas serviría para compensar la reducción de ingresos públicos generada por la bajada de impuestos a las empresas. Por tanto, facilitaría la consecución de un reducido déficit público.

No obstante, la anterior no es la versión oficial. Según el Gobierno, hay que actuar ahora para evitar un desequilibrio del sistema en 2030 de 13.500 millones de euros. En términos absolutos, un importe elevado, pero inferior al observado en España entre 2014 y 19. Además, en relación al PIB, probablemente solo sea del 0,4%. Sin duda, un porcentaje fácilmente asumible.

b) España posee un déficit estructural. En 2019, las pérdidas ascendieron a 16.793 millones de euros (1,34% del PIB). A partir de 2021, el quebranto disminuyó, pues el ministro Escrivá decidió que la Administración General del Estado asumiera gastos imputados a la Seguridad Social que no le correspondían. Por tanto, una sustancial parte del déficit lo endosó a aquella.

Así, por ejemplo, en 2021, la transferencia de la primera a la segunda por los gastos impropios alcanzó los 18.346 millones de euros. A pesar de ello, la Seguridad Social continuó teniendo pérdidas, siendo estas de 11.192 millones de euros (0,93% del PIB). La suma de las dos anteriores partidas habría supuesto el mayor déficit de la historia en términos absolutos y relativos, si no tenemos en cuenta un ejercicio tan especial como el de 2020.

A diferencia de Francia, ya sea de manera directa o indirecta, las pensiones generan un elevado déficit público en España. Para reducirlo, es imprescindible adoptar medidas impopulares, pues la jubilación de la generación del baby boom provocará un crecimiento sustancial de los gastos de la Seguridad Social. No tengo ninguna duda de que el aumento de los ingresos vía cotizaciones sociales planeado por Escrivá será insuficiente para financiar el incremento de los dispendios.

El método utilizado para garantizar las futuras pensiones consiste en:

a) Un incremento de los ingresos y una disminución de los gastos en Francia. Para conseguir ambos objetivos, Macron pretende que los franceses trabajen más años. Por tanto, pagarán a la Seguridad Social durante un mayor número de ejercicios (más ingresos) y, dada una idéntica esperanza de vida, percibirán una pensión durante un período inferior (menos gastos). En el país galo, solo las pensiones más bajas tendrán asegurado el mantenimiento de su poder adquisitivo.

Para reducir los dispendios, el presidente pretende eliminar la mayoría de los 42 regímenes especiales. Sus principales prestaciones ofrecidas son una pensión más elevada para un idéntico salario y una jubilación más temprana. Entre los afectados estarán los nuevos empleados de la industria de la electricidad y el gas, la SNCF (la Renfe gala) y del Banco de Francia. Los actuales asalariados de dichas empresas conservarán sus privilegios.

b) Un aumento de los ingresos y gastos en España. La reforma de Escrivá prevé aumentar los ingresos por cotizaciones sociales por tres vías: el aumento de las bases máximas por encima del IPC anual, una cuota de solidaridad abonada por los que perciban más de 3.857 euros mensuales (14 pagas) y una aportación extra directa e indirecta de todos los trabajadores.

El aumento del gasto provendrá del incremento de las pensiones mínimas y de la progresiva jubilación de la generación del baby boom (los nacidos entre 1957 y 1977). Entre 2024 y 2027, las primeras, si el pensionista tiene un cónyuge a su cargo, subirán un 22% y ascenderán a 1.178,5 euros en el último año.

La generación del baby boom son los nacidos entre 1957 y 1977. Por tanto, en cada uno de los próximos ejercicios se retirarán muchas más personas que en años anteriores. Dada su mayor cualificación profesional, el importe recibido será significativamente superior al promedio obtenido por los actuales jubilados.

En ambas naciones, la contestación social está siendo muy diferente:

a) Décima huelga general en Francia. El 28 de marzo, el país galo vivió su décima jornada de huelga general. El seguimiento ha sido masivo, pues un 70% de los franceses está en contra de la reforma. Los principales motivos son el retraso de la edad mínima de jubilación y el aumento de los años cotizados para percibir el 100% de la pensión.

En el país galo, todas las medidas destinadas a aumentar el número de años trabajados han tenido una multitudinaria contestación social. En 1995 la sufrió Chirac y en 2010 Sarkozy. El enojo de los ciudadanos le hizo perder al partido político del primero las elecciones legislativas y contribuyó decisivamente a que en 2012 el segundo cayera derrotado en los comicios presidenciales.

En el imaginario popular, uno de los mayores logros sociales de los franceses consistió en la fijación de los 60 años como edad mínima de jubilación. Lo hizo Mitterrand en 1983 y lo eliminó Sarkozy en 2010, al llevar aquella a los 62. Ahora, Macron pretende elevarla en 2030 a los 64.

b) Malestar empresarial en España. La CEOE está molesta con el Gobierno por la forma y el fondo de la nueva ley. En el primer caso, por no haberla consensuado con ella y sí con los sindicatos. En el segundo, porque aumenta el coste salarial de las actuales plantillas. Por la nueva norma, los principales agraviados son las empresas y los trabajadores por cuenta ajena cuyo salario bruto mensual supera los 3.853 euros. El suplemento sufragado por los últimos será muy superior a la compensación que recibirán, una vez accedan a la jubilación.

En definitiva, en España es necesaria y urgente una reforma de las pensiones que disminuya el déficit de la Seguridad Social, tanto el reflejado en sus cuentas como en las de la Administración central. Dicho objetivo no lo conseguirá la realizada por Escrivá, pues en los próximos años el aumento de los ingresos será inferior al de los gastos. No obstante, desde la perspectiva electoral, constituye una ley muy rentable, pues da mucho más de lo que quita.

En Francia, la nueva ley de pensiones podía esperar, pues el sistema presenta unas cuentas mucho mejores que en España. No obstante, Macron no quería acabar su segunda legislatura sin aplicar a la economía francesa una receta mucho más liberal que en la primera. En otras palabras, menos ingresos y gastos públicos, siendo la disminución de los segundos superior a la de los primeros. La finalidad es favorecer a las empresas y reducir el déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.

En resumen, España, el país que necesita una reforma de las pensiones, hace un simulacro. Por el contrario, Francia, la nación que puede retardarla sin incurrir en ningún problema económico de gran calado, efectúa una verdadera. De la primera, casi nadie protesta; de la segunda, lo hace la mayoría del país. La española durará poco, la francesa persistirá en el tiempo.