Gonzalo Boye, el abogado defensor de Laura Borràs, estudió Derecho en la cárcel después del secuestro de Emiliano Revilla por parte de ETA; fue condenado por colaborar con la banda y considerado un abertzale sin delitos de sangre. Se instaló en Madrid y se hizo con el restaurante Winnipeg Chile tras deshacerse de su socio, un compañero el trotskismo chileno, mellado por bonachón. Boye pelea la toga de los perdedores, pero casi siempre, él sale ganando. La fiscalía le acusa de haber urdido la trama de blanqueo del narco gallego Sito Miñanco. Antidroga le pide una pena de más de 9 años de cárcel y presenta, en el escrito de acusación del caso, el intento de ocultar 889.620 euros con la intervención de Gonzalo Boye en la trama.
Caricatura de Gonzalo Boye / FARRUQO
Conoció la entraña de la policía patriótica de Villarejo y hasta pudo haber urdido trampas en las que cayeron de cuatro patas los indepes señalados por el excomisario. Boye es sabio en el arte de trabajar a dos bandos, una tradición arraigada en las togas doradas, los penalistas implosionados en los noventas. Es un correcaminos de los sumarios. Cualquier personaje prodigioso de Eduardo Mendoza palidecería ante él; Onofre Bouvila o Pajarito de Soto no le llegarían a la suela del zapato.
Sacó petróleo del macro juicio del 11-M, como defensor de dos víctimas chilenas, que llegaron a su bufete por consejo de la embajada del país andino en España, gracias a la influencia del diplomático Otto Boye, un pariente del letrado. Con el sumario del 11-M en la mano, Boye se licenció en el arte de ser fuente de información y spin doctor; masterizó su influencia sobre las mejores plumas de la crónica judicial y, cuando le faltó resuello para ser creíble ante las grandes cabeceras, tuvo incluso buena entrada en Información sensible, el diario digital de Daniel Montero, lanzado gracias a la mano invisible de Villarejo.
Bien pertrechado tras el bando gauchista, Boye pertenece, por parte de madre, a la Cataluña pinochetista de los Tuset, el segundo apellido del abogado. Agotado el Madrid de sus pesquisas, hoy Gonzalo busca piso en Barcelona y de hecho, su fichaje como defensor de Laura Borràs parece decantar la decisión de instalar su domicilio en la Ciudad Condal. Él salió de Chile como militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), aunque el camarada solo llegó a pertenecer a una segunda o tercera derivada de aquel partido.
Le saca rendimiento a la duda del secretario judicial, más que a la del magistrado; entorpece lo que puede y sabe estar cerca de los administradores concursales nombrados por los jueces. En el caso Borràs, Boye y su esposa, Isabel Elbal, han pedido informe pericial a Emilio Hellín para intentar demostrar que los correos que esgrime la acusación, como prueba contra la presidenta de Junts, han sido manipulados. La fiscalía se opone pero el juez lo permite, esgrimiendo que las periciales pueden pedirse a quién les parezca oportuno. No olvidemos que Hellín, un militante de pasado ultra, fue condenado por el secuestro y asesinato de Yolanda González y ha cumplido su pena. Boye se mueve entre charcos.
Se convirtió en abogado del procés por consejo de Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso. Sin embargo, el conjunto de incongruencias que proporciona su trayecto resulta catastrófico. Pensemos solo en el caso del expresidente Quim Torra, que fue despojado de su cargo por no retirar a tiempo la pancarta con los presos del procés y que, en un segundo juicio, fue condenado a 15 meses de inhabilitación y una multa de 24.000 euros. Aquel mal camino empezó, cuando por consejo de Boye, Torra declaró en el juicio: “Sí, yo he desafiado”.
Boye es el letrado que dice la historia te absolverá; suelta enormes parrafadas mitineras en sede judicial y convence de la victoria a sus clientes en privado, hasta que llega el desenlace fatídico. Así lo está haciendo en la defensa de Carles Puigdemont, un expresident atrapado en el optimismo desmesurado de su toga.
En el núcleo de la abogacía indepe, Boye come aparte. Los que participaron en el juicio del 1-O, como Andreu Van den Eyden, Jordi Pina o Javier Melero no aprueban sus métodos. Ahora, la Borràs, acorralada y convertida en cadáver político, se perfila como su próxima víctima. Quienes conocen el bufete nunca descartan que el abogado toque los resortes hondos del Estado para hacer lo contrario de lo que predica. Es el enemigo en casa.
