En el último año, el elevado IPC español ha tenido como principales causas un gran aumento del precio de la electricidad, los carburantes y los alimentos. Una inflación importada contagiada a la mayoría de bienes y servicios, pues los dos primeros productos son consumidos por casi todas las empresas, ya sea como fuente de energía o materia prima.

El Gobierno reaccionó bien ante el incremento del importe de la electricidad y los carburantes, pero no lo ha hecho igual respecto al de los alimentos. En primer lugar, por la demora en la intervención y la elección del mes. En segundo, por haber adoptado una medida previamente desacreditada. En tercero, porque significa un trasvase de dinero desde las arcas públicas a los bolsillos de los propietarios de los supermercados.

En abril de 2021, el incremento del precio de los alimentos superó por primera vez el 10% anual en el actual siglo. Las principales causas fueron las malas cosechas, la disminución de las importaciones procedentes de Ucrania y Rusia, el aumento de la especulación en los mercados de materias primas y el mayor coste soportado por las empresas productoras de comestibles (subida del importe de la luz, los fertilizantes y los combustibles).

A pesar de ello, la primera medida destinada a disminuir su precio entró en vigor el 1 de enero de 2022. En dicho momento, el importe de los alimentos ya era la principal rúbrica generadora de inflación, pues en noviembre de 2021 el aumento del IPC era del 15,7% anual. Los aceites y gracias subían el 31,5%; la leche, el queso y los huevos, el 24,8%, y el pan y los cereales, el 19,4%.

Entre julio y el penúltimo mes del año, la inflación general disminuyó 4 puntos (del 10,8% al 6,8%). En cambio, la de los comestibles aumentó en 1,8 (del 13,9% al 15,7%). Una tendencia contraria a la del precio de los alimentos mundiales en el índice FAO, pues en el anterior período los últimos se contrajeron un 4%.

El mes escogido para la rebaja del IVA ha sido enero. Un período donde la mayoría de las empresas actualizan sus precios, pues repercuten en ellos el incremento de los salarios de sus trabajadores al inicio del ejercicio y otros aumentos de costes sufridos durante la última parte del año anterior. Por tanto, si el objetivo del Gobierno era visibilizar una significativa bajada del precio de los alimentos, el momento escogido ha sido escasamente oportuno.

El 26 de septiembre de 2022, Feijóo pidió al Gobierno la disminución del IVA de los alimentos básicos, una petición ya formulada en mayo por las grandes cadenas de supermercados. Una propuesta reiteradamente desestimada por distintos miembros del Ejecutivo, incluso ocho días antes de acordarla el Consejo de Ministros.

Así,  la responsable de Hacienda la calificó de “populismo fiscal”, el de Agricultura no la consideraba necesaria porque “los precios de los comestibles van a bajar en los próximos meses” y la de Trabajo estimaba que no sería “eficaz”. Todos ellos coincidían en que un 4% era un tipo impositivo muy bajo y no había ninguna necesidad de reducirlo.

A pesar de los precedentes, el Consejo de Ministros del 27 de diciembre aprobó la eliminación del IVA de los alimentos básicos durante el primer semestre de 2023. La anterior medida disminuirá la recaudación de Hacienda, contribuirá a reducir la inflación, beneficiará a los hogares y aumentará los beneficios de los supermercados. Si su duración es un semestre, tal y como está previsto, el coste estimado para las arcas públicas será de 661 millones de euros

La desaparición temporal del IVA bajará el precio de los alimentos básicos, pero lo hará en una cuantía inferior al 4%. Lo mismo, pero al alza, sucedería si el tipo impositivo hubiera subido. Es una regla general que afecta a las variaciones de los tipos que gravan las unidades producidas, las vendidas o su valor en el mercado. No obstante, es desconocida por los que no han estudiado Economía o Administración de Empresas.

La anterior evolución viene explicada por los efectos enfado y alegría de los consumidores. Uno acontece cuando el tipo impositivo aumenta, el otro cuando disminuye. En el segundo caso, las empresas aprovechan el incremento de la demanda generado por el menor gravamen tributario para elevar el margen unitario del beneficio de explotación.

Un ejemplo permitirá entender mejor su actuación. En un supermercado, a finales de diciembre, el precio del tomate rosa de Barbastro era de 4 euros el kilo. Un importe equivalente a la suma del margen unitario del beneficio de explotación (un euro), el IVA (0,16 euros) y distintos costes variables (2,84 euros).

Si el establecimiento se aprovecha del efecto alegría de los consumidores y solo reduce el precio un 3%, el nuevo importe del kilo de tomate rosa será de 3,88 euros. El cliente habrá obtenido una rebaja de 0,12 euros por kilo (se apropia del 75% del IVA anteriormente recaudado) y el supermercado un aumento del margen de 0,4 euros (logra el 25%).

Si hicieran lo mismo todos los comercios de ultramarinos, la eliminación del IVA de los alimentos básicos supondría un desplazamiento de capitales por importe de 496 millones de euros desde la Administración hacia los hogares. En proporción a la renta, las más beneficiadas serían las familias con menores ingresos per cápita. En cambio, en términos absolutos, la anterior posición la ocuparían los hogares cuya lugar está entre el 40% mejor remunerado, pues se apropiarían de 297,6 millones de euros (el 60%).

Las familias no serían las únicas beneficiadas, pues los supermercados se llevarían de manera directa 165 millones (el 25% del coste para Hacienda). No obstante, como la reducción del precio generaría un aumento de las compras de alimentos por parte de los hogares, la medida les reportaría ganancias adicionales. La suma de ambas se situaría alrededor de los 200 millones. Por eso, desde hace meses, reclaman la disminución de los tipos del impuesto que grava los comestibles.

En definitiva, la bajada del IVA de los alimentos básicos, si era una medida equivocada en septiembre, difícilmente puede ser acertada en enero. Una contradicción a la que el Gobierno no ha proporcionado una explicación solvente y cuyo principal propósito probablemente esté más relacionado con el calendario electoral que con la economía.

En este caso, también con la preferencia de Pedro Sánchez de dar la razón a un acérrimo rival (el PP) antes que al socio de coalición (Podemos), pues la mejor medida para favorecer a las familias con menos ingresos era la propuesta en el mes de septiembre por Yolanda Díaz. En concreto, una o varias cestas de productos básicos a precio reducido, tal y como Sarkozy acordó con los supermercados franceses en 2011.

Probablemente, el anterior calendario también explique por qué se adopta en enero. Un mes inapropiado para visibilizar en los precios las rebajas de impuestos, pues en dicho período las empresas suelen aumentarlos más que en cualquier otro.

No obstante, la principal equivocación ha sido adoptar una medida muy beneficiosa para los grandes supermercados. Unas empresas que, con la excepción de Carrefour, se negaron a acordar la creación de las anteriores cestas y a moderar sus subidas de precios.

Una actitud que recuerda a la de los bancos durante la crisis iniciada en 2008, cuya repercusión sobre su reputación corporativa ha sido enorme. ¿Les pasará lo mismo a las principales cadenas de la distribución alimentaria? El tiempo lo dirá, pero no me extrañaría nada que la historia se repitiera.