Aunque el inaceptable enroque del Tribunal Constitucional tapa muchos errores, la estrategia del Partido Socialista parece ser la de transitar por un cable sobre el abismo a la hora de tratar el tema de las ilegalidades cometidas por el llamado procés a partir del verano de 2017. Buena parte de los hechos o bien están juzgados y condenados porque el Código Penal lo establecía o están pendientes de ser evaluados debido a que algunos dirigentes decidieron marcharse al extranjero. Los hechos fueron graves y los efectos de ruptura de la sociedad catalana tardarán generaciones en superarse. Romper unilateralmente las leyes vigentes que constituyen el Estado de derecho y que son la base del sistema democrático resulta punible en todas partes.

A los trumpistas que asaltaron en 2020 el Capitolio se les juzga ahora justamente por el delito de sedición. No veo a nadie, excepto los encausados, que se rasgue las vestiduras por ello; más bien al contrario. En España, después de que el Partido Popular y Mariano Rajoy practicaran la actitud contemplativa y meramente represiva sin intentar nada en el terreno político para evitar la crisis que el reto independentista generaba, la subida al Gobierno del Partido Socialista desde 2019 ha comportado tomar un papel más activo. Se ha intentado devolver a la política lo que se le podía devolver, impulsando medidas de gracia en forma de indultos para sacar a la gente de la cárcel y poner las bases de un diálogo que debía desinflamar la situación. Estrategia del ibuprofeno se ha llamado. El coste político es grande en una política española en la que el relato predominante es de una derecha más bien asilvestrada. El PSOE conseguía con ello cierta pacificación, un volver a empezar meramente político en Cataluña y, al mismo tiempo, una mayoría más o menos estable para aprobar leyes y presupuestos. También, de paso, una ruptura en el seno del independentismo que, lógicamente, le debilitaba.

La segunda parte de la operación, de oportunidad y efectos más dudosos, ha sido la modificación del Código Penal bajo demanda y exigencia de Esquerra. Que la tipificación de la sedición en España era obsoleta, porque tiene 200 años, resulta bastante evidente. Como lo era encajar en este tipo delictivo las condenas del 1 de octubre. Algo forzado. Pero también resulta insólito y de difícil justificación, tanto jurídica como políticamente, que el cambio se haya hecho a la carta y a petición de los condenados. Lo lógico habría sido hacerlo en otro momento y forma. El relato de la derecha sale reforzado y también parece lógico que una parte significativa de la sociedad española no digiera bien esta acción gubernamental. Lo que ya lo ha desbordado todo es que, acto seguido, se modificase la legislación sobre malversación disminuyendo las penas aplicadas a los delitos que no comportan apropiación y beneficio personal del dinero mal utilizado y sustraído al erario. La sensación general es que se diluye el castigo a la corrupción, un mal importante en la salud democrática española, y que solamente se aborda para que las sentencias sean compatibles con la vuelta a la actividad política inmediata de los líderes políticos de ERC condenados, y vete a saber si también beneficiar a algún político andaluz al que le tocaría entrar en prisión por malversación.

Más allá de la reacción airada de la caverna política y mediática española, existen dudas más que razonables como para poner en cuestión la práctica de remover legislaciones y el Código Penal bajo demanda de encausados y para resolver profundos problemas políticos. No hay un buen sentido del tiempo y de la oportunidad, pero también se lanza un mensaje muy extraño a la sociedad cuando se trastornan las leyes ad hoc y de forma improvisada. Se podría justificar en aras de unos efectos políticos muy positivos, los cuales dudosamente se darán. Todo esto no responde a un pacto serio con el independentismo, ni tampoco con Esquerra. Este partido no se comporta con ningún tipo de prudencia, que le exigiría cierta contención verbal y evitar ir poniendo sobre la mesa nuevas demandas por satisfacer. Pedro Sánchez, experto en moverse en situaciones políticamente agónicas, dijo hace poco que estaba “arriesgando mucho” con el tema de Cataluña. Y es cierto, arriesga que la política progresista y de izquierdas tarde mucho en volver a ser posible en España una vez pierda las elecciones justamente por este asunto. ¿Habrá aportado algo para solucionar el “conflicto catalán” que le permita pasar a la historia? Probablemente no. Con la derecha en el poder, el independentismo volverá a reunificarse y a radicalizarse. Retornará a la casilla de salida de 2017. En medio, y ojalá me equivoque, solo habrá habido un exceso de medicación que no habrá servido para nada.