En términos reales, a igualdad de aportaciones a la Seguridad Social, las pensiones del futuro serán inferiores a las del presente. Las principales causas son la gran generosidad de las actuales, el elevado gasto de la Administración en las anteriores prestaciones, el aumento de la esperanza de vida, la próxima jubilación de la generación del baby boom y los bajos salarios percibidos por numerosos trabajadores.

La elevada rentabilidad real ofrecida por las cotizaciones a la Seguridad Social y la rápida recuperación del capital aportado demuestran claramente la generosidad del actual sistema de pensiones. En base a cifras del 2017, el Banco de España calculó que la primera variable ascendía a un 3,5% y proporcionaba al jubilado medio una ganancia del 74%, pues por cada euro abonado recibía 1,74 €. Una rendimiento que superaba el ofrecido por el 97% de los planes privados con una antigüedad mínima de 20 años.

En el futuro, si la indicada rentabilidad sigue vigente y la inflación media se sitúa en el 2%, el pensionista promedio recuperaría el importe pagado 13 años después. Si se jubilara a los 65, sin anticipar su retiro, equiparía lo obtenido y abonado a los 78. Si no varía la esperanza de vida a la primera edad y se mantiene en 21,15 anualidades, la Seguridad Social regalaría al anterior jubilado ocho años y casi dos meses de prestación.

En 2023, el ejecutivo prevé destinar al pago de las pensiones 190.687 millones €. Una cuantía que equivaldrá a un 14,7% del PIB y un 32,1% del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas. Si los pensionistas conservan su actual poder adquisitivo, el método de cálculo de la primera prestación no varía y solo aumenta un poco la edad de jubilación, dichos importes se dispararán durante la próxima década.

Si perduran las tres anteriores condiciones, los sucesivos gobiernos tendrán dos opciones: aumentar significativamente la presión fiscal o reducir en una elevada medida otras importantes partidas de gastos. Ambas alternativas serían sumamente impopulares, pues la primera disminuiría el poder adquisitivo de los ciudadanos y la segunda rebajaría el dispendio en sanidad y educación. Dos áreas donde la calidad del servicio prestado ha menguado en los últimos años, después de los recortes sufridos durante la postrera década.

  Una bomba de relojería demográfica supondrá un gran problema añadido. Por un lado, el aumento de la esperanza de vida de los jubilados debido a la mayor implantación de la medicina preventiva, el descubrimiento de nuevos fármacos y terapias y unos hábitos de vida más saludables. Por el otro, en los próximos ejercicios el número anual de nuevos pensionistas será notoriamente más elevado que el de cualquier año previo al actual, al jubilarse de forma masiva a partir de 2022 los integrantes de la generación del baby boom.

  Dicha generación comprende los nacidos entre 1958 y 77. En cada uno de los períodos, su número superó los 650.000, correspondiendo el máximo histórico a los 697.697 de 1964. No obstante, el problema generado por ella no es únicamente la elevada cuantía de sus miembros, sino los compromisos más onerosos en materia de pensiones adquiridos con ellos por parte de la Administración, si no cambian notablemente las actuales normas.

Un mayor número de licenciados y diplomados universitarios, así como un más fácil acceso a una formación especializada, les dotó de una mejor cualificación profesional que cualquier otra generación anterior. Dichas características les permitieron lograr salarios más elevados y las normas imperantes les obligaron a pagar bastante más en concepto de cotizaciones sociales. No obstante, únicamente a los que trabajaban por cuenta ajena. Por tanto, una vez jubilados, deberían recibir una pensión superior a los de cualquier quinta precedente.

En los últimos años, los bajos salarios percibidos por numerosos trabajadores han constituido una de las principales causas del crónico déficit de la Seguridad Social. Entre 2008 y 22, los funcionarios han perdido el 15,1% de su poder adquisitivo. A pesar de ello, ha aumentado la brecha entre el salario percibido por los empleados del sector público y privado.

Los anteriores motivos obligarán a un próximo gobierno a adoptar medidas cuyo objetivo sea aumentar los ingresos y disminuir los gastos del sistema de pensiones, siendo este un tema casi no abordado por el ejecutivo actual. Las principales podrían ser las siguientes:

1) El aumento de los tipos de las cotizaciones sociales de los empleados. En la actualidad, el 28,3% de la base de cotización de los trabajadores va destinado al pago de las contingencias comunes. La mayor parte de los ingresos obtenidos es destinada al sufragio de las pensiones.

Para aumentar la recaudación, la Administración tiene dos principales opciones: incrementar el actual tipo y la base máxima de cotización, cuyo importe en 2022 se sitúa en 4.139,40 €. Ambas alternativas reducirían la competitividad de las empresas o los aumentos salariales de los trabajadores. Por tanto, solucionarían parcialmente un problema, pero como mínimo añadirían otro.

2) La equiparación de los tipos de los autónomos y los empleados. Al cotizar a la Seguridad Social, hasta 2022 los autónomos han gozado de un gran privilegio, pues han podido escoger el importe abonado. Tradicionalmente, la inmensa mayoría (un 85,8% en la actualidad) ha elegido hacerlo por la base mínima. Por eso, su pensión media es inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena.

Una alternativa para aumentar la recaudación consistiría en aplicarles los mismos coeficientes que a los empleados. No obstante, los autónomos cotizarían por los ingresos netos y al menos por un importe equivalente a la base de cotización del salario mínimo.

3) El incremento de la edad de jubilación.  Para reducir de forma permanente los gastos y a la vez aumentar los ingresos de la Seguridad Social, la mejor fórmula no consiste en retrasar uno o dos meses la edad de jubilación durante quince años, sino en ligarla a la esperanza de vida. La prórroga sería automática y no fruto de una difícil e impopular decisión del gobierno.

La primera medida la adoptó Zapatero en 2011 y ha constituido un parche que no ha servido para impedir un gran desfase entre los gastos e ingresos del sistema de pensiones. Para ser efectiva, la segunda debería ser complementada con una disminución del número de años de prestación regalados por la Seguridad Social a los nuevos jubilados. En 2022, la cifra se sitúa alrededor de los ochos años y dos meses y en el próximo futuro no sería extraño que descendiera a cinco.

4) La disminución de la primera pensión.  Una actuación para hacer menos onerosa para las arcas públicas la jubilación de la generación del baby boom consistiría en establecer una penalización a la primera pensión percibida. La reducción podría afectar a todos o a una parte de los nuevos pensionistas y en el primer caso ser idéntica para cualquier nivel de prestación obtenida o más elevada cuanto mayor sea esta.

Así, por ejemplo, el ejecutivo podría decidir bajar la primera prestación un 3% a todos los jubilados o solo a los que perciben más de 2.000 € mensuales brutos. No obstante, también podría optar por disminuir un 1% a los que cobran la pensión mínima y 0,5 puntos adicionales por cada 500 € de suplemento obtenidos.

5) La reducción del poder adquisitivo de la totalidad de las pensiones. En la actualidad, las prestaciones se revalorizan según el IPC medio del período comprendido entre diciembre de hace dos años y el último noviembre. Una alternativa para reducir el gasto futuro consistiría en aplicar a todos los incrementos anuales un factor corrector (por ejemplo, de 0,5 puntos).

Si así sucediera y la inflación interanual fuera del 3%, en el siguiente ejercicio las pensiones solo se revalorizarían un 2,5%. En un período de 25 años, dicho factor corrector provocaría una reducción del poder adquisitivo de los jubilados del 11,8%. Un objetivo idéntico al perseguido por la reforma efectuada por Rajoy en 2013. No obstante, la fórmula aplicada era distinta y más elevada la disminución pretendida de la prestación.

En definitiva, en los próximos años, el desfase en las cuentas de la Seguridad Social será muy elevado y difícilmente financiable con una presión fiscal similar a la actual, si los sucesivos gobiernos no reducen en términos reales los gastos en otras de las principales partidas del presupuesto de las Administraciones Públicas, tales como sanidad y educación.

 Por tanto, aunque sea sumamente impopular, uno o más ejecutivos deberán adoptar medidas traumáticas. Probablemente no escogerán una de las cinco alternativas anteriormente expuestas, sino que aplicarán a la vez la mayoría de ellas. Si así sucede, los trabajadores pagarán más impuestos y se retirarán más tarde. Los jubilados cobrarán menos de primera pensión y perderán un poco de poder adquisitivo cada año.

No obstante, nada de lo anterior se producirá si aumenta sustancialmente la población gracias a una masiva inmigración, crece notoriamente el porcentaje de población activa, disminuye considerablemente la tasa de paro y aumentan en gran medida los salarios debido al elevado aumento de la productividad generado por la robotización de la industria y los servicios. No es imposible, pero si muy difícil. Ojalá me equivoque y los malos augurios no se cumplan.