Es evidente que para que un mensaje cale hay que repetirlo una y mil veces. Y eso es lo que está haciendo Moncloa para justificar la retahíla de llamativas cesiones a los separatistas catalanes (que no a Cataluña) de esta legislatura.

Nos repiten como loros que, por aquí, estamos sin duda mucho mejor que en 2017, y que eso es porque se ha creado una mesa de diálogo, se han aplicado indultos a los condenados por sedición y hasta se va a suprimir este delito del Código Penal (con la consiguiente aplicación retroactiva de la ley penal más favorable). Resulta irrelevante que quienes de facto van a resultar casi amnistiados insistan en que lo volverán a hacer. Lo inteligente es ceder porque, así, los secesionistas se calman.

¿Cómo no se van a calmar? ¿Qué mejor alternativa que un periodo de continuas cesiones por parte del Estado para definir nuevas estrategias en un contexto de desencanto en las bases y de fortísimas tensiones entre los diferentes sectores del independentismo?

Otra cosa es que realmente estemos mejor. Intenta Moncloa que pongamos el foco en los altercados callejeros, que ciertamente han disminuido. Pero el núcleo del problema no es ese. Nunca lo ha sido. Lo que se ha de analizar a fondo son las actuaciones de la Generalitat. Las Administraciones catalanas (quienes están al frente) siguen siendo manifiestamente desleales con el Estado y hostiles, cuando no agresivas, con quienes no compartimos los postulados nacionalistas, vulnerando en muchas ocasiones nuestros derechos.

Los ejemplos son numerosos. Basta ver qué banderas ondean en el casi millar de ayuntamientos catalanes, los frecuentes desplantes al Rey, la obsesión por clausurar la Comisaría de la Policía Nacional de la vía Laietana o despreciar la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza, el borrado de  referentes culturales comunes de callejeros y bibliotecas públicas... De vez en cuando trasciende una perla como el escrito a un juez de la alcaldesa de Vic explicando sin ningún rubor que no ha autorizado a Ciudadanos a poner una carpa porque sus planteamientos son contrarios a la opinión mayoritaria del lugar. ¿Imaginan que haga esto el Ayuntamiento de Cornellà con una carpa de Junts?

El mismo lenguaje de los líderes separatistas continúa siendo muy beligerante con el Estado (obviando, por supuesto, que la Generalitat es Estado). Siguen hablando permanentemente de represión, de presos políticos y de exiliados. Se puede constatar en los debates parlamentarios (también, de forma desafiante, en el Congreso y en el Senado), en las cuentas oficiales, en sus intervenciones en foros internacionales… Y estos términos se reproducen en el lenguaje informativo (el subrayado es mío) de unos medios públicos cuya adecuación a las misiones de servicio público depende de un regulador audiovisual (el CAC) presidido por el hagiógrafo de Puigdemont, tras el reciente pacto entre ERC, Junts ¡y el PSC!

Nada de esto es inocente. El desprecio (hasta la quema) de los símbolos comunes y la colonización del relato (una lluvia fina que dura décadas y que se refuerza con la penetración, gracias a cuantiosas subvenciones, de todo tipo de entidades sociales y profesionales) desmoralizan a los constitucionalistas, que ahora, con el sangrante ninguneo del Gobierno de España, nos sentimos particularmente arrinconados.

Pero si hay un ámbito donde el escándalo es mayúsculo es en el sistema educativo. Que el Gobierno de España que, a través de la Abogacía del Estado, había logrado una sentencia histórica que dejaba claro que el español ha de ser lengua vehicular en nuestras escuelas, haya sido cómplice de la aprobación de una normativa diseñada por los nacionalistas para impedir la ejecución de esa misma sentencia es incalificable. No es de extrañar que ahora quieran asfixiar a las universidades con los mismos delirios identitarios.

En esta Cataluña “donde todo va mejor” están proliferando comisarios lingüísticos en los centros de enseñanza no universitaria (los ULAE, grupos de promoción de los Usos Lingüísticos en el Ámbito Escolar), y los rectores llegan a acuerdos con un tal Movimiento Estudiantil (los radicales que animan abiertamente en redes a expulsar a los estudiantes constitucionalistas de los campus) para que (mientras que en primaria y secundaria la cosa no puede ir de porcentajes) en las universidades se impartan al menos el 80% de las clases en catalán.

Son los mismos rectores que se han hecho una foto en el claustro de la UB (podría haber sido en la plaza del 1-O de la UPF), al toque de pito de Òmnium, enarbolando carteles a favor de la amnistía de los condenados del procés, mientras las cinco universidades públicas de Barcelona eran condenadas por vulneración de los derechos fundamentales a la educación, a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, como consecuencia de sus manifiestos y declaraciones partidistas.

Y todo ello mientras el consejero de Educación, Gonzàlez Cambray, se ufana de haber logrado que no se ejecute la sentencia del 25%, y el nuevo consejero de Investigación y Universidades, Joaquim Nadal (que confiemos en que no tache a la AEB de fascista como hizo su predecesora en TV3), anuncia que incumplirá la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario si contraviene la estrategia de la Generalitat de priorizar las plazas de profesorado laboral frente a las de titulares y catedráticos (funcionarios del Estado), que son los que llevan a las universidades a los tribunales.

Todo minucias. Disculpen si me he extendido. Mejor hagamos caso a Moncloa. No hay que crispar. Colaboremos, eso sí, en la implementación de las 100 nuevas medidas para impulsar el catalán que ha ideado el Govern. Ya que los nacionalistas no han logrado hacernos extranjeros en nuestro país en 2017 hay que darles una salida digna que, aunque coarte un poco nuestras libertades, nos permita seguir teniendo un Gobierno de progreso en España.