Queda lejos de mi ánimo, y aún más de mi capacidad, el entrar, metiéndome en camisa de once varas, en un berenjenal jurídico, pormenorizado, acerca de la conveniencia y repercusión que la derogación del delito de sedición de nuestro Código Penal supone. Acaso esté desfasado y haya que homologarlo –porque ahora mismo toda Europa es un clamor (ironía ON)—, lo ignoro... Doctores, magistrados, juristas y expertos en Derecho tiene la iglesia. Personalmente les recomiendo que lean la reciente columna del siempre brillante Joaquim Coll en este digital (Derecho Penal a la carta) pues es un texto sumamente esclarecedor.

En 2017, durante el juicio a los líderes independentistas, Manuel Marchena se centró en el Artículo 544, el referido a la sedición, porque el referido a la rebelión “impropia” –entendiendo por impropia el hecho de que no estábamos ante un levantamiento arma en mano— no cabía. Así que la sedición se convirtió en pulpo o animal de compañía.

Es curioso. En 2018 Pedro Sánchez declaraba con cara de lince ibérico y en argumentación sopesada que el delito cometido por los líderes del procés, de forma continuada, con nocturnidad, diurnidad y alevosía, era pura y llanamente rebelión contra la Constitución. Y se comprometía a aplicar todo el peso de la ley. Dura lex sed lex... Un año más tarde afirmaba querer recuperar el delito referido a la convocatoria de referéndums ilegales. De aquellos días también queda su opinión sobre los indultos, que no estaban ni iban a estar encima de la mesa. Pero tras ser investido por lo más pútrido de cada casa perdió la poca vergüenza que le quedaba, aligeró de peso el petate de su conciencia y dio el golpe de timón que nos ha traído hasta esta orilla. El resto ya lo conocen.

Personalmente, como ciudadano de a pie, lego en materia jurídica, y no dispuesto a ser tildado de leguleyo, de todo este asunto me interesa más poner el dedo en la llaga, en la herida del ánimo colectivo; en la perplejidad, desazón y desamparo que los tejemanejes de políticos execrables, capaces de subastar a su madre en un mercado persa, o cambiarla por un bidón de gasolina que le permita sobrevolar con su Falcon lo que queda de legislatura, nos causan a todos. Sí, he dicho a todos, o a casi todos. No olviden el dato de que más de la mitad de los votantes del desaparecido PSOE (hoy es un Partido Sanchista) no ve bien la derogación de ese artículo –barones como Emiliano García Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara han alzado la voz ante lo que entienden es un auténtico despropósito— y su substitución por el delito de desórdenes públicos agravados. Como dijo Federico Trillo en su exclamación más célebre: “¡Manda huevos!”... Acosar y humillar a la mitad de los ciudadanos catalanes durante 10 años; incendiar ciudades; cortar autopistas y vías férreas; asediar organismos e instituciones del Estado; bloquear aeropuertos y ahuyentar a miles de empresas es, ahora, un desorden público agravado. Pues que salga Solón el ateniense de su tumba y escupa en la cara a toda esta caterva de felones que pervierten la democracia con cada uno de sus actos.

Juraría que la sociedad civil, los sufridos votantes, hemos caído en un estado de atonía a la hora de reaccionar ante la arbitrariedad y los espurios intereses de políticos desaprensivos; de afasia a la hora de decir alto y claro que es inaceptable ver cómo degradan la democracia como sistema convivencial, y cómo se anulan o cambian, una y otra vez, las reglas del tablero de juego en beneficio de los que no son sino tahúres de baja estofa, sin ninguna ética o dignidad... Bastante tenemos, es cierto, con lidiar con nuestro día a día –aunque eso no sea pliego de descargo que justifique la inacción—, con una situación económica y social desastrosa. Y ellos, él, ella y elle, lo saben y se benefician... ¿Quién sale a la calle, protesta, pone pie en pared o grita que se acabó el carbón y que hasta aquí podíamos llegar, cuando no damos abasto con todos los problemas que cargamos en el saco?

Recuerdo unas declaraciones de Albert Rivera, creo que de 2020, referidas a Pedro Sánchez, pero aplicables a cualquiera de los muchos que contribuyen, en su afán de poder y perpetuación en sus cargos, a este sindiós, a este desgobierno de sentencias a la carta. Se preguntaba de forma retórica cómo podría un Gobierno negociar con atracadores de bancos una reforma del delito de robo a mano armada; o con violadores una ley referida a acoso sexual; o con golpistas una reforma del Código Penal. Ni siquiera Pere Aragonès se preocupa en maquillar en sus declaraciones que esto ha sido una negociación, un toma y daca de intereses en toda regla: “Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos políticos por convocar el referéndum del 1-O”. Y apunta a que los siguientes pasos, que llegarán y los veremos, no lo duden, persiguen reformar el delito de malversación –Gabriel Rufián apostilla que esa debería ser reforma quirúrgica, porque aquí somos tope golpistas, pero muy honrados, ya que no ha habido lucro personal de los encausados a la hora de meter mano a las arcas públicas—; también una amnistía general y un referéndum de autodeterminación. Si Pedro Sánchez logra seguir ocupando el trono cuatro años más no lo duden: será a base de alguna dádiva en forma de referéndum de carácter “consultivo, no vinculante y no excesivamente agravado”. Lo veremos, soon in a theater near to you...

Evidentemente unos cuantos están encantados con este des-Gobierno y su política de cambalache. Ahí tienen a Arnaldo Otegi y a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, haciendo campaña a favor del mercachifle de Sánchez, que es una auténtica bicoca para cualquier separatista de pro. No se cortan un pelo: “Lo mejor que nos puede pasar es que Sánchez siga en la Moncloa hasta 2027”. Y no olvidemos a Oriol Junqueras, beato golpista de andorga insaciable, que no cabe en el traje de tanta satisfacción, porque la derogación de la sedición, así lo razona, es un éxito que favorecerá las tesis y objetivos del independentismo ya que los jueces tendrán “menos herramientas” cuando lo vuelvan a intentar en el futuro. Anda tan contento el hombre que se nos ha largado de gira por Argentina, Colombia y Chile para despotricar a sus anchas y denunciar la represión y el totalitarismo del Estado español. Incluso Carles Puigdemont, que veía con malos ojos la derogación de esa ley porque era un tanto anotado en el marcador de la odiada ERC, ya se las promete felices; si en breve le modifican lo de la malversación le veremos tocando las castañuelas.

De muy poco nos sirve a los constitucionalistas que Núñez Feijóo asegure, mientras sube o baja, viene o va, que cuando llegue a gobernar revertirá la situación. Aguas pasadas nunca mueven molinos. Y parco consuelo encontramos los catalanes en la siempre brillante y contundente oratoria de Alejandro Fernández, experto en poner a estos fulanos ante el espejo de su iniquidad. Nunca los españoles habíamos sufrido un Gobierno tan sectario, divisivo y chapucero como el que nos ha tocado en suerte. No hay ley ni línea roja que les detenga en la prosecución de su único objetivo. El poder lo es todo.

Pero lo más indignante ocurre cuando alguna de sus innumerables chapuzas les sale mal, de forma notoria, y les llueven críticas en las redes sociales, en tertulias, y en la poca prensa objetiva e independiente que aún queda... En esas ocasiones optan por arrojarse en brazos de la más vergonzosa procacidad y cinismo. Si hay que echar la culpa de los errores que contiene una ley mal elaborada, con tildar a magistrados y jueces de incompetentes, machistas, heteropatriarcales o fascistas, aquí paz y luego gloria.

Y si ladran, Pedro, señal de que cabalgamos...