Quid pro quo. El pacto de la sedición entre ERC y Gobierno agota la oratoria forense del soberanismo; despeja de la ecuación a Junts y reúne al partido de Laura Borràs con el PP, inmersos ambos en el atajo del populismo. Frente al embudo de los dos nacionalismos, la política es el mejor remedio, porque trabaja a través de la negociación. La sedición es esto: negociación y contrapartida en medio de los Presupuestos Generales de 2023, que le pueden permitir a Sánchez salir airoso en el momento de desempeñar la presidencia del Consejo de la UE, en el segundo semestre de 2023.

Los Presupuestos le servirán a Sánchez para encarar un ejercicio intenso en gasto social y dar un paso más hacia la desjudicialización del conflicto independentista. “Rotundamente, la sedición no existe en el entorno de la UE”, afirma el magistrado Joaquim Bosch; “la rebelión, sí”. Como es bien sabido, el Supremo español desestimó juzgar por rebelión a los acusados del procés; los condenó por sedición y aquel fallo quedó aislado entre el intrincado derecho comunitario. No han valido las euroórdenes. Pero a partir de enero, habrá extradición y el expresident Puigdemont tendrá que rendir cuentas por haber puesto en peligro el equilibrio constitucional.  

En el trámite iniciado por el Gobierno para anular la sedición, ERC presentará enmiendas que permitan afectar al delito de malversación. En principio, la malversación no se aplicaría a la disidencia política; solo serán acusados aquellos altos cargos “que se han lucrado” o que han beneficiado a sus partidos políticos a través de órdenes administrativas, “aunque no hayan pillado”. Una cosa es la apropiación y otra la desviación o mal uso, pero ambas causan un “menoscabo en el patrimonio público”, añaden los magistrados expertos. La primera enriquece al corrupto, punto; la segunda genera clientelismo electoral –los ERE de Andalucía—, proporciona trincheras, como la fuga Puigdemont o facilita los consentidos despistes invigilando de Rajoy y Aguirre, en Gürtel y Púnica. Hay leña para todos.

La literatura de combate en contra del dogma es muy antigua. Empezó en la Roma de Juliano, aquel emperador que abolió el Edicto de Constantino y que fue aclamado al recuperar el politeísmo helénico, con la veneración de dioses a conveniencia de cada quién, como contaron Anatole France en El emperador Juliano y Gore Vidal, cien años después, en su conocido Juliano el apóstata.

El rencor tiene todavía sus ecos, lejos del Templo de Jerusalén. Especialmente en Cataluña, donde se cumplen cinco siglos del paso de Ignacio de Loyola por la Cueva de Manresa, camino de Tierra Santa, como le recordó anteayer por carta el papa Francisco al cardenal Omella para deleite de Pere Aragonès, que presidió un acto de celebración en memoria del fundador de los Jesuitas en el salón Sant Jordi del Palau. Como suele ser habitual en los oficios del nacionalismo, el president se purpuró para recordar entre líneas (sin palabras) que el pueblo escogido tiene un origen teocrático, aunque utilice formalmente el republicanismo laico.

Si estira más el brazo que la manga, as usual, en el asunto de la malversación, el Govern de ERC puede perder la partida. La Moncloa impone un ritmo frenético en busca de la centralidad y exige que la integridad territorial del Estado y la libertad de cultos autonómicos sea condición necesaria para el perdón. De alguna manera, Juliano lo anticipó hace 1.600 años, en su libelo Contra los galileos.