Ayer se cumplieron 17 años, ocho meses y 13 días desde que Pasqual Maragall le dijo en el Parlament a Artur Mas: “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Mas enfureció y amenazó al presidente socialista de la Generalitat con boicotear la reforma del Estatut que se estaba preparando. Maragall cedió y retiró su frase, pero el aldabonazo quedó flotando en el aire de la sesión parlamentaria.

Casi 18 años después, la fiscalía pidió ayer altas penas de prisión para los responsables de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el llamado caso del 3%, las comisiones que ingresaba CDC por la adjudicación de obras públicas desde la Generalitat. La justicia es lenta, pero implacable. Si existe la separación de poderes, cuando la maquinaria judicial se pone en marcha casi siempre es imparable.

El del 3% es el segundo gran caso judicial sobre la financiación ilegal de CDC, después del caso Palau de la Música, que se cerró en abril de 2020, cuando el Tribunal Supremo dio firmeza al fallo que condenaba a penas de cárcel a Fèlix Millet y Jordi Montull y declaraba probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la empresa constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas.

En los dos casos, el sistema era el mismo: los empresarios beneficiados pagaban a las fundaciones ligadas al partido y así se financiaban los gastos de campañas electorales o de funcionamiento ordinario de CDC. Es un sistema que han utilizado también otros partidos, como demuestran los casos Gürtel en el PP o Filesa en el PSOE, y que ya denunció Josep Borrell hace muchísimos años, cuando fue ministro de Obras Públicas del último Gobierno de Felipe González (1993-96).

La fiscalía describe el caso del 3% así: “De 2008 a 2015, altos cargos del partido político Convergència Democràtica de Catalunya, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta”, a través de las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona. Estas fundaciones recibieron entre 2008 y 2012 donaciones por 9,5 millones de euros (1,85 millones considerados como “pagos ilícitos”). Las licitaciones comprometidas ascienden a 218,7 millones de euros y las adjudicaciones definitivas a 175 millones.

En este caso, la fiscalía pide penas de prisión de 21 años, que pueden ser 22 si no se paga una multa de más de 254 millones de euros, para el extesorero de CDC Andreu Viloca y 18 años y 10 meses para Germà Gordó, exgerente de CDC, exsecretario del Govern y exconseller de Justicia de Artur Mas, de quien era un hombre de absoluta confianza. A Gordó el fiscal le atribuye la dirección y el reparto de papeles con el que se constituyó lo que califica de “organización criminal”. A otro exgerente de CDC, Carles del Pozo, se le piden 14 años de prisión, y a la exjefa económica y financiera del partido Anna Dolors Benítez Bueno, 10 años.

Una de las dificultades de estos delitos son las pruebas y poder demostrar la relación específica causa-efecto. Por eso el fiscal añade que, a veces, “la vinculación con una adjudicación específica no existía y las donaciones se realizaban por los empresarios, de acuerdo con los responsables políticos del partido, para crear o mantener una buena relación con el partido y, así, ser tomados en cuenta para futuras adjudicaciones y ser considerados elegibles” para integrar lo que el fiscal califica también de “la familia” convergente. Entre los empresarios acusados figuran conocidos convergentes como Francesc Xavier Tauler, José Miarnau y Jordi Sumarroca.

Por eso las principales pruebas, además de las documentales, son las confesiones de los “arrepentidos”, en este caso el exgerente de CDC Daniel Osàcar y el exresponsable económico del partido Francesc Sànchez, los mismos que ya colaboraron en el caso Palau. Con sus confesiones, han conseguido rebajar la petición fiscal a año y medio de prisión y a un año, y librarse de la cárcel. El total de acusados se eleva a 30 personas y los delitos son organización criminal, fraude continuado a las administraciones (empresas públicas, ayuntamientos y Diputación de Barcelona), corrupción continuada entre particulares, tráfico de influencias continuado, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Una constante que se repite en los casos de financiación ilegal, también en este, es que la justicia a lo máximo que puede llegar es a los responsables de finanzas de los partidos, mientras que los dirigentes políticos quedan exonerados y, como mucho, llamados a declarar como testigos. Es de sentido común, sin embargo, que estos sistemas de financiación no se pueden montar sin el conocimiento de los máximos responsables políticos de los partidos.

En este caso, las responsabilidades afectan solo al PDECat, fundado en 2016 como “heredero” de CDC para tapar la corrupción, cuando las actuaciones que serán juzgadas ya se habían producido. Para el PDECat, el fiscal pide tres millones de euros de multa, pero Junts per Catalunya, escisión de ese partido, se libra. Las tres formaciones, sin embargo, proceden del mismo árbol y están relacionadas por nombres y hechos.