Hay temas cuyo abordaje político es lógico que esté condicionado por la perspectiva ideológica (uno puede, por ejemplo, pensar que algunos servicios deben ser de gestión pública, privada o mixta), pero hay otros asuntos en los que no cabe ese disenso. Es el caso de la independencia de los medios públicos o del órgano de gobierno del Poder Judicial, que deberían ser una prioridad indiscutible para cualquier fuerza política que enarbole los principios y valores constitucionales.

No obstante, el rol tradicional de los grandes partidos españoles con respecto a estas dos cuestiones, y particularmente durante los últimos años, no apunta en esa dirección. En el supuesto de RTVE, un acuerdo entre PSOE, PP, UP y PNV reventó en 2021 el concurso público con el que supuestamente se pretendía configurar un consejo de administración que atendiese a los criterios de mérito y capacidad. Los referidos partidos despreciaron el concurso diseñado por ellos mismos, y evaluado por expertos nombrados por ellos mismos con criterios que también fijaron ellos mismos. El argumento esgrimido fue que, tras la evaluación de los expertos, entre los 20 candidatos mejor puntuados (de los que Congreso y Senado debían nombrar a 10) no había suficientes mujeres para garantizar la cuota de género, una cuota que tampoco se respetó en la configuración del mismo comité sin que pasase nada. Resultó bochornoso que se anunciasen los nombramientos de los nuevos consejeros y presidente de RTVE antes incluso de que concluyeran las comparecencias parlamentarias del casi centenar de candidatos. Para muestra, la cara de la actual ministra de Justicia, presidenta entonces de la Comisión de Nombramientos del Senado (y juez), cuando los candidatos afirmaban (ante esta Comisión) que confiaban en que el listado de nuevos consejeros de la corporación audiovisual pública que había trascendido a los medios antes de sus comparecencias no se confirmaría.

Pero no pasó nada. Los parlamentarios de PSOE, PP, UP y PNV votaron religiosamente los nombres pactados (las famosas cuotas de partido), faltando al respeto a los expertos y especialmente a candidatos muy cualificados que en muchos casos habían elaborado proyectos de gestión muy serios. Sugiero leer el libro de Francisca González y Yolanda Sobero RTVE desde dentro. Lo que no te han contado. De la moción de censura al fracaso de Pérez Tornero para ver los detalles de lo que explico y las consecuencias de esta forma de actuar: una RTVE paralizada por las batallas entre peones de partido en el seno de su máximo órgano de gestión.

En el supuesto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos encontramos con un órgano clave bloqueado por la incapacidad de los grandes partidos para renovar a sus vocales (se requieren 3/5 de cada Cámara), y por la limitación de sus competencias para hacer nombramientos (promovida desde el Gobierno) mientras esté en funciones. Esta limitación (una forma de presionar al PP para que se avenga a un acuerdo), para colmo, ha sido corregida en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional porque la designación de los dos que corresponden al Ejecutivo va pareja a la de los dos que ha de nombrar el CGPJ. El último episodio ha sido mezclar la renovación de este órgano con la modificación del Código Penal en lo que respecta al delito de sedición, como cuando los nacionalistas piden selecciones regionales para aprobar los Presupuestos General del Estado. Un despropósito absoluto cuando, además, la renovación debería negociarse en sede parlamentaria, coordinada por los presidentes de Congreso y Senado, y no (como se está haciendo) por las cúpulas de los dos grandes partidos, absolutamente al margen de las Cámaras.

A diferencia de lo que sucede con RTVE, que parece no importar a casi nadie, el bloqueo del CGPJ está en el punto de mira de la UE y ya ha tenido un efecto visiblemente dañino para nuestro país al incidir en la pérdida de la condición de democracia plena que hasta hace muy poco otorgaba a España el prestigioso ranking elaborado por The Economist.

Sin embargo, ambas cuestiones están claramente relacionadas. Esto se observa en las más que desafortunadas declaraciones de Pablo Iglesias en la SER en las que reconoce sin rubor que UP aceptó la propuesta del PSOE de nombrar a Pérez Tornero (un facha, según él) presidente de RTVE a cambio de poder designar a dos vocales del CGPJ. En resumen, las zarpas de la política desgarrando la confianza en órganos clave para la configuración de la opinión pública y para la garantía de nuestros derechos y libertades.

Ante esta situación, para poner coto a los intereses de unos partidos que priman de una forma insolente su estrategia de supervivencia política sobre el interés general, solo cabe optar por un modelo profesional tanto para la elección de los consejeros de RTVE como de los vocales del CGPJ. Un concurso público bien armado en el primer caso y la elección de los 12 vocales de procedencia judicial por los propios jueces (en la línea de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la propia UE), en el segundo. Sobre la fórmula concreta se puede y se debe debatir mucho.

No obstante, el asunto es cómo implementar este cambio puesto que depende de quienes no parecen tener el más mínimo interés en hacerlo, por más que lo manifiesten cuando están en la oposición. Basta ver las declaraciones de Pedro Sánchez a La Sexta (Salvados) en 2014, o las exigencias del PP ahora, con respecto al CGPJ. A la vez, los dos grandes partidos aceptaron a regañadientes el concurso público para RTVE en 2017, forzados por Ciudadanos y Unidas Podemos (entonces Unidos Podemos), y lo reventaron, con el acuerdo de esta última coalición, cuando los candidatos mejor puntuados no les parecieron suficientemente afines.

Da que pensar que el partido más penalizado actualmente en las encuestas sea el que se ha mantenido firme en la defensa de un modelo profesional para RTVE y para el CGPJ. Cs ha presentado numerosas iniciativas en este sentido y se ha negado sistemáticamente a negociar cuotas de partido.

Seguramente la ciudadanía minimiza la relevancia de estas cuestiones, en parte porque no son fáciles de comprender y en parte porque en tiempos de tanta polarización es muy difícil atender a miradas alternativas a las que dibujan los dos partidos que se perciben como alternativas de gobierno.

Sin embargo, son esas miradas alternativas las que deberíamos exigir y promover quienes somos conscientes de la importancia de contar con unos medios públicos y un CGPJ realmente independientes. Hemos de hacer ver que los medios públicos son el mejor foro para promover el encuentro entre diferentes sensibilidades en contextos políticos y mediáticos tan polarizados como el nuestro. Y también hemos de explicar que la división de poderes es irrenunciable, que los sistemas de pesos y contrapesos son cruciales para evitar abusos. Las cosas cambiarían si todos los partidos percibiesen que estas cuestiones, esenciales para la calidad de nuestra democracia, condicionan el voto.