El nombramiento de tres consejeros ajenos a ERC pretende difundir la idea de que Pere Aragonès ha formado un Ejecutivo que supere los intereses partidistas y represente a la mayor parte de los ciudadanos catalanes. Finge que ha construido una especie de Gobierno de unidad “nacional”, donde solo son excluidos los recalcitrantes (PP, Vox y lo que quede de Ciudadanos). De ahí que ERC compagine los llamamientos a Junts para que vote unos presupuestos que hizo uno de sus militantes, con el cortejo a la CUP, por si algún día decide servir para algo. Al mismo tiempo que simula propugnar la unidad del independentismo tras las cuentas de la Generalitat, suma al Ejecutivo tres destacados exdirigentes de PSC, Podemos y CDC. Como relato podría dar el pego si no fuera porque es boicoteado constantemente por otros dirigentes de su propio partido que repiten machaconamente que el PSC tiene que quedar fuera, lo que desvirtúa el llamamiento a la inclusión al resaltar la voluntad excluyente.

El primer problema es que Cataluña, por más que lo griten los independentistas, no es una, sino múltiple y no se puede pretender representar a todos los catalanes sin reconocer su derecho a la diversidad. Un derecho que ampara a todos. ¿O es que un ciudadano catalán tiene prohibido pensar y defender que el mejor futuro para Cataluña es mantener su vinculación con el resto de España? La cosa está clara: si en Cataluña no caben todos, cabe que algún día no quepa nadie.

Es cierto que tras la oferta de negociación presupuestaria de los socialistas está la voluntad de romper la supuesta unidad independentista y mostrar que en Cataluña se pueden recorrer caminos incluyentes. Y es cierto también que ERC no quiere dar la impresión de que colabora en la ruptura del mal llamado frente del 52%, que ni está unido ni es un frente ni tampoco suma el 52%. Pero en algún momento alguien tendrá que reconocer que los planes de Aragonès y los de Laura Borràs, por lo menos a medio plazo, son incompatibles y que ERC, en la medida en que dice abanderar un proyecto de transformación social, está más cerca de la socialdemocracia del PSC y de los comunes que del cualquiera sabe qué de Junts y la CUP.

A Aragonès le va en ello incluso la dignidad del cargo. Como presidente del Gobierno de la Generalitat no puede rebajarse a aceptar que un espantajo como el Consell de la República esté por encima de él.

Los nombramientos de los nuevos consejeros están bien como guiño, pero hace falta más. Pretender gobernar con 33 diputados sobre 135 es ir mucho más allá de lo parlamentariamente razonable. Y, se mire por donde se mire, Joaquim Nadal, Carles Campuzano y Gemma Ubasart pudieron algún día ser dirigentes del PSC, CDC y Podemos (en este último caso, no más de media hora), pero hoy solo se representan a sí mismos. Pueden servir de puente hacia sus antiguas formaciones, pero para ello es imprescindible que ERC deje de demonizarlas y asuma en Cataluña la pluralidad que dice reclamar para el conjunto de España. En pensamiento político, en proyecto territorial y en usos lingüísticos, porque en todos esos ámbitos se manifiesta el pluralismo de los catalanes.

Aragonès se enfrenta a una tesitura clara: o pacta los nuevos presupuestos con formaciones no independentistas o se los come con patatas y prorroga los anteriores. Esto significa, por de pronto, la pérdida de unos 3.000 millones que figuran en los nuevos, pero no en los antiguos. Y va a tener muy difícil renunciar voluntariamente a ese dinero y luego echar la culpa a los demás de la escasez de fondos. Puede hacerlo; de hecho, las piruetas retóricas de los independentistas no tienen riesgo porque cuentan con una parroquia de fieles que se lo acepta casi todo. El último sapo que parecen tragarse es el de mantener a Francesc de Dalmases como diputado, después del informe que deja claro su machismo y su falta de respeto a la libertad de expresión. Puede que sea un machirulo, pero, claro, se dicen los muchachos de Junts, es nuestro machirulo. O cuando menos el machirulo de Laura Borràs