En los temas importantes, la Comisión Europea (CE) generalmente acierta cuando rectifica. Desgraciadamente, su capacidad de reacción no suele ser rápida, sino bastante lenta. Una tardanza atribuible a su carácter extremadamente burocrático, la dificultad en detectar los errores cometidos o la creencia de que estos serán resueltos por el mero paso del tiempo.

En algunas ocasiones, su lenta o nula capacidad de reacción comporta sustanciales repercusiones negativas sobre el poder adquisitivo de las familias, los beneficios de las empresas, la inflación y el PIB. En la última década, el mejor ejemplo lo constituyó la política de austeridad establecida en mayo de 2011. En la actual, es la contraproducente regulación del mercado mayorista de la electricidad.

En septiembre del pasado año, el importe de la factura de la luz en España ya era un gran problema nacional. En dicho mes, se disparó en el anterior mercado y se situó en 156,14 euros/MWh. Una cuantía jamás previamente alcanzada y superior en un 227,3% a la media observada en 2019. Las principales causas fueron un elevado aumento del precio del gas natural y el sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad.

En el segundo semestre de 2021, Rusia disminuyó sustancialmente las ventas de la anterior materia prima al exterior. Al ser el principal exportador mundial, generó escasez y provocó un gran incremento de su precio. En septiembre, en el mercado holandés TTF el importe medio del producto básico ascendió a 66,1 euros/MWh, una cuantía superior en un 352,8% al promedio advertido en 2019.

El sistema marginalista trasladó a la electricidad el gran aumento del precio del gas. En cada franja horaria, aquel determina un único importe en el mercado mayorista, siendo este equivalente al exigido por las centrales cuyo coste de generación es más elevado. Las últimas son las de ciclo combinado, siendo su materia prima masivamente extraída por Rusia.

Dicho sistema funciona bastante bien si el coste de producción de la mayoría de las tecnologías es muy similar. A finales de la década de los 90, cuando se creó el mercado mayorista europeo de la electricidad, así ocurría. En la mayoría de los países, los combustibles fósiles constituían la principal materia prima y tenían un precio sustancialmente por debajo del actual. Por tanto, la diferencia de costes entre las centrales hidroeléctricas, nucleares, térmicas o de ciclo combinado era escasa.

En cambio, si el coste de producción de una tecnología es muy superior al de las demás, tal y como sucede en la actualidad, el sistema marginalista genera unos pocos ganadores y multitud de perdedores. El primer grupo está compuesto por las empresas eléctricas y el segundo por todos los hogares y el resto de las compañías.

Por tanto, una rápida modificación es imprescindible para evitar un elevado aumento del importe de la electricidad y un efecto arrastre sobre los precios de numerosos bienes y servicios. No obstante, en agosto de 2021, ante la petición de cambio de sistema por parte de la ministra Ribera, la CE respondió que tal solicitud no tenía sentido, pues el establecido era el más eficiente.

En anteriores ocasiones, también lo calificó como el idóneo para lograr una rápida transición energética. Al proporcionar elevados beneficios extraordinarios a las empresas eléctricas, estas aumentarían sustancialmente su inversión en energías renovables y dejarían de utilizar los combustibles fósiles como materia prima.

La última no era una afirmación bienintencionada, sino una excusa escasamente elaborada para beneficiar a las compañías eléctricas. A los principales políticos europeos se les pueden atribuir numerosos defectos, pero nunca una gran ingenuidad. Ningún adulto puede creerse que las anteriores empresas realizarían un elevado dispendio para ganar menos.

No obstante, en septiembre de 2022, un año y un mes después de la carta enviada por la ministra española de Energía, Ursula von der Leyen ha rectificado. No lo ha hecho poco, sino mucho y ha eliminado de facto la aplicación del sistema marginalista en el mercado mayorista de la electricidad, al establecer un tope de 180 euros/MWh al precio de las energías renovables y nuclear.

Por tanto, si el importe fijado por el pool es de 300 euros/MWh, las empresas eléctricas recibirán la cuantía integra por la energía producida mediante carbón, petróleo o gas natural. Si la han generado mediante otras tecnologías, el precio neto obtenido será de 180 euros/MWh, pues deberán abonar 120 euros/MWh a la Administración.

En consecuencia, sus beneficios extraordinarios seguirán siendo elevados, pero mucho menos de lo que lo eran hasta el momento. Así, por ejemplo, si mediante molinos de viento producen energía con un coste de 50 euros/MWh, el margen del beneficio operativo por MWh generado será de un 260%, en lugar del 500% anterior.

El nuevo precio máximo impedirá que numerosos consumidores paguen una elevada compensación a las gasísticas por la instauración del tope al precio del gas en España, siempre que este continúe existiendo. De este modo, en las próximas fechas, el importe de la factura de la luz disminuirá sustancialmente, pues las nuevas medidas deberán entrar en vigor antes del 2 de diciembre.

En definitiva, la CE ha topado el precio de la mayor parte de la electricidad producida y extraído una sustancial fracción de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas. En un año y un mes, Ursula von der Leyen ha dicho Diego donde antes dijo digo. No obstante, para salvar la cara ante la opinión pública ha esgrimido que las medidas adoptadas son extraordinarias y únicamente durarán hasta el 31 de marzo de 2023.

Me extrañaría mucho que así sucediera, pues durante el último año dicho sistema de precios ha demostrado claramente su ineficiencia e impulsado un gran aumento de la inflación. Así, dos alternativas aparecen: la generación de un nuevo método de cálculo o la continuidad del actual precio máximo. Un importe el último excesivamente elevado, pues sigue permitiendo a las compañías eléctricas obtener elevados beneficios extraordinarios.

La rectificación de la CE no oculta su error, siendo mayúsculo en el caso de España. El actual precio máximo es equivalente al sugerido por el Ministerio de Energía en marzo del actual año e idéntico al que existía en nuestro país para cualquier producción eléctrica hasta el 7 de julio de 2021. Una fecha en que la Comisión obligó al Gobierno a elevar el importe máximo de la electricidad en el mercado mayorista desde 180 a 3.000 euros/MWh.

Algunos de ustedes pueden pensar que nuestros políticos dejan mucho que desear. No obstante, si se les compara con algunos europeos, salen muy bien en la foto.