Los niños catalanes no pueden estudiar en español, a pesar de ser esta lengua oficial en toda España y mayoritaria en Cataluña. Así de simple, así de claro. Tampoco podrá hablarse español en las actividades extraescolares ni en espacio escolar alguno. Y así será por obra y gracia de los recientes decretos perpetrados por el Gobierno catalán contra la sentencia del TSJC –que establecía un 25% de enseñanza, cuando menos, en ambas lenguas oficiales―. Lisa y llanamente: si no quieres caldo, toma dos tazas.

Siempre que pienso en la aberrante cruzada emprendida por el nacionalismo catalán contra la lengua mayoritaria de los catalanes, me viene a la memoria lo que dijo el senador de la Entesa dels Catalans Josep Benet en su libro Combat per una Catalunya autònoma:

“[…] Pero hay aún un segundo crimen, que resulta peor por inhumano: se tortura a nuestros niños durante los primeros años de escuela aprendiendo en una lengua que no es la materna”.

En las postrimerías del franquismo, fuimos muchos los jóvenes “charnegos” que compartimos la opinión de Benet. Nos movía la sed de democracia, así que no dudamos ni un instante en arriesgar nuestro físico ante la policía del régimen para reclamar, codo con codo junto a otros jóvenes de ocho apellidos catalanes, libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y también derecho a la educación en catalán.

Han pasado muchos años desde entonces, pero, lamentablemente, nada ha cambiado respecto a la injusticia descrita por Benet. Se sigue vulnerando el derecho a la enseñanza en lengua materna, solo que ahora no son los hablantes de lengua catalana los damnificados, sino aquellos que hablamos español.

¿Qué demonios ha pasado para que lo que era un crimen a finales de los 70 sea ahora un “éxito de país”, como proclama ufano González Cambray, consejero de Educación de Cataluña? ¿Acaso los niños hispanohablantes carecen de sensibilidad? ¿No les afecta a ellos que su lengua materna sea expulsada de la enseñanza? ¿Miente González Cambray o mentía Benet? Porque no puede ser que privar de educación en lengua materna sea un crimen para unos y un éxito de país para otros, a menos que se piense que solo los niños catalanohablantes tienen sentimientos y derechos.

Sea como sea, aquellos jóvenes idealistas nos creímos a Benet. Pensábamos entonces y también ahora que arrebatarle a un niño su lengua materna en la escuela de su propio país es cuando menos una clara vulneración de derechos, algo insólito en cualquier Estado democrático.

¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos podido tolerar una política lingüística hasta tal punto liberticida y totalitaria? Los sucesivos Gobiernos de España tienen mucha responsabilidad al respecto. Siempre han ignorado a los catalanes hispanohablantes, siempre nos han sacrificado en aras de sus pactos con los políticos nacionalistas. La actitud de nuestros actuales gobernantes frente a los recientes decretos urdidos por González Cambray es buena prueba de ello: a pesar de sus claros visos de inconstitucionalidad, el Gobierno de España ha preferido mirar para otro lado y no impugnarlos –con lo que se hubiera activado automáticamente su suspensión cautelar―. No solo eso, la misma ministra de Educación, Pilar Alegría, ha comprado al completo el falaz discurso nacionalista y ha declarado sin sonrojo alguno que no pasa nada, porque al final todos los niños catalanes dominan perfectamente el español, como si, de ser así, que no lo es, no pudiera invertirse la situación y aplicar la inmersión lingüística obligatoria en español a los niños de Vic, por ejemplo.

La realidad es que el modelo lingüístico de la escuela en Cataluña supone una burla a los tribunales de justicia, un sarcasmo cruel contra las familias que tanto han sufrido hasta conseguir que la Justicia les diera la razón, un acoso sin precedentes a la libertad lingüística de profesores y alumnos, y un desprecio absoluto a los catalanes hispanohablantes, reducidos a ciudadanos de segunda.

Porque la enseñanza monolingüe en catalán no obedece a criterio pedagógico alguno, sino puramente a objetivos identitarios, de construcción nacional; porque ni cohesiona ni contribuye a la convivencia, sino todo lo contrario, pues divide a los ciudadanos en dos categorías: aquellos de rango superior, con derecho a educarse en su lengua materna, frente a aquellos otros privados de ese derecho, a pesar de ser su lengua, además de oficial, mayoritaria; porque a una sociedad bilingüe corresponde una escuela bilingüe; por todo ello, hay que participar el próximo domingo, 18 de septiembre, en la manifestación convocada por Escuela de Todos, en el Arco de Triunfo de Barcelona, a las 12.30. Es nuestro deber cívico.