El Partido Popular (PP) viene haciendo de las rebajas fiscales uno de sus grandes argumentos, especialmente desde la explosiva irrupción de Isabel Díaz Ayuso. Su política de reducción de impuestos en la comunidad de Madrid arrastra a los dirigentes populares a seguir su ejemplo; esos conceptos confusos de más libertad y menos impuestos han arraigado en el partido.

Una propuesta que irá adquiriendo aún mayor fuerza acercándonos a las elecciones generales: los tremendos efectos de la inflación se pueden contrarrestar por la vía de reducir impuestos. Y la acción de gobierno de Díaz Ayuso es un ejemplo.

Acerca de lo que acontece en Madrid, no podemos olvidar que el efecto capitalidad es de una enorme relevancia y no es reproducible en ninguna otra ciudad; que hay que situar en su dimensión real las reducciones tributarias; y que, según el relator de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y desigualdad, el deterioro social de la Comunidad es alarmante.

Pero lo más relevante es que, en las circunstancias que vivimos y las que nos esperan, la recaudación fiscal no puede disminuir, a no ser que aceptemos como natural el empobrecer los servicios públicos y el avanzar a paso de gigante hacia una sociedad irremisiblemente fracturada. Es más, necesitaremos más recursos públicos, lo que exigiría una reformulación en profundidad de un sistema fiscal que sobrecarga a los asalariados y pequeños empresarios.

Un debate que debe sustentarse en el modelo de sociedad al que aspiramos, que mayoritariamente consideramos como aquel que estimula el trabajo, reconoce el mérito y alcanza una notable cohesión social. Ante ello, de entrada, se nos presentan dos grandes cuestiones.

La primera es si premiamos las rentas del trabajo o bien nos decantamos por favorecer las del capital. En las últimas décadas, éstas van acaparando mayor porcentaje de la riqueza generada en detrimento del trabajo. Y, simultáneamente, por la vía de la eliminación de los impuestos de sucesiones, la riqueza se transmite de una a otra generación sin coste alguno.

La segunda es cómo frenar la indefendible elusión fiscal, o el no pagar impuestos dentro de la legalidad. Una práctica recurrente entre grandes digitales, corporaciones financieras y mayores patrimonios familiares. Una dinámica que favorece una competencia fiscal a la baja, que corroe los cimientos del Estado del bienestar y la justicia social. En un mundo tan abierto, la solución va más allá de lo que pueda legislar uno u otro Estado, lo que complica en mucho la solución. Pero el primer paso es denunciar la situación y crear un clima social y político favorable a la reforma.

Uno espera que de las filas liberales salgan voces críticas con estas derivas, que no hacen más que perjudicar al buen capitalismo, pero no es así. Por el contrario, van alimentando la ficción de que se pueden reducir los impuestos sin que ello conlleve consecuencia adversa alguna. Lo iremos viendo.