Solo era cuestión de tiempo: el modelo inmersivo obligatorio tenía los días contados. A muchos les parecía imposible porque a veces no es suficiente con tener razón, y en materia de derechos lingüísticos menos. Pero una vez que el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la sentencia del TSJC, empezó la cuenta atrás. Exactamente, fue en noviembre del año pasado.

La recurrida sentencia establecía con carácter obligatorio un mínimo del 25% en castellano en todos los centros educativos financiados con fondos públicos. Las autoridades educativas catalanas han ignorado desde entonces su ejecución, creyendo que podían convertir la sentencia en papel mojado. Sorteándola. Contaban para ello con la pasividad cómplice de la Abogacía del Estado.

Pero el constitucionalismo civil también existe, y aunque con pocos medios, contra viento y marea, ha logrado una victoria decisiva frente al nacionalismo lingüístico.

Digámoslo con todas las palabras: la AEB se convierte por derecho propio en la gran protagonista de la jornada, en el artífice del fin de la inmersión. Sin su existencia, sin su tenaz trabajo desde hace años, asesorando y ayudando a las familias que querían ejercer sus derechos lingüísticos, tampoco el TSJC hubiera emitido la trascendental sentencia de diciembre de 2020.

Desde esa fecha se han ido quemando todas las etapas y, finalmente, ante la inacción de la Generalitat, la justicia dio ayer dos semanas a la Consejería de Educación para que ejecute el 25% en castellano en todas las escuelas. Le obliga a dictar las resoluciones respectivas y a establecer las garantías de control para que dicho mandato sea efectivo, e impone también deberes a la Alta Inspección Educativa del ministerio. Recadito pues al Gobierno español.

Ayer fue un día histórico porque el recurso contra el auto del TSJC que anuncia el consejero, Josep Gonzàlez-Cambray, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. De ahí sus nervios y malhumor. Se acabó la inmersión. Punto final. A la Generailtat solo le queda la desobediencia.

El pacto para cambiar la ley de política lingüística del que tanto se habló semanas tras, pero que todavía no se ha materializado porque Junts se desmarcó al cabo de unas horas, escondía la voluntad de obedecer y desobedecer al mismo tiempo. Legalmente se introducía el castellano como lengua de aprendizaje, aunque la voluntad de ERC era mantener el modelo monolingüe, la escuela solo en catalán. Pero ni tan siquiera han sido capaces de llevar a cabo ese doble juego tan típico del nacionalismo, que podía ser interpretado del derecho y del revés en función de las circunstancias.

El Govern se ha quedado desnudo ante el TSJC, ahora obedece o desobedece (hagan sus apuestas), mientras los defensores de una escuela común, inclusiva y, por tanto, bilingüe (o trilingüe, pero con un mínimo en castellano), podemos afirmar que ayer fue un día histórico de verdad.